Motosierra 2.0: Cúneo Libarona celebró el fin del "monopolio de la Casa Moneda"
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró "el fin del monopolio de la Casa de la Moneda" en la producción de chapas patente y cédulas, destacando que la apertura de una licitación permitió al Estado ahorrar más de 3.000 millones de pesos.
Desde el Gobierno señalan que esta medida forma parte de un proceso de reestructuración más amplio que busca optimizar los recursos públicos y mejorar la eficiencia en la provisión de servicios esenciales. "El ahorro obtenido con esta licitación abierta es una muestra de que la competencia impulsa mejores condiciones para el Estado y los ciudadanos", afirmó Cúneo Libarona.
En octubre pasado, el Gobierno había anunciado la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de la Moneda, argumentando deficiencias en su funcionamiento y altos costos operativos.
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La Casa de la Moneda ha sido responsable de la producción de billetes y documentos de seguridad, pero su desempeño ha sido cuestionado en varias oportunidades por falta de eficiencia y elevados gastos.
Con esta apertura a la competencia, el Ejecutivo busca garantizar un sistema más eficiente y menos costoso en la producción de elementos clave como chapas patente y cédulas. "Estamos avanzando hacia un Estado más moderno y transparente, donde las licitaciones abiertas garantizan mayor calidad y menores costos", agregó el ministro.
El anuncio se enmarca dentro de las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei, que ha promovido la reducción del gasto público en diversas áreas. Esta decisión también se suma a otras medidas de racionalización del Estado, incluyendo recortes en distintas dependencias y la búsqueda de mayor participación privada en servicios tradicionalmente estatales.
Mientras tanto, desde sectores de la oposición y gremios estatales han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas en la estabilidad laboral de los trabajadores de la Casa de la Moneda. Además, se plantea el interrogante sobre la seguridad de la documentación emitida por entidades privadas y su fiscalización por parte del Estado.