La Corte reactivó la causa Correo Argentino y complica a Macri
La Corte Suprema rechazó un recurso clave y ordenó depósitos económicos, reactivando la investigación sobre la millonaria deuda del Grupo Macri con el Estado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a meter presión sobre el Grupo Macri al rechazar un recurso de queja en la causa Correo Argentino, un expediente que investiga presuntas maniobras para licuar la millonaria deuda que la empresa de la familia del expresidente mantenía con el Estado nacional.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal. Ambos están imputados en el caso y habían intentado apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por “temor de parcialidad”.
Rechazo rotundo y multa incluida
La Corte Suprema fue tajante. No sólo rechazó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, sino que además intimó a los acusados a realizar un depósito económico bajo apercibimiento de ejecución, como establece el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial.
Con este fallo, el expediente judicial que se inició en 2017 bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo toma nuevo impulso y coloca nuevamente en el foco a los principales responsables del acuerdo firmado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Un acuerdo “ruinoso”, según la fiscalía
La causa investiga un intento de condonación del 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. con el Estado nacional, que fue calificado como “abusivo” y “ruinoso” por la fiscal Gabriela Boquin, quien logró frenar su ejecución. El pacto había sido avalado por el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de la cartera, Juan Manuel Mocoroa, ambos también imputados.
La deuda que mantiene impaga Correo Argentino se originó a partir de la rescisión del contrato de concesión del servicio postal durante el gobierno de Néstor Kirchner, dejando un saldo pendiente de aproximadamente 296 millones de pesos. Entre 2003 y 2015, la empresa presentó varias propuestas para saldar esa deuda, todas rechazadas por el Estado, que es el principal acreedor. Además de la condonación, el acuerdo cuestionado en 2016 contemplaba un plan de pagos que se extendía hasta 2033, lo que implicaba una significativa licuación del monto original.
La fiscal sostuvo que la maniobra beneficiaba de forma directa al Grupo Macri, a través de su control de la empresa SOCMA, dueña de Correo Argentino S.A., y que generaba un perjuicio millonario para las arcas públicas.
El intento de apartar a los jueces
En su estrategia defensiva, Cibils Robirosa y Kleidermacher intentaron recusar a los camaristas Farah y Boico, con el argumento de que ambos mantenían una “enemistad manifiesta” con Mauricio Macri, lo que —según los acusados— se trasladaba a ellos por su vínculo con el exmandatario.
En el caso de Farah, cuestionaron que haya denunciado presiones del gobierno de Macri cuando era camarista. Y respecto a Boico, remarcaron que defendió a funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner, antes de asumir como juez.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal porteña como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazaron el pedido. En su fallo, el juez Javier Carbajo fue contundente: “La defensa no ha conseguido demostrar que se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”.
La Corte cierra el camino a la impunidad
El fallo del máximo tribunal confirma la continuidad de la investigación y mantiene bajo la lupa judicial a todo el entramado político y empresarial detrás del acuerdo firmado en 2016. En el contexto de una Justicia que viene de convalidar la condena a Cristina Kirchner, la causa Correo Argentino vuelve a subir al ring y amenaza con complicar al expresidente Mauricio Macri, aunque aún no está formalmente imputado.
Para los defensores del exmandatario, la causa tiene “un claro contenido político”. Pero para la Corte, los planteos carecen de sustento jurídico y buscan entorpecer una causa que aún no tiene resolución definitiva, pero que podría convertirse en uno de los capítulos más incómodos para el macrismo en los tribunales.
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