Zona Fría, distrito por distrito: crecen las demandas contra el nuevo esquema y se amplía el frente judicial

La judicialización por los cambios en el régimen de Zona Fría continúa extendiéndose por la provincia de Buenos Aires. A las presentaciones que ya habían realizado Bahía Blanca y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon se sumó ahora Tres Arroyos, cuyo municipio inició una acción contra el Gobierno nacional para cuestionar las modificaciones introducidas por la Ley 27.828 y defender la continuidad de los beneficios para hogares, clubes y organizaciones de bien público.

El nuevo expediente incorpora otro eje a una discusión que hasta ahora había estado concentrada principalmente en el impacto sobre las facturas residenciales.

La comuna gobernada por Pablo Garate sostiene que el esquema vigente reduce el alcance de la ayuda para las familias que todavía pueden acceder a ella y deja afuera a distintas instituciones que utilizaban el tratamiento diferencial para afrontar el costo de calefacción de sus instalaciones.

Clubes deportivos, asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias aparecen así dentro de un conflicto que ya tiene varios expedientes abiertos ante la Justicia Federal bonaerense.

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Tres Arroyos llevó el reclamo a los tribunales

El Municipio de Tres Arroyos planteó que las condiciones climáticas que justificaron su incorporación al régimen ampliado en 2021 permanecen vigentes. Su argumento parte de que la necesidad de un mayor consumo de gas para calefaccionar viviendas e instituciones responde a factores meteorológicos y territoriales y no solamente a la capacidad económica de cada usuario.

La presentación cuestiona dos puntos centrales. El primero es el cambio para los usuarios residenciales. El régimen anterior contemplaba bonificaciones del 30% y del 50%, de acuerdo con la situación de cada beneficiario. Con la nueva ley, para las zonas que dejaron el esquema territorial automático, la asistencia queda vinculada al régimen de subsidios focalizados y se aplica sobre los consumos base de quienes cumplan determinados requisitos.

El segundo punto alcanza directamente a las entidades comunitarias. Según informó el municipio, la modificación deja sin aquel beneficio a clubes, asociaciones civiles y organizaciones de bien público, por lo que la demanda busca también preservar el tratamiento que recibían esas instituciones.

La acción solicita que la Justicia revise los cambios dispuestos por Nación y cuestiona su impacto sobre derechos que el distrito considera consolidados desde la ampliación aprobada cinco años atrás.

La situación de las instituciones aparece como uno de los puntos más sensibles del nuevo reclamo. Los clubes y organizaciones sociales utilizan gas para gimnasios, vestuarios, salones, sedes comunitarias y actividades que funcionan durante los meses de bajas temperaturas.

La pérdida del tratamiento diferencial implica que una parte mayor de sus presupuestos deberá destinarse al servicio energético, según advierten los planteos difundidos tras la presentación tresarroyense.

Muchas de esas entidades sostienen su funcionamiento a través de cuotas sociales y recursos propios. El cuestionamiento de Tres Arroyos apunta precisamente a que el impacto de las modificaciones no queda restringido al universo residencial, sino que alcanza también a espacios deportivos y comunitarios que habían quedado incluidos dentro del diseño anterior.

La nueva Ley 27.828 establece la bonificación adicional para usuarios residenciales que estén registrados en el régimen focalizado, se ubiquen en determinadas subzonas bioambientales y cumplan además requisitos socioeconómicos específicos.

Entre ellos aparecen hogares con ingresos netos conjuntos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, familias con integrantes inscriptos en ReNaBaP, veteranos de Malvinas con pensión vitalicia y situaciones vinculadas con Certificado Único de Discapacidad.

Ayer se aprobó en el @SenadoArgentina la eliminación de la Zona Fría en gran parte del país, incluyendo a nuestra región y a #TresArroyos. Un derecho para quienes vivimos y trabajamos en estas condiciones climáticas. Mientras el Gobierno Nacional busca que sus números cierren, otra vez la cuenta la paga la gente. Esta decisión, y quienes la acompañaron “calentitos” en sus bancas, golpea al interior bonaerense: a miles de familias, trabajadores, jubilados, comerciantes y a nuestra industria. El frío no cambió. Nuestra realidad tampoco. Vamos a seguir defendiendo a nuestros vecinos frente a cada decisión que perjudique su calidad de vida.

— Pablo Garate (@pablogarate) September 25, 2026

El mapa judicial comenzó en Bahía Blanca

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el primer gran movimiento bonaerense después de la promulgación llegó desde Bahía Blanca, donde Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella.

