
Transparencia cero: el aplazo que deja contra las cuerdas a José Nobre Ferreira en Guaminí
Mariana Portilla


La administración encabezada por José Augusto Nobre Ferreira recibió uno de los diagnósticos más críticos en materia de acceso a la información pública. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a Guaminí entre los municipios bonaerenses con "nula exposición de datos", otorgándole 0 puntos en el índice de transparencia fiscal correspondiente al primer trimestre de 2026.
El relevamiento de ASAP analizó el nivel de publicación de información presupuestaria y financiera de los 135 municipios bonaerenses. El resultado para Guaminí fue contundente: el distrito integra el grupo de comunas que no ponen a disposición de los vecinos información suficiente sobre la administración de los recursos públicos o mantienen los datos completamente desactualizados.
La evaluación tomó como referencia la información disponible en los sitios web oficiales de cada municipio durante el primer trimestre del ejercicio 2026. Entre los principales aspectos analizados figuran la publicación del Presupuesto 2026, los informes de Situación Económico Financiera, la ejecución presupuestaria y los datos vinculados al endeudamiento público.
Según explicó la entidad, el acceso sencillo a esa documentación constituye una herramienta indispensable para garantizar el control ciudadano sobre el uso de los fondos públicos y fortalecer la rendición de cuentas de los gobiernos locales.

La gestión de Nobre Ferreira quedó entre las de menor transparencia
El informe representa un fuerte cuestionamiento para la administración del intendente José Augusto Nobre Ferreira, quien conduce el municipio desde el 3 de septiembre de 2018, cuando asumió tras la renuncia de Néstor Álvarez.
El estudio ubica a Guaminí dentro del grupo de 22 municipios que obtuvieron cero puntos, una calificación reservada para aquellas comunas que directamente no publican información fiscal en sus portales oficiales o exhiben datos completamente desactualizados, impidiendo que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos municipales.
En ese listado también aparecen Campana, General Paz, General Viamonte, Hurlingham, Leandro N. Alem, Lezama, Punta Indio y Villa Gesell, entre otros.
El trabajo de ASAP muestra que 71 de los 135 municipios bonaerenses, equivalentes al 52,6%, presentan distintos niveles de incumplimiento respecto de los estándares de transparencia fiscal.
Dentro de ese universo, 18 municipios alcanzan un nivel de cumplimiento medio, 26 registran un desempeño bajo o regular y 22 fueron clasificados con cumplimiento nulo, la categoría más baja de toda la medición y en la que quedó incluido Guaminí.
Aunque el informe reconoce que existe una mejora respecto de años anteriores —en 2019 apenas dos municipios cumplían completamente con la metodología de evaluación y actualmente el promedio provincial alcanza el 65% del puntaje posible—, la entidad advierte que todavía persiste un importante déficit en la difusión de información pública.

La deuda pendiente con la rendición de cuentas
En sus conclusiones, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sostiene que aún es necesario "un intenso esfuerzo" por parte de numerosos municipios para cumplir plenamente con las obligaciones previstas en la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal N.º 13.295.
La normativa establece criterios para la publicación periódica de presupuestos, ejecuciones y estados financieros, con el objetivo de garantizar transparencia, facilitar el control ciudadano y fortalecer la calidad institucional.
En ese contexto, el resultado obtenido por Guaminí adquiere especial relevancia porque no refleja simplemente un bajo desempeño relativo, sino la ausencia de información considerada básica para que los vecinos puedan conocer cómo se administran los recursos públicos.
La obtención de cero puntos coloca a la gestión de José Augusto Nobre Ferreira entre las más cuestionadas de la provincia en materia de transparencia fiscal y vuelve a instalar interrogantes sobre el nivel de acceso que tienen los ciudadanos a las cuentas municipales.


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