Política Por: Juan Manuel Villarreal19 de enero de 2026

ATE intimó al Gobierno por el vaciamiento de un área clave del INTI

ATE llevó a la Justicia al Gobierno por una resolución que desarma controles del INTI. Alertan por privatización y riesgos en salud y consumo.

ATE intimó al Gobierno por el vaciamiento de un área clave del INTI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una norma que elimina funciones centrales del Programa de Metrología Legal y redefine el histórico esquema de control público sobre instrumentos de medición clave para la vida cotidiana.

El Gobierno activa extraordinarias y pone la reforma laboral en foco

La disposición, publicada en diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, establece que el INTI dejará de prestar servicios regulados vinculados a la aprobación de modelos y verificaciones metrológicas, tareas que pasarán a manos de laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

Desde el gremio advirtieron que la medida implica un retroceso del control estatal y denunciaron que se trata de un avance privatizador impulsado por la administración de Javier Milei.

El reclamo judicial de ATE contra el Gobierno

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el alcance de la resolución y sostuvo que “el Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, al advertir sobre el impacto directo que tendrá en las funciones de control y fiscalización del Estado.

Según explicó, la resolución afecta de manera directa al Programa de Metrología Legal, responsable del control de instrumentos que inciden en la salud, el consumo y la seguridad vial, como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros, cinemómetros utilizados en fotomultas e instrumentos médicos.

Riesgo laboral y alerta por la seguridad de la población

Desde ATE remarcaron que la eliminación de estas funciones no solo compromete la estructura técnica del INTI, sino que también pone en riesgo puestos de trabajo en todo el país. De acuerdo a datos del sindicato, 147 trabajadores, distribuidos en distintas provincias, dependen directa o indirectamente de las tareas vinculadas a la metrología legal, la certificación, la aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración.

“Esta resolución no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población”, afirmó Aguiar al difundir la intimación judicial.

En ese sentido, el dirigente sindical advirtió sobre las consecuencias concretas de la pérdida de controles oficiales en actividades cotidianas: “Parece increíble: nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”.

Qué cambia con la Resolución 213/2025 del INTI

El Programa de Metrología Legal del INTI cumple un rol central en la fiscalización de instrumentos que impactan directamente en la vida diaria de millones de personas.

El nuevo esquema de control

Con la entrada en vigencia de la resolución:

  • El INTI deja de realizar la aprobación de modelos.
  • Se elimina la certificación del correcto funcionamiento de instrumentos de medición.
  • Las tareas pasan a manos de laboratorios y organismos privados acreditados.

Desde el Gobierno, la medida fue presentada como parte de un proceso de “modernización administrativa”, con el argumento de reducir demoras en los trámites y simplificar procesos productivos.

El cronograma de implementación

La normativa establece un cese escalonado de los servicios que hasta ahora prestaba el INTI:

  • AMBA: 31 de enero de 2026.
  • Mayoría de las provincias: 30 de abril de 2026.
  • Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: 30 de junio de 2026.
Qué preocupa al mundo empresario sobre la Argentina de Milei

En este contexto, ATE anunció la realización de plenarios y asambleas en todo el país para definir un plan de acción con el objetivo de lograr la derogación de la Resolución 213/2025.

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