El Senado bonaerense reordenó la comisión más sensible
Juan Manuel Villarreal
El Senado bonaerense volvió a quedar atravesado por una jugada de alto voltaje político. En la constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, considerada una de las más importantes de la Cámara alta provincial, el oficialismo logró quedarse con las principales autoridades del cuerpo y dejó a La Libertad Avanza sin la vicepresidencia, pese a que el orden fijado en el decreto complementario ubicaba a una legisladora libertaria en ese lugar.
La maniobra se concretó tras intensas negociaciones internas y con sectores aliados. El senador Emmanuel González Santalla, de Fuerza Patria, continuará al frente de la comisión, mientras que la vicepresidencia quedó en manos de Sergio Vargas, titular del bloque Unión y Libertad. La secretaría general será ocupada por Adrián Santarelli, también del oficialismo.
La decisión generó malestar en la oposición libertaria, que esperaba retener un lugar central en la conducción de un órgano clave para el tratamiento de acuerdos, pliegos judiciales y temas institucionales sensibles.
Una comisión clave en el tablero bonaerense
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, conocida como ACA, tiene un peso político singular dentro del Senado. No se trata de una comisión más: por allí pasan dictámenes vinculados a designaciones judiciales, acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo y proyectos con impacto institucional.
Entre sus competencias se encuentra el análisis de pliegos para la designación de jueces, fiscales, defensores oficiales y miembros de la Suprema Corte bonaerense. También interviene en expedientes relacionados con principios constitucionales, conflictos de poderes, régimen electoral, organización de la Justicia, división territorial y creación de nuevos centros urbanos.
Por eso, la pelea por su conducción excede el reparto formal de cargos. En la práctica, tener el control de ACA implica manejar una ventanilla determinante para la agenda judicial e institucional de la provincia de Buenos Aires.
El decreto de Magario y la pulseada por las autoridades
La vicegobernadora Verónica Magario había firmado inicialmente el Decreto 459/26, mediante el cual se avanzó con la integración de 25 de las 26 comisiones permanentes del Senado para el período legislativo en curso.
Luego, este miércoles se conoció el Decreto Complementario 677/26, que incorporó la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral e introdujo cambios en otras comisiones permanentes, entre ellas ACA.
En el caso de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el decreto complementario modificó tres integrantes y estableció un nuevo orden interno. En la práctica legislativa del Senado, ese orden suele leerse como una señal política sobre la distribución de autoridades: el primer lugar para la presidencia, el segundo para la vicepresidencia y el tercero para la secretaría.
Sin embargo, la definición formal se realiza en la reunión constitutiva de cada comisión, donde los legisladores designados votan a sus autoridades. Y allí el oficialismo hizo pesar la mayoría.
Cómo quedó conformada ACA
Con la nueva integración, la comisión quedó bajo la presidencia de Emmanuel González Santalla. La vicepresidencia, que según el orden del decreto aparecía asociada a la senadora libertaria María Luz Bambaci, terminó finalmente en manos de Sergio Vargas.
La secretaría general quedó para Adrián Santarelli, lo que consolidó el control oficialista sobre las principales sillas del cuerpo.
El decreto complementario también dejó afuera de la comisión a Jorge Schiavone, del PRO; Nerina Neumann, de la UCR; y Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza. En paralelo, se produjo un reemplazo dentro del PRO con el ingreso de Juan Rico Zini, mientras que el esquema sumó a los libertarios Gonzalo Cabezas y Carlos Curestis. La UCR, en cambio, quedó sin representantes en ACA.
La mayoría que inclinó la balanza
El oficialismo cuenta con ocho integrantes sobre un total de quince en la comisión. Además de González Santalla y Santarelli, integran ese grupo Fernando Coronel, Sergio Berni, Mario Ishii, Amira Curi, Pedro Borgini y Malena Galmarini.
A ese armado podría sumarse políticamente Sergio Vargas, cuya designación como vicepresidente se produjo con votos del oficialismo, en medio del reclamo libertario. Ese movimiento dejó expuesta una nueva línea de tensión dentro de la oposición y abrió interrogantes sobre los alineamientos futuros dentro del Senado.
Del otro lado quedaron los legisladores opositores que no habrían firmado el acta de constitución de autoridades: María Luz Bambaci, Gonzalo Cabezas y Carlos Curestis, de La Libertad Avanza; Guillermo Montenegro y Juan Rico Zini, del PRO; y María Emilia Subiza, del espacio Hechos.
El trasfondo de la interna oficialista
La constitución de las comisiones permanentes del Senado bonaerense venía demorada por la interna de la alianza que gobierna la provincia y por la negociación con los bloques opositores. La distribución de cargos expuso una vez más las tensiones dentro del oficialismo, donde distintos sectores buscaban quedarse con áreas estratégicas del funcionamiento legislativo.
ACA era, desde el comienzo, una de las piezas más codiciadas. Su conducción no solo implica control parlamentario, sino también capacidad de incidencia sobre expedientes que pueden definir el futuro de la Justicia bonaerense.
En ese marco, la continuidad de González Santalla al frente de la comisión aparece como una señal de fortaleza de Fuerza Patria en el reparto interno del Senado.
La pelea por los pliegos judiciales
La disputa bonaerense también se da en un contexto nacional marcado por la tensión alrededor de los pliegos judiciales. En el Senado de la Nación, el Gobierno pidió retirar la postulación de María Verónica Michelli, candidata a ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata.
Según publicó La Nación, la decisión habría estado vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. La postulación de Michelli ya había conseguido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para avanzar hacia el recinto, pero el despacho no fue presentado por el presidente de ese cuerpo, el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
La nota formal para retirar la candidatura fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En paralelo, la Casa Rosada permitió que siguieran su curso otros pliegos judiciales, como los de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, magistrados que habían sido observados por sus vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
El episodio nacional refuerza el peso político que tienen las comisiones de acuerdos en los cuerpos legislativos. En la provincia, esa centralidad explica por qué ACA volvió a convertirse en el escenario de una pulseada feroz entre oficialismo, aliados y oposición.

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