Coparticipación en caída y alarma en los municipios: “Está al límite la Provincia y estamos al límite nosotros”

Los municipios bonaerenses atraviesan uno de los momentos financieros más delicados desde la pandemia. Un informe de la consultora PPA confirmó que las transferencias automáticas enviadas por la Provincia durante el primer trimestre de 2026 tuvieron el peor registro desde 2020, con una caída interanual real del 3,8% y un fuerte deterioro de la coparticipación bruta.

Según el relevamiento elaborado sobre datos del Ministerio de Economía bonaerense y el INDEC, entre enero y marzo la administración de Axel Kicillof transfirió $1,33 billones a los 135 distritos. Sin embargo, la inflación terminó licuando los recursos: mientras las transferencias crecieron 21,7% nominal, la inflación acumulada alcanzó el 32,6%.

Sólo en marzo, los municipios recibieron $410.302 millones. El 74% correspondió a coparticipación de impuestos, el 13,9% al Fondo de Financiamiento Educativo y el 4,7% al Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales. El dato más sensible fue la caída real del 18,6% en la coparticipación bruta, equivalente a una merma de $69.389 millones.

Desde el gobierno bonaerense vincularon directamente ese deterioro con la política económica nacional. “La situación tiene que ver fundamentalmente con la caída de los recursos de origen nacional”, sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien además cuestionó la interrupción de transferencias y convenios por parte de la administración de Javier Milei.

Reclamos cruzados y municipios asfixiados

El escenario tiene un fuerte impacto en las cuentas locales. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, varios intendentes advirtieron sobre la pérdida de recursos y el freno de la actividad económica.

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El jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró que la prioridad de su gestión pasa por “encontrar un equilibrio fiscal” frente a la caída de la recaudación y de los fondos coparticipables. “Está al límite la Provincia y estamos al límite nosotros, porque acá el factor más importante de todo esto es la caída de la actividad económica”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra las decisiones tributarias del gobierno nacional. “Está todo muy bien direccionado para perjudicar a las provincias, y sobre todo se han ensañado con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo. Además, cuestionó el esquema federal vigente: “Los bonaerenses no podemos seguir financiando rutas en otras provincias, puentes, estadios de fútbol, circuitos de autos, autopistas”.

También el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, expresó su preocupación por el manejo de los recursos nacionales. “Estamos en una situación muy complicada, y yo me pregunto: ¿qué hace el Gobierno nacional con el dinero que recauda? ¿En qué lo distribuye? ¿A quién se lo da?”, planteó.

Desde San Pedro, Cecilio Salazar cuestionó la paralización de la obra pública y la retención de fondos nacionales. “El gobierno nacional sigue cobrando los impuestos y no devuelve ninguno, se queda con todo”, afirmó. Y agregó: “El país va a sufrir porque parar prácticamente toda la obra pública significa retroceder en el tiempo con la infraestructura”.

Intendentes de todos los espacios piden fondos sin restricciones

En paralelo al deterioro de la coparticipación, crece la presión de los intendentes para obtener mayor margen de maniobra financiera. Jefes comunales peronistas, radicales y vecinalistas reclamaron que los recursos contemplados en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal sean de libre disponibilidad.

La solicitud fue elevada al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y reunió a referentes del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) y el Foro de Intendentes Radicales.

El fondo fue creado dentro de la ley de endeudamiento por USD 3.685 millones impulsada por Kicillof a fines de 2025. La normativa establece que el 70% de los recursos se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% restante quedará afectado a programas provinciales de infraestructura, transporte y cultura.

Los intendentes buscan que esos fondos puedan utilizarse también para cubrir gastos corrientes, salarios y funcionamiento municipal, en un contexto donde la caída del consumo ya impacta de lleno en la recaudación.

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, describió ese escenario en términos directos. “La gente está restringiendo sus patrones de consumo, estamos en el piso de consumo de carne, de leche. No estamos pasando por un buen momento”, sostuvo. Y remató: “Los municipios somos el primer escritorio del Estado: podemos tomar un contacto directo con lo que le está pasando a la gente y eso pareciera ser muy lejano al gobierno nacional”.