Aumento de luz en Provincia: cómo anotarse a la audiencia, cuáles son los plazos y qué se discutirá

La discusión por las tarifas eléctricas bonaerenses tendrá una nueva instancia de participación ciudadana. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos convocó a una audiencia pública para el miércoles 16 de diciembre, en la que se analizarán las propuestas para el próximo período de cinco años y la continuidad del esquema de transición tarifaria. La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 827/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis. 

Para los usuarios que quieran participar, el primer dato es el calendario: la inscripción comenzará el 18 de noviembre a las 00 y finalizará el 10 de diciembre a las 23.59. Podrán registrarse como expositores u oyentes y consultar la documentación del expediente durante ese período.

La convocatoria se produce después de que la administración de Axel Kicillof consiguiera volver a aplicar las actualizaciones que habían sido suspendidas judicialmente. Esa decisión provocó cuestionamientos de Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, referentes de La Cámpora, mientras el Ejecutivo defendió su actuación y los argumentos presentados por la Fiscalía de Estado. 

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Cómo anotarse y qué opciones de participación habrá

La inscripción deberá realizarse a través de la sección Audiencias Públicas de Ministerio Abierto, el portal oficial indicado en la convocatoria. El registro todavía no está abierto: se habilitará el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la posibilidad de tomar vista de los antecedentes del procedimiento.

Las personas interesadas podrán elegir entre participar como expositor, para intervenir durante el encuentro, o anotarse como oyente. El enlace para acceder a la documentación y al registro también estará disponible en la página del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). 

La consulta de las propuestas permitirá conocer qué plantean las empresas antes de la audiencia. El portal provincial define estos mecanismos como espacios para que ciudadanos y organizaciones accedan a información, formulen consultas y presenten observaciones antes de que se adopten decisiones sobre los servicios públicos.

La jornada se desarrollará de manera virtual, de 9 a 18. Si la cantidad de intervenciones o el avance de las exposiciones lo requiere, podrá continuar al día siguiente, dentro de la misma franja horaria y mediante la misma plataforma. 

Habrá una transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Quienes quieran tomar la palabra deberán completar previamente la inscripción correspondiente. 

La convocatoria comprende a usuarios de concesionarias provinciales y municipales. Fueron llamadas a participar EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, junto con las federaciones de distribuidoras municipales y cooperativas. La audiencia estará presidida por la Subsecretaría de Energía, con intervención del OCEBA, y también fue invitado el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. 

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El encuentro forma parte de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un proceso iniciado formalmente en 2024. Allí se pondrán a consideración los ingresos requeridos por las distribuidoras, las inversiones que deberán ejecutar y las condiciones de prestación para el próximo quinquenio.

El Ministerio incluyó entre los temas centrales un plan de inversiones obligatorias de largo plazo, la revisión de la estructura y las categorías tarifarias, nuevos parámetros de calidad y penalidades. También se prevé definir una categoría de tarifa social que garantice el acceso al servicio de los sectores de menores ingresos.

La cartera provincial explicó que busca que los participantes puedan “informarse, expresar sus opiniones y aportar sus consideraciones”. La discusión abarcará, por lo tanto, tanto los costos que se trasladan a las facturas como las exigencias que deberán cumplir las prestadoras. 

La batalla judicial que antecede a la audiencia

El conflicto comenzó con una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense contra las modificaciones autorizadas mediante la Resolución 585/2026. El organismo cuestionó que se aplicaran actualizaciones sin una audiencia pública previa ni otro mecanismo equivalente de participación de los usuarios.

El 18 de septiembre, el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, suspendió cautelarmente los componentes provinciales cuestionados. La decisión ordenó volver a los valores anteriores y reconocer como saldo a favor los importes cobrados por esos conceptos. 

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al reconstruir el fallo que permitió volver a aplicar las subas, la Provincia y las distribuidoras apelaron. La Fiscalía de Estado argumentó que mantener los componentes anteriores podía afectar los recursos destinados a comprar energía, sostener las redes, pagar salarios y ejecutar inversiones. 

La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo al recurso provincial el 15 de octubre. Eso permitió aplicar nuevamente los incrementos discutidos, estimados entre 1,5% y 3,5%, para unos 1,4 millones de usuarios. La decisión no resolvió de manera definitiva la legalidad de las actualizaciones, una cuestión que continúa en el expediente. 

La Cámpora cuestionó la apelación y abrió otra discusión con Kicillof

La controversia judicial tuvo una derivación dentro del oficialismo. El 7 de octubre, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados y referente de La Cámpora, compartió una publicación de Lorenzino acompañada por un emoji de pulgar hacia abajo.

En ese mensaje, el defensor del Pueblo defendía la cautelar porque evitaba que los usuarios pagaran aumentos sometidos a revisión judicial. También rechazaba que el fallo pretendiera administrar el servicio desde los tribunales. El respaldo de Tignanelli a esos argumentos marcó una diferencia con la estrategia del Ejecutivo, que buscaba suspender los efectos de la medida.

El segundo cuestionamiento llegó después de la intervención de la Cámara. El 22 de octubre, la diputada provincial y exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza compartió en X una publicación crítica de la apelación bonaerense y escribió: “¿Esto es real?”. La reacción expuso su desacuerdo con la decisión que había permitido volver a facturar los incrementos. 

La defensa de la posición provincial quedó a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario sostuvo que el Ejecutivo había explicado técnicamente por qué consideraba que no correspondía convocar nuevas audiencias bajo el régimen vigente, dado que esa instancia ya se había realizado anteriormente. También cuestionó el esquema heredado de la gestión de María Eugenia Vidal y sostuvo que la administración bonaerense había optado por aplicar actualizaciones vinculadas con la inflación. 

Desde la Defensoría del Pueblo, los reparos incluyeron además el alcance de la protección a los hogares vulnerables. El organismo advirtió sobre “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial, al considerar que las bonificaciones no habían acompañado la evolución de los componentes de las facturas y habían perdido capacidad de cobertura. 

Ese punto también integra la agenda de la revisión: el Ministerio anunció que se discutirá una categoría social orientada a garantizar que los sectores de menores ingresos puedan acceder al suministro. Así, la audiencia reunirá el debate sobre los ingresos de las empresas con las condiciones de acceso y la calidad que reciben los usuarios.