La acción quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2, a cargo de María Gabriela Marrón, y busca sostener las condiciones anteriores para hogares e instituciones bahienses. “Bahía Blanca es Zona Fría”, sostuvo Susbielles al anunciar el expediente.

El municipio pidió conservar los descuentos y suspender mientras se tramita la causa los cobros y eventuales cortes vinculados con la aplicación de la nueva normativa.

La presentación también incorpora estudios climáticos. Bahía Blanca comparó sus condiciones invernales con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, localidades comprendidas dentro del tratamiento territorial histórico, y acompañó informes elaborados con datos regulatorios y trabajos de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo.

El argumento vuelve a colocar el factor climático en el centro del expediente. La acción bahiense fue presentada en representación del 100% de los hogares e instituciones y contó además con más de 40.000 adhesiones reunidas previamente en la ciudad.

El expediente presentado por Susbielles incorporó además estimaciones sobre cuánto podría modificarse una factura. Sobre una muestra de 44 boletas, el municipio calculó que el costo consolidado pasaría de $4,67 millones a $6,61 millones si se retira el beneficio de Zona Fría manteniendo sin cambios el resto de las variables.

La diferencia estimada fue de 41,5%. Uno de los ejemplos particulares incorporados al expediente muestra una factura residencial que pasaría de $30.831 a $51.602. Los montos fueron presentados como parte de los fundamentos del amparo bahiense.

Casi simultáneamente, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon acudió a la Justicia Federal de Mar del Plata. El organismo presentó una acción colectiva contra el Estado nacional —a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía—, el organismo regulador y Camuzzi Gas Pampeana.

El expediente representa a más de 262.000 hogares. La Defensoría pidió una cautelar urgente para mantener las condiciones tarifarias previas y frenar la aplicación de los filtros correspondientes al nuevo sistema focalizado mientras se discute la cuestión de fondo.

También cuestionó la posibilidad de nuevos cuadros tarifarios sin audiencia pública previa y planteó la inconstitucionalidad de aspectos de la Ley 27.828.

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Qué cambió con la Ley 27.828

La Ley 27.828 fue sancionada por el Congreso el 24 de septiembre, promulgada mediante el Decreto 1161/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre.

Desde ese día se encuentra vigente. La normativa mantiene el tratamiento territorial para la Región Patagónica, Malargüe y la Puna. Para el resto de las regiones incorporadas mediante la ampliación de 2021, vivir dentro de una zona determinada deja de ser suficiente por sí solo para obtener el descuento.

En Buenos Aires, Patagones permanece comprendido dentro del régimen histórico por su pertenencia a la Patagonia. En cambio, otros 94 municipios bonaerenses incorporados en 2021 dejaron de tener garantizada la bonificación exclusivamente por su ubicación.

El cambio alcanza a aproximadamente 1,24 millones de hogares de la Provincia. Entre los distritos aparecen Bahía Blanca, General Pueyrredon, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, Coronel Suárez, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, San Nicolás y Chacabuco, entre otros.

La principal modificación está en el mecanismo de acceso. La normativa establece una bonificación adicional por Zona Fría dentro del Régimen de Subsidios Focalizados para usuarios residenciales ubicados en determinadas subzonas bioambientales.

Pero suma condiciones económicas y sociales. Los ingresos del hogar, la inscripción en ReNaBaP, las pensiones a veteranos de Malvinas y determinadas situaciones de discapacidad pasan a integrar los criterios establecidos por la ley.

Ese cambio es uno de los ejes cuestionados en los expedientes bonaerenses. Los municipios sostienen que la necesidad de calefacción originada en las bajas temperaturas permanece aunque cambie la situación patrimonial o económica del usuario.

El argumento del Gobierno nacional

Durante el debate parlamentario, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió una focalización mayor de la asistencia. “La Ley de Zona Fría subsidia a todos los consumidores”, sostuvo ante el Senado.

La funcionaria planteó que los recursos deben concentrarse en hogares con dificultades para afrontar el costo energético y cuestionó que un sistema basado únicamente en la geografía beneficie también a usuarios con mayor capacidad económica.

Tettamanti también comparó consumos. Según los números que presentó, el promedio residencial en la Patagonia alcanza aproximadamente 4.500 metros cúbicos anuales, mientras que en las regiones incorporadas en 2021 ronda los 990 metros cúbicos. La reforma terminó aprobada en el Senado por 38 votos afirmativos y 8 negativos, con 26 ausencias.