Caminos rurales en desuso: el peronismo busca abrir una nueva fuente de ingresos para los municipios

El peronismo bonaerense abrió una nueva discusión sobre cómo generar recursos para los municipios sin vender ni desafectar bienes públicos. La senadora de Fuerza Patria María Inés Laurini presentó un proyecto para que las comunas puedan relevar, registrar y administrar caminos rurales municipales que estén en desuso de hecho o tengan baja funcionalidad vial. La propuesta permitiría cobrar cánones por actividades compatibles, en momentos de caída de la recaudación y reclamos crecientes por el estado de la red.

La idea fue resumida como un posible “alquiler”, aunque el articulado no crea contratos de locación ni habilita privatizaciones. Establece permisos, concesiones o convenios temporarios y revocables para usos como el pastoreo, la instalación de colmenas, huertas comunitarias o producciones de bajo impacto. “La tierra termina siendo un bien estratégico que puede ser puesta a disposición de la producción si es que se organiza correctamente”, explicó Laurini.

Un canon sin perder el carácter público

El régimen sería de adhesión voluntaria. Cada Concejo Deliberante tendría que aprobar una ordenanza, realizar estudios técnicos, jurídicos, catastrales, ambientales e hídricos y crear un registro público con respaldo cartográfico y georreferenciado. Allí se clasificarían los tramos a recuperar, conservar como reserva territorial o habilitar para un uso especial.

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Los permisos podrían extenderse hasta cinco años y renovarse una sola vez por otro período igual. Serían precarios y podrían revocarse por razones de interés público. Tampoco generarían derechos reales, posesorios ni indemnizatorios para quienes los utilicen. El proyecto prohíbe construcciones permanentes, cerramientos y cualquier intervención que afecte cunetas, alcantarillas, escurrimientos, accesos o una eventual reapertura.

La iniciativa se limita a caminos municipales: no comprende rutas provinciales o nacionales ni sustituye las competencias de otros organismos. Los recursos deberían ingresar a una cuenta con afectación específica y destinarse prioritariamente a la red vial local, obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial, preservación ambiental o gestión hídrica. Aunque Laurini mencionó también las trazas ferroviarias ociosas dentro de una discusión más amplia, el texto presentado regula exclusivamente caminos municipales.

Banquinas y coparticipación

El proyecto se suma a otra propuesta de Fuerza Patria. El diputado bonaerense y exintendente de Daireaux Alejandro Acerbo pretende modificar el régimen de uso productivo de las franjas adyacentes a rutas provinciales y trasladar a los municipios la administración de los permisos.

Hoy, la Ley 10.342 distribuye lo recaudado en un 60% para Consejos Escolares, 20% para bomberos o entidades de bien público y 20% para la red vial. Acerbo propone que cada ordenanza defina el destino, con un mínimo de un tercio para caminos o banquinas, y elevar los permisos de uno a tres años.

En el Congreso, el diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba impulsa un esquema parecido para tierras linderas a rutas nacionales, aunque mantiene los permisos bajo control del Poder Ejecutivo y reserva todo lo obtenido para la infraestructura vial nacional. Ambas iniciativas utilizan espacios ociosos, pero difieren en quién administra y decide sobre los fondos.

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La discusión ocurre con comunas que dependen de la coparticipación para cubrir entre el 50% y el 70% de sus presupuestos. La Ley 10.559 les asigna el 16,14% de determinados recursos provinciales. La senadora radical Nerina Neumann propuso llevar esa participación gradualmente al 20%; Unión y Libertad planteó un 21% y una porción adicional para distritos con casinos. El diputado de la Coalición Cívica Andrés de Leo, en tanto, pidió publicar de manera anual y desagregada los datos utilizados para calcular el Coeficiente Único de Distribución.

En los primeros cuatro meses de 2026, los municipios recibieron $1.327.737 millones, mientras la Provincia administró ingresos superiores a $10,4 billones, según las cifras citadas en los proyectos. El intendente de La Plata, Julio Alak, reclamó un nuevo pacto fiscal, y el exjefe comunal de Avellaneda Jorge Ferraresi vinculó la autonomía local con una reforma económica que otorgue herramientas de desarrollo a provincias y municipios.

Laurini ya había llevado el planteo al plano federal junto al intendente de Azul, Nelson Sombra. En un proyecto anterior pidió que el Congreso estudie una distribución específica de los recursos que genera el agro para financiar caminos rurales. Citó un informe de FADA según el cual casi el 57% de los tributos del sector son no coparticipables, otro 33% queda en la órbita nacional dentro del régimen coparticipable, 9,3% llega a la Provincia y 1,1% a las comunas.

El campo reclama obras

La búsqueda de ingresos convive con un cuestionamiento directo del sector productivo. El presidente de Carbap, Pablo Ginestet, afirmó que Buenos Aires tiene unos 120.000 kilómetros de caminos rurales y que el 70% se encuentra en estado malo o regular; apenas un 5%, según la entidad, está en muy buenas condiciones. También aseguró que ocho de cada diez sociedades rurales registran algún problema vial.

Los reclamos alcanzan a Nueve de Julio, Carlos Casares, Henderson, Saladillo, 25 de Mayo, Bolívar, San Cayetano y Necochea, entre otros distritos. A eso se agregan antecedentes judiciales que, de acuerdo con los materiales consultados, cuestionaron tasas viales por falta de prestación efectiva en Daireaux, Azul y Carlos Casares. En el sudeste, el INTA contabilizó inicialmente 25.700 hectáreas inundadas entre zonas próximas a las rutas 228 y 72.

Carbap también reclamó limpieza de canales, continuidad de obras hidráulicas y que las tasas viales se apliquen al mantenimiento. Frente al pronóstico de lluvias abundantes y el inicio de otra campaña, Ginestet advirtió: “Lamentablemente, otra vez los productores tendrán que arreglarse como puedan”.