Fletes de granos: el campo rechaza la suba del 16% y la Provincia defiende el laudo
Pamela Orellana


El gobierno de Axel Kicillof enfrenta un nuevo conflicto con las entidades agropecuarias bonaerenses tras disponer un aumento del 16% en las tarifas de referencia para el transporte de granos. La decisión, adoptada por el Ministerio de Transporte provincial luego de una negociación sin acuerdo, provocó el rechazo de organizaciones rurales que cuestionan tanto el porcentaje establecido como el procedimiento utilizado para resolver las diferencias.
La controversia enfrenta a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y el Centro de Acopiadores de Cereales con la cartera que conduce Martín Marinucci. Mientras las entidades denuncian una intervención arbitraria que debilita la negociación institucional, la Provincia defiende su facultad de intervenir y asegura que el incremento responde a estudios de costos y busca preservar la actividad productiva y portuaria.
Una negociación sin acuerdo que terminó con un aumento del 16%
El conflicto se originó durante la reunión de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro, realizada el jueves 12 de noviembre, con representantes de las cámaras transportistas, productores, acopiadores y autoridades provinciales. El encuentro tenía como objetivo actualizar los valores orientativos del traslado de granos, vigentes entre abril y octubre, pero las diferencias entre las partes impidieron alcanzar un acuerdo.
Las entidades que representan a los dadores de carga presentaron inicialmente una propuesta de aumento del 8,3%, calculada sobre la evolución de los costos durante ese período. Con el propósito de acercar posiciones, posteriormente elevaron su oferta hasta el 11,5%, mientras que las organizaciones de transportistas estaban dispuestas a aceptar una recomposición del 15%.
Sin embargo, ante la falta de consenso, el Ministerio de Transporte estableció mediante un laudo una actualización del 16%, un punto porcentual por encima de la última propuesta del sector transportista. La decisión desató el malestar de las entidades rurales, que dejaron asentado su rechazo en el acta de la reunión y cuestionaron que el Estado fijara un valor superior al que las partes estaban negociando.
El campo cuestiona la intervención y advierte sobre la mesa de diálogo
En un comunicado conjunto, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores calificaron la medida como arbitraria y advirtieron que constituye un antecedente negativo para el funcionamiento de la comisión. Su principal cuestionamiento no se limita al aumento, sino que apunta a la posibilidad de que la intervención estatal termine reemplazando los acuerdos entre los sectores.

Las organizaciones sostienen que el Ministerio justificó su decisión en la necesidad de evitar un nuevo conflicto con los transportistas. Sin embargo, consideran que establecer un porcentaje mayor al solicitado para prevenir eventuales medidas de fuerza termina convalidando los mecanismos de presión. Para las entidades, la decisión debilita la confianza en una mesa que históricamente buscó resolver las diferencias mediante el consenso.
El rechazo también abrió interrogantes sobre la continuidad de la participación rural en ese ámbito. CARBAP advirtió que intervenciones de estas características pueden provocar una ruptura de la mesa de negociación. La entidad considera que el Estado debe actuar como garante de los acuerdos institucionales y no sustituir las conversaciones entre quienes contratan y prestan el servicio.
Marinucci defiende la decisión y apunta a los costos del transporte
Frente a las críticas, el Ministerio de Transporte bonaerense rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el laudo fue adoptado dentro de las atribuciones que establece la legislación provincial. La cartera afirmó que todos los sectores tuvieron oportunidad de presentar sus estudios y posiciones durante la negociación, y que la decisión fue tomada después de agotarse las posibilidades de alcanzar un consenso.

El Ejecutivo señaló que el incremento del 16% fue inferior a los valores que surgían de los estudios técnicos presentados por las entidades transportistas. También explicó que utilizó un análisis propio de costos, previsto para situaciones en las que no se alcanza un acuerdo, y tomó como antecedente la actualización del 14% que había reunido un consenso mayoritario durante abril.
Desde la Provincia insistieron en que su responsabilidad es aportar previsibilidad y evitar que los desacuerdos sectoriales afecten el movimiento de la producción y la actividad de los puertos. En esa línea, rechazaron que la intervención haya vulnerado el funcionamiento institucional de la comisión y sostuvieron que procuró preservar un ámbito de discusión con participación de todos los actores.
El antecedente de abril y los bloqueos en Puerto Quequén
La controversia actual tiene un antecedente directo en abril de 2026, cuando las diferencias por las tarifas derivaron en protestas de transportistas y bloqueos en rutas y accesos portuarios. Uno de los principales focos se registró en Puerto Quequén, donde las medidas de fuerza afectaron la operatoria cerealera y obligaron a buscar una salida negociada.
En aquella oportunidad, una reunión en La Plata había permitido alcanzar un acuerdo sobre una actualización del 14%, pero posteriormente, durante conversaciones realizadas en Necochea, la Provincia avaló un incremento del 16% que no fue acompañado por las organizaciones dadoras de carga.
Las entidades rurales consideran que ese episodio marcó el comienzo de un deterioro en el funcionamiento de la mesa tarifaria. El Ministerio, en cambio, sostiene que su intervención respondió a la necesidad de resolver un conflicto que llevaba más de veinte días y que permitió normalizar la actividad portuaria. Las diferencias sobre el procedimiento utilizado en abril reaparecieron ahora con el nuevo laudo del 16%.
Otro aumento del 16% en la tarifa nacional de referencia
En paralelo a la controversia bonaerense, la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) anunció una actualización del 16% en su tarifa nacional de referencia para el transporte automotor de granos, derivados y productos afines.
La organización explicó que el incremento refleja la evolución de los costos operativos hasta octubre, particularmente en combustibles, neumáticos, mantenimiento de las unidades y remuneraciones de los trabajadores. El cálculo se realizó mediante una metodología que, según FETRA, cuenta con respaldo de la Universidad Nacional de Rosario.
El nuevo cuadro nacional establece, por ejemplo, una referencia de $85.065,43 por tonelada para un recorrido de 400 kilómetros, mientras que para trayectos de 100 kilómetros el valor se ubica en $32.783,31. Se trata de una actualización independiente del laudo bonaerense, aunque ambas coinciden en el porcentaje anunciado.
Qué cambia para los productores y cómo sigue el conflicto
Tanto el Ministerio como las entidades rurales remarcan que las tarifas de referencia son orientativas y no constituyen precios obligatorios. Los valores efectivos de cada viaje continúan sujetos a la negociación comercial entre transportistas y dadores de carga, según la distancia, las condiciones del servicio y los acuerdos particulares.
Para los productores y acopiadores, las referencias forman parte de los parámetros utilizados para calcular los costos de comercialización de soja, trigo, maíz y otros granos. Por eso, las organizaciones recomendaron consultar los precios de los fletes locales antes de contratar viajes, sin considerar que el aumento anunciado debe trasladarse automáticamente a todas las operaciones.
La controversia permanece abierta tanto por la actualización tarifaria como por el funcionamiento de la mesa de negociación. Mientras el Gobierno provincial sostiene que su intervención fue necesaria para evitar nuevos conflictos y resguardar la logística agroexportadora, las entidades rurales reclaman que las próximas discusiones recuperen el consenso como mecanismo central para fijar los valores de referencia.

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