La emergencia laboral llega a la Legislatura: la ofensiva opositora que busca instalar el costo social del ajuste

La discusión sobre el empleo volvió a instalarse en el centro de la agenda bonaerense. En un escenario atravesado por cierres de empresas, despidos, caída de la actividad industrial y un deterioro creciente de los indicadores sociales, la diputada provincial del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto para declarar la emergencia laboral por dos años en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa llega en un momento en el que distintos informes oficiales y privados muestran que Buenos Aires concentra buena parte del impacto que tuvo el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. El avance del proyecto también incorpora un nuevo capítulo al debate político sobre las consecuencias del rumbo económico nacional en el principal distrito productivo del país.

El proyecto impulsado por Schlotthauer propone que la Legislatura declare la emergencia laboral por un plazo de dos años y exprese su preocupación frente al deterioro del empleo registrado, el cierre de establecimientos productivos y el incremento de los conflictos laborales en territorio bonaerense.

La legisladora sostuvo que desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron alrededor de 25.000 empresas en todo el país y que más de 61.000 trabajadores del sector público perdieron sus puestos de trabajo. Según argumentó, ese escenario se combina con una inflación anual del 31,5%, una pobreza del 31,6%, una indigencia del 6,9% y una pobreza infantil del 45,4%, indicadores que —afirmó— profundizan la vulnerabilidad social.

En el caso específico de Buenos Aires, Schlotthauer señaló que la desocupación alcanzó el 7,7%, una de las tasas más elevadas del país. Además, aseguró que durante los últimos dos años cerraron 5.832 empresas en territorio bonaerense y se perdieron alrededor de 79.090 puestos de trabajo registrados, con efectos que también alcanzan al empleo informal.

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Los informes que refuerzan el diagnóstico

La iniciativa legislativa aparece respaldada por un contexto económico que distintos estudios vienen describiendo desde hace meses.

Un reciente informe del Observatorio Económico Bonaerense del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la provincia perdió 85.299 empleos registrados, equivalente al 25% de todos los puestos formales destruidos en el país durante ese período.

El trabajo también muestra que el deterioro laboral no se limita a la pérdida de empleo. En el Gran Buenos Aires la desocupación alcanzó el 9,7% durante el primer trimestre de 2026, mientras que entre los jóvenes ronda el 15%, casi el doble del promedio regional.

Al mismo tiempo, el estudio señala que los trabajadores registrados del sector privado del conurbano todavía no recuperaron el poder adquisitivo previo a diciembre de 2023. Bajo la nueva estructura de consumo relevada por el INDEC, CEPA estimó una pérdida del 11,41% del salario real, impulsada por el fuerte incremento de tarifas, transporte y servicios.

El mercado laboral también refleja el retroceso de la actividad productiva. Datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, muestran que el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera bonaerense (ISIM-PBA) cayó 6,9% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2023.

Las mayores bajas se registraron en metales comunes (-36,5%), minerales no metálicos (-25,2%), caucho y plástico (-24,5%), papel y cartón (-20,8%) y vehículos automotores (-18,5%).

El diagnóstico coincide con el elaborado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que advirtió que la actividad industrial continúa por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno nacional. La entidad también informó que durante febrero el empleo privado bonaerense perdió 2.278 puestos, mientras que el sector industrial acumula 25.598 empleos menos respecto de 2023.

A ese escenario se suma otro dato que preocupa al Ejecutivo provincial: el consumo de energía utilizado por la industria. Durante el primer trimestre del año la demanda eléctrica industrial cayó cerca del 10%, mientras que el gas destinado a usuarios fabriles retrocedió 33,1%, un indicador que suele acompañar la disminución de la producción.

Cierres de empresas, conflictos y mayor presión social

En los fundamentos del proyecto, Schlotthauer también enumera conflictos laborales registrados en empresas como Tres Arroyos, Lustramax, Dr. Ahorro, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso y la línea 148, entre otros establecimientos afectados por despidos, suspensiones o atrasos salariales.

La diputada sostiene además que la reciente reforma laboral nacional podría profundizar ese escenario al incorporar mecanismos que facilitan los procesos de desvinculación laboral, entre ellos nuevas modalidades para el pago de indemnizaciones.

El planteo encuentra eco en otros indicadores económicos que muestran una creciente fragilidad de los hogares bonaerenses. En las últimas semanas, Banco Provincia decidió ampliar su programa de refinanciación de deudas luego de que la mora creciera por encima del promedio nacional.

Según un informe de CEPA basado en datos del Banco Central, el 17,8% de los créditos otorgados a familias bonaerenses presentaba irregularidades en mayo, mientras que al incorporar préstamos de fintech y billeteras virtuales el porcentaje de deudores con incumplimientos ascendía al 28,5%.

Aunque el proyecto fue presentado por el bloque del Frente de Izquierda, la iniciativa instala un debate que trasciende esa bancada. El deterioro del empleo, la pérdida de empresas y la caída de la producción forman parte de los principales cuestionamientos que el gobernador Axel Kicillof y su gabinete vienen realizando contra la política económica del Gobierno nacional.

En ese contexto, la propuesta de declarar la emergencia laboral suma un nuevo eje de discusión dentro de la Legislatura bonaerense. Más allá de las posibilidades de avanzar parlamentariamente, el expediente pone sobre la mesa una discusión que combina indicadores económicos, conflictos sindicales y el impacto que la recesión tiene sobre el principal entramado industrial del país.