Política Por: Andrés Montero11 de junio de 2025

Arrieta denunció en el Parlasur una “proscripción disfrazada de justicia” contra Cristina Kirchner

El parlamentario del Mercosur por Unión por la Patria afirmó que la causa Vialidad es un hecho político-judicial destinado a impedir la participación electoral de la exmandataria.

Gustavo Arrieta.

Durante la última sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Gustavo Arrieta, representante de Unión por la Patria, se refirió a la condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, calificándola como un grave hecho institucional y político que atenta contra la democracia.

A través de una publicación en redes sociales, Arrieta expresó que “la condena y detención de Cristina Kirchner en la causa Vialidad es un grave hecho institucional y político”. Y agregó: “Tras anunciar su candidatura en Buenos Aires, impiden su participación electoral. Es una proscripción disfrazada de justicia que ataca la democracia y los derechos de millones de argentinos y bonaerenses”.

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En su intervención ante el Parlasur, el parlamentario fue enfático al sostener que “es un golpe contra la voluntad popular”. “La condena a CFK no es un acto de justicia sino un acto político judicial con fines de proscripción”, denunció.

Según Arrieta, la situación no solo afecta a la exmandataria sino que pone en riesgo principios fundamentales del sistema democrático argentino. “Lo que está en juego no es la libertad de una persona, sino el corazón de la democracia argentina”, afirmó, al tiempo que consideró que “la cárcel a CFK no es una respuesta jurídica, es una decisión antidemocrática que amenaza los derechos políticos de millones de argentinos y bonaerenses”.

Durante su alocución, también se refirió al inusual ritmo con que la Corte Suprema de Justicia avanzó en la causa: “No existen antecedentes recientes de una resolución de la Corte en tiempos tan acelerados. Esta urgencia coincide con el anuncio de CFK de competir en las elecciones provinciales. No es casual. Es un hecho grave para nuestra democracia”.

Finalmente, el parlamentario advirtió sobre las consecuencias institucionales de la condena: “Encarcelarla sin pruebas sólidas implica criminalizar una parte importante del liderazgo popular”.

 

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