Violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial: trabajadores exigen definiciones en causas abiertas
Al cierre de 2025, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a poner el foco sobre una problemática que atraviesa al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires: la falta de resolución definitiva en múltiples causas por violencia laboral y de género que involucran a magistrados, magistradas y funcionarios judiciales. Desde el gremio advirtieron que la demora de los Jurados de Enjuiciamiento no solo prolonga situaciones de daño y revictimización, sino que también impacta de lleno en la credibilidad del sistema de justicia.
En un comunicado difundido en los últimos días del año, la AJB fue categórica al señalar que “no hay acceso real a la justicia posible si quienes ejercen funciones de conducción y decisión reproducen prácticas de acoso, abuso de poder y maltrato hacia trabajadoras y trabajadores judiciales”. En ese marco, calificaron como “irrenunciable” la erradicación de estas conductas dentro del sistema judicial bonaerense.
Causas abiertas y expedientes sin definición
Según informó el sindicato, 2025 finaliza sin resoluciones definitivas en una serie de procesos disciplinarios impulsados por la AJB ante hechos que califican como de “extrema gravedad”. Si bien en algunos casos se dispusieron suspensiones preventivas, la totalidad de los expedientes continúa pendiente de definición por parte de los organismos competentes.
La nómina de personas denunciadas incluye a la fiscal Mariana Albisu (Departamental Brandsen); los jueces Gastón Eduardo Echeveste (Familia N.º 3 de Florencio Varela), Alejandro Brissolese (Familia N.º 6 de San Martín), Gustavo Lullo (Familia de Lomas de Zamora), Juan José Paci (Juzgado de Paz de José C. Paz) y Mariano Riva (Departamental Mar del Plata); el fiscal José Luis Castaño (Zárate–Campana); el camarista Roberto Jorda (Morón); la jueza Otermín (Ejecución de Mercedes); y Miguel Ángel del Riego, director de Mandamientos y Notificaciones de la Suprema Corte bonaerense.
De acuerdo con la AJB, todas estas personas fueron denunciadas por “hechos de violencia laboral, violencia de género, acoso, abuso de autoridad y graves incumplimientos de los deberes funcionales”. El gremio remarcó que las denuncias describen conductas reiteradas y sistemáticas que afectan la salud, la integridad y la dignidad de las y los trabajadores judiciales.
Gravedad institucional y reclamo sostenido
La entidad sindical subrayó además que, en algunos de los expedientes en trámite, existen investigaciones penales en curso, lo que refuerza —según sostienen— la gravedad institucional de los hechos denunciados y la necesidad de una respuesta urgente. Para la AJB, la falta de definiciones no puede leerse como un problema administrativo, sino como una señal que debilita la confianza social en el sistema de justicia.
“No se trata de hechos aislados, sino de prácticas estructurales que deben ser erradicadas de forma definitiva del Poder Judicial”, advirtieron desde la organización. En ese sentido, alertaron que la demora en las resoluciones consolida escenarios de impunidad incompatibles con una justicia democrática y respetuosa de los derechos humanos.
El reclamo se inscribe en una agenda más amplia que el gremio viene sosteniendo ante el Poder Ejecutivo provincial, que incluye la defensa de las condiciones de trabajo, la recomposición salarial, la cobertura de vacantes y un mayor presupuesto para el Poder Judicial. En ese contexto, la AJB ratificó que continuará impulsando todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para lograr la resolución de los procesos en trámite y el apartamiento —y eventual destitución— de quienes ejercen violencia desde posiciones de poder.
“Basta de violencia laboral y de género en el Poder Judicial”, reiteraron desde la organización, que integra la CTA y la Federación Judicial Argentina, al tiempo que reclamaron definiciones concretas antes de que la falta de respuestas se convierta en una forma más de violencia institucional.