Octava avanzada judicial: Buenos Aires exige a Milei devolver fondos y respetar acuerdos fiscales
La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial. La administración de Axel Kicillof formalizó este lunes su octava demanda ante la Corte Suprema contra el Estado nacional, esta vez por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.
El reclamo apunta a recuperar más de 1,13 billones de pesos, a los que se agregan actualización e intereses, en un conflicto que escala en paralelo al endurecimiento del vínculo político con la Casa Rosada.
La presentación fue anticipada por el propio gobernador la semana pasada ante intendentes bonaerenses y se concretó a través del fiscal de Estado, Hernán Gómez, con seguimiento del asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Además del reclamo de fondo, la Provincia pidió una medida cautelar para que Nación restituya el mecanismo de cálculo original y deje de generar, según sostienen, un perjuicio económico hacia adelante.
Desde el Ejecutivo bonaerense aseguran que el conflicto se originó por una modificación unilateral en la forma de actualizar los montos adeudados. En lugar de utilizar el índice de inflación real, el Gobierno nacional habría aplicado estimaciones presupuestarias, lo que derivó —según la argumentación oficial— en una pérdida “importante” de recursos.
El Fondo del Conurbano y el eje de la disputa
Uno de los puntos centrales del reclamo es el Fondo del Conurbano, un componente clave en la estructura de financiamiento bonaerense que ya fue motivo de litigio durante gestiones anteriores. La demanda incluye las diferencias acumuladas entre 2023 y 2025, así como el saldo impago correspondiente al convenio firmado en 2023.
En la Gobernación sostienen que el planteo está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y por la normativa vigente que regula los acuerdos fiscales entre Nación y provincias. Bajo ese marco, remarcan que los compromisos asumidos tienen carácter obligatorio y no pueden ser modificados de manera unilateral, en línea con el derecho intrafederal.
El reclamo actual se inscribe dentro de una disputa mucho más amplia. Según cálculos oficiales, la deuda total que Nación mantiene con la Provincia superaría los 22 billones de pesos. Ese monto incluye partidas por obras públicas paralizadas, fondos coparticipables, programas discontinuados y transferencias recortadas.
Entre los principales conceptos figuran 8,7 billones de pesos por obras comprometidas y no finalizadas, 3,8 billones por deudas directas —como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal— y 3,1 billones por programas que dejaron de ejecutarse. A eso se suman más de 2,2 billones vinculados a la suspensión de transferencias de la ANSES destinadas a cubrir déficits previsionales provinciales.
Siete demandas previas y una Corte que empieza a moverse
La nueva presentación se suma a otras siete demandas que la Provincia ya había impulsado en los últimos años. Esas causas abarcan desde el recorte del Fondo de Seguridad hasta la quita de subsidios al transporte, el boleto integrado, el financiamiento educativo y la disputa por el cobro de tributos en servicios públicos.
Hasta ahora, el avance judicial fue limitado. Solo una de esas causas —la vinculada a los fondos previsionales de la ANSES— registró movimiento concreto. A mediados de marzo, la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte convocó a una audiencia entre las partes, en la que participaron funcionarios bonaerenses y representantes del organismo nacional.
En ese encuentro, se acordó abrir una instancia de negociación con intercambio de información hasta el 21 de abril, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para evaluar el estado de las conversaciones.
La Provincia, en su presentación, también hizo hincapié en la competencia del máximo tribunal para intervenir en este tipo de conflictos. Recordó que la Corte ya ratificó su rol en causas similares vinculadas a la coparticipación federal en litigios que involucraron a otras jurisdicciones.
Otro eje central del planteo apunta al recorte de transferencias dispuesto tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 280, firmado por el presidente Javier Milei en marzo del año pasado. Desde el gobierno bonaerense cuestionan la constitucionalidad de esa norma y sostienen que presenta una “orfandad de fundamentos”.
En paralelo, remarcan que el Estado nacional tiene la obligación legal de cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas, en base a un conjunto de leyes, decretos y acuerdos vigentes desde 1999. En ese marco, subrayan que la Provincia cumple con el envío de información a la ANSES para la simulación del déficit, requisito exigido por la normativa.
En medio de la escalada judicial, Kicillof volvió a apuntar directamente contra la Casa Rosada y dejó en claro el tono del conflicto: “Ese día vamos a concurrir, no estamos convocando a más que eso. Veremos el resultado, veremos quién viene y si vienen, porque nuestro problema es principalmente con el Gobierno Nacional. Milei le roba a la Provincia de Buenos Aires este y otros recursos”.