El PJ repudió el fallo por YPF y habló de “orden colonial”
El Partido Justicialista (PJ) salió con los tapones de punta contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del litigio iniciado por el fondo buitre Burford Capital, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera.
En un duro comunicado difundido en redes sociales, el PJ acusó a la magistrada de violar la inmunidad soberana del Estado argentino, y calificó la decisión como "una orden colonial, inadmisible e ilegal". “El Partido Justicialista, en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF”, advirtió el comunicado oficial.
El texto completo del PJ: soberanía, rechazo y llamado a la acción
El comunicado apunta de lleno contra Loretta Preska, a quien el PJ señala como "una juez que violó normas básicas del derecho público y privado argentino". El texto subraya que la resolución desconoce la inmunidad soberana y obliga al Congreso argentino a algo “imposible de cumplir”.
“Pretende, violando toda norma de Derecho Internacional, que el Congreso de la Nación autorice la entrega de acciones estatales a un fondo buitre de Nueva York”, remarcó el texto.
Pedido al Congreso y al Gobierno
Además del repudio al fallo, el PJ lanzó una convocatoria al Congreso para rechazar “con vigor y valentía” cualquier intento de avanzar con la entrega de las acciones.
“Los legisladores justicialistas y todos los que quieran defender a la Patria deben oponerse a esa orden con todo vigor”, exige el documento.
Por último, el texto cierra con un reclamo directo a la Casa Rosada: “Exigimos al Gobierno que extreme las medidas necesarias para la defensa de los intereses nacionales”, e incluso propone constituir un frente social y multipartidario para resistir la decisión judicial.
En qué consiste el fallo de Preska por el caso YPF
La jueza federal de Nueva York falló en contra de Argentina en el juicio por la estatización de YPF, ordenando transferir el control accionario a los beneficiarios del fondo Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de antiguos accionistas afectados.
La sentencia, que aún puede ser apelada, pone en jaque el control estatal sobre la mayor empresa energética del país y abre un conflicto diplomático y económico de alto voltaje con Estados Unidos.
Argentina ha planteado en su defensa que las acciones en cuestión son propiedad del Estado Nacional y las provincias, por lo que su cesión atenta contra principios constitucionales y acuerdos internacionales sobre inmunidad soberana.