Cafiero: "Para la Argentina la defensa irrestricta de los DD.HH es politica de Estado"

El canciller Santiago Cafiero ratificó hoy que "para la Argentina la defensa irrestricta de los derechos humanos es una política de Estado", rasgo que, sostuvo, el país proyecta de manera "constante" en su política exterior "más allá de la alternancia partidaria e institucional", al participar en la apertura del 43º Foro Anual y la 12ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho (ACP-CPI).

Cafiero expuso en el encuentro realizado esta mañana en el Congreso de la Nación, que constituye la única reunión mundial de alto nivel de líderes políticos, expertos y legisladores centrada exclusivamente en cuestiones relacionadas a los derechos humanos.

La Corte Penal Internacional (CPI) fue establecida a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998; entró en vigor en 2002 y es un tribunal penal de carácter permanente que cuenta con 123 Estados Partes.

Argentina es reconocida en todo el mundo por haber tenido históricamente un rol clave en el ámbito de la CPI, tanto en la negociación del Estatuto que la creó como en su posterior proceso de consolidación.

La CPI es la única jurisdicción internacional permanente con competencia sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

"Para nosotros es una política de Estado la defensa irrestricta de los derechos humanos, más aún en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia; esto ha sido una constante en la política exterior más allá de la alternancia partidaria e institucional", desatacó Cafiero en su exposición.

Para el Canciller ese reconocimiento internacional que tiene el país en ese sentido, hace que "la Argentina presida por primera vez en su historia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un año de muchísimos desafíos, con la guerra y los abusos de la guerra que han generado acciones en investigaciones".

Sobre esto último, evaluó que "el rol de la Argentina en esa presidencia se ha destacado por su papel balanceado y por haber apoyado e impulsado las investigaciones para la condena a los culpables y reparación a las víctimas", del conflicto bélico que enfrenta a Rusia con Ucrania y la potencias aliadas de la OTAN.

Convocada por los Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés), la ACP-CPI que se realiza en el Congreso de la Nación sostiene una circunscripción parlamentaria mundial para el sistema del Estatuto de Roma y recibe el apoyo institucional de la Unión Europea, Dinamarca, Liechtenstein, los Países Bajos, Suecia, Suiza y la Fundación Oak.

El titular del Palacio San Martín puso en valor que la Argentina continúa trabajando para que más países se sumen al Estatuto de Roma y de ese modo avanzar en la "universalización del derecho internacional como parte fundamental de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo".

Para ese objetivo, sostuvo, "la tarea de los parlamentarios es fundamental para avanzar en el diálogo", y agregó: "Hacerlo desde América Latina, que es una zona de paz, demuestra también que los conflictos pueden solucionarse de manera pacífica, con la palabra".

En este marco, el presidente Alberto Fernández, acompañado por el Canciller argentino, mantuvo ayer una reunión en su despacho de Casa Rosada con Piotr Józef Hofmański, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), quien se encuentra en la Argentina para participar del 43º Foro Anual y la 12ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho.

Fernández renovó frente al titular de la Corte el "firme compromiso y apoyo" del país a esa institución en la lucha contra la impunidad de crímenes atroces, la promoción de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho.

Argentina es el único Estado en haber suscrito todos los acuerdos de cooperación con la CPI: protección y reubicación de testigos, libertad provisional, puesta en libertad y ejecución de sentencias.

Entre los participantes de este foro, estuvo Silvia Fernández de Gurmendi, actual presidenta de la Asamblea de Estados Partes (AEP), argentina, diplomática de carrera recientemente retirada, quien fuera además jueza (2010-2018) y presidenta de la CPI (2015-2018).

Desde el 2002, las reuniones de la ACP-CPI han representado una oportunidad única para que legisladores de todas las regiones del mundo discutan y desarrollen estrategias para reforzar la justicia internacional y nacional y ayuden a prevenir la comisión de crímenes internacionales.

El impacto de las pasadas deliberaciones de la Asamblea ha quedado demostrado gracias al compromiso de los miembros de PGA quienes, hasta la fecha, han contribuido a 78 ratificaciones del Estatuto de Roma y desempeñado un papel clave en el proceso de elaboración de leyes nacionales para aplicar el Estatuto en 37 Estados.

Los Estados crearon la CPI en Roma en 1998 para prevenir las atrocidades que caracterizaron el siglo pasado.

En un contexto mundial difícil, el objetivo de la 12ª ACP-CPI es contribuir a revertir las tendencias globales que han intentado erosionar el derecho internacional, los derechos humanos y la democracia durante las últimas dos décadas y, de igual forma, reafirmar el papel central de la responsabilidad penal individual en las relaciones internacionales y los asuntos internos.

(Télam)