La Justicia anuló el protocolo antipiquetes de Bullrich
La Justicia federal declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes que Patricia Bullrich impulsó durante su gestión como ministra de Seguridad de la Nación. Se trata de una resolución que fue uno de los pilares de la política de seguridad del Gobierno y que habilitó una intervención sistemática de las fuerzas federales frente a la protesta social desde diciembre de 2023.
El fallo fue dictado por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, quien enumeró una serie de inconsistencias legales y constitucionales en la Resolución 943/23, con la que el Ministerio de Seguridad estableció un marco de actuación que consideraba delito en flagrancia a cualquier manifestación que interrumpiera el tránsito.
Los argumentos centrales del fallo judicial
En su resolución, Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso de atribuciones al dictar el protocolo. Según el magistrado, bajo el argumento de “instruir” a las fuerzas de seguridad, el Gobierno avanzó sobre competencias exclusivas del Congreso.
“La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la apariencia de instruir al personal está legislando, lo que implica una violación al derecho aplicable”, afirmó el juez en el fallo.
El magistrado también advirtió que la norma cuestionada modifica de hecho el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad, algo que no puede hacerse mediante una resolución ministerial.
El reclamo contra el protocolo y la advertencia del fiscal
La nulidad del protocolo se resolvió en el marco de una acción colectiva presentada por organizaciones sociales y de derechos humanos, que impugnaron el esquema represivo por considerar que vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
La sentencia se conoció tres semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda emitiera un dictamen crítico sobre el protocolo. En ese documento, el fiscal cuestionó la falta de fundamentos jurídicos y señaló que el concepto de flagrancia utilizado por el Gobierno no coincide con el previsto en el régimen penal, salvo en casos de delitos comunes cometidos durante una protesta.
Críticas desde los organismos de derechos humanos
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), celebraron el fallo judicial y remarcaron su impacto institucional. Paula Litvachky, directora ejecutiva del organismo, afirmó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar por fuera del Congreso.
“Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, sostuvo.
Litvachky agregó que la sentencia pone un límite claro al accionar del Ejecutivo: “Un juez le dice al Ministerio que no puede legislar por resolución ni reinterpretar el Código Penal a su conveniencia, mucho menos cuando están en juego derechos constitucionales como la vida, la integridad personal y la libertad de expresión”.
El saldo de la “doctrina Bullrich”
El fallo también vuelve a poner en foco el impacto concreto del protocolo antipiquetes. Según datos relevados por el CELS, desde su implementación se registraron 1.399 personas heridas en el marco de operativos de seguridad vinculados a protestas sociales: 750 durante 2024 y 649 en lo que va de 2025.
La aplicación del protocolo fue particularmente dura contra la marcha de los jubilados que se realiza cada miércoles frente al Congreso, donde se registraron episodios de violencia que involucraron a adultos mayores, trabajadores, periodistas, reporteros gráficos y personas con discapacidad.
El caso Pablo Grillo y la represión frente al Congreso
Uno de los hechos más graves ocurrió en marzo de este año, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir en la cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal durante una represión frente al Congreso.
La semana pasada, la Justicia confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por ese episodio, lo que reforzó las críticas sobre el uso desmedido de la fuerza bajo el paraguas del protocolo ahora declarado nulo.