La SRA cuestiona el paquete impositivo y mete presión en la Legislatura

La discusión política en torno a la Ley Fiscal bonaerense sumó un nuevo capítulo con la intervención directa de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que decidió subir el tono y presionar a la Legislatura para que “evite delegar facultades esenciales” en el Poder Ejecutivo provincial.

El debate se activó horas antes de que el proyecto enviado por el gobierno de Axel Kicillof comenzara a tratarse en comisiones y mientras el oficialismo busca sostener mayorías en un escenario parlamentario ajustado.

“Manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”, planteó la SRA en una señal directa hacia diputados y senadores.

La entidad agropecuaria apuntó especialmente contra el Artículo 133, que habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin “criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo”. Según la Rural, este punto abre un margen de discrecionalidad que “afecta directamente la previsibilidad” que reclama el sector.

Un debate que ya escala en el agro y tensa el clima legislativo

La SRA también cuestionó el Artículo 167, que permitiría modificar cuotas no vencidas dentro del mismo ejercicio fiscal. Desde la entidad remarcaron que la medida complica la planificación en un contexto marcado por inundaciones que mantienen miles de hectáreas bajo agua.

“El gobierno provincial debería estar proyectando obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”, insistieron.

El clima político se recalentó aún más con la intervención de CARBAP, que rechazó “enérgicamente” el incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural aplicado mediante el artículo 139, la denominada “quinta cuota”. La entidad calificó la medida como “ilegal e improcedente” al haberse adoptado sin el Presupuesto 2025 ni una nueva Ley Impositiva. 

A esto se suma el malestar acumulado por “un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023, prorrogada el año pasado con adicionales extraordinarios”. “Todo esto nos obliga una vez más a reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por ley, sin sorpresas ni turbulencias”, sostuvo la SRA en su comunicado.

Industriales también reclaman y el oficialismo busca cerrar filas

El frente de conflicto no se limita al campo. Las principales entidades industriales de la provincia —ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA— advertieron que la falta de actualización de la base no imponible de Ingresos Brutos provocó que Pymes que antes estaban exentas comenzaran a tributar pese a que sus ingresos no crecieron en términos reales.

Plantearon que, con la inflación acumulada, el mínimo debería actualizarse a $4.600 millones para equiparar las condiciones vigentes durante la última aprobación de 2023. 

La negociación promete ser compleja: mientras las entidades del agro y la industria reclaman definiciones claras y sin facultades delegadas, el gobierno provincial defiende un esquema que considera necesario para sostener las cuentas públicas en un contexto económico adverso.