La Corte interviene en la deuda previsional y obliga a Nación a sentarse con la Provincia
El máximo tribunal activa una instancia inédita de negociación por los fondos del sistema jubilatorio bonaerense, en medio de un conflicto que ya supera los $2 billones y crece la presión por el impacto sobre el IPS y sus beneficiarios.
Pamela Orellana
La Corte Suprema de Justicia convocó por primera vez a una audiencia formal entre la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional para intentar destrabar uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la gestión de Axel Kicillof: la deuda previsional que la Nación mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense.
El encuentro, previsto para este martes a las 11 en la Secretaría de Juicios Originarios, abre una instancia de negociación que hasta ahora no existía y pone en el centro de la escena una disputa que ya escala a cifras billonarias.
El reclamo bonaerense —presentado en abril de 2024— exige el pago de unos 1,6 billones de pesos, sin actualización, en concepto de transferencias adeudadas por la ANSES para compensar el déficit de la caja previsional provincial. Sin embargo, distintos actores del sistema advierten que la deuda real ya supera los 2 billones de pesos, en un contexto de interrupción total de envíos desde la asunción de Javier Milei.
Un conflicto sin diálogo que llega a la Corte
En la Gobernación bonaerense interpretaron la convocatoria como un avance concreto en medio de un escenario de bloqueo político. “No hay ningún ámbito de diálogo institucional con el gobierno nacional”, repiten en La Plata, donde la citación judicial fue recibida con alivio tras meses de reclamos sin respuesta.
A la audiencia asistirán el fiscal de Estado Hernán Gómez, el ministro de Economía Pablo López, la titular del IPS Marina Moretti y el asesor general Santiago Pérez Teruel. Del lado nacional se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de la ANSES, hoy bajo la órbita de Capital Humano.
El trasfondo es una disputa estructural: desde los años ’90, las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias —como Buenos Aires— reciben compensaciones del Estado nacional para equilibrar las diferencias entre sistemas. Ese mecanismo está respaldado por leyes como la 27.701, que establece transferencias mensuales equivalentes a un doceavo del déficit.
Según denuncian desde el gobierno provincial y organizaciones de jubilados, esos envíos se frenaron completamente en 2024 y 2025. “Ya cumplimos dos años sosteniendo esta situación, algo que no es justo. Es un ataque directo a los jubilados bonaerenses”, había advertido semanas atrás Marina Moretti.
El antecedente de Córdoba y la tensión política
En la Corte no descartan replicar el esquema aplicado en 2025 con Córdoba, donde tras una audiencia similar se avanzó en un acuerdo de pago. En ese caso, desde Nación reconocieron la existencia de la deuda, aunque condicionaron su cancelación a auditorías previas.
Sin embargo, en el caso bonaerense el escenario aparece más complejo. La relación entre Milei y Kicillof atraviesa uno de sus momentos de mayor confrontación política, lo que dificulta imaginar una salida consensuada en el corto plazo.
El conflicto previsional es, además, solo una parte de una batería de siete demandas que la Provincia mantiene contra la Nación ante el máximo tribunal. Entre ellas figuran recortes en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el FONID, el subsidio al transporte y fondos energéticos. En conjunto, el reclamo expone el impacto del ajuste nacional sobre las cuentas bonaerenses.
Jubilados en alerta y presión sobre el IPS
La discusión judicial ocurre en paralelo a una creciente preocupación entre los jubilados bonaerenses. El Instituto de Previsión Social paga actualmente más de 374.500 jubilaciones y pensiones, y depende en parte de los recursos nacionales para sostener su equilibrio financiero.
Organizaciones de jubilados vienen advirtiendo que la deuda “es megamillonaria y crece mes a mes”, y alertan sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema. “Nuestras jubilaciones están en riesgo. ANSES dejó de transferir a trece cajas jubilatorias provinciales”, señalaron en una reciente conferencia.
El escenario se complejiza aún más con la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según distintos análisis, la creación del Fondo de Asistencia Laboral podría reducir los aportes al sistema previsional, generando una merma estimada en 3.000 millones de dólares anuales para la ANSES. Ese impacto, advierten especialistas, podría agravar la situación de las cajas provinciales.
En ese marco, desde el IPS insisten en que el problema no es técnico sino político. “No son recursos que le sacan a un gobernador; se los sacan a los jubilados de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Moretti, quien remarcó que la Provincia viene cubriendo con fondos propios el faltante nacional para garantizar el pago de haberes y aguinaldos.
Mientras la Corte abre una instancia de negociación inédita, el conflicto previsional se consolida como uno de los ejes más sensibles del enfrentamiento entre Nación y Provincia, con impacto directo sobre cientos de miles de jubilados bonaerenses.
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