Política Por: Pamela Orellana25 de enero de 2026

Milei endurece la política migratoria y avanza con su propio “ICE”

El Gobierno prepara un nuevo esquema de control en fronteras, con conducción política definida y un enfoque más duro sobre migraciones que ya genera debate.
Milei endurece la política migratoria y pone en marcha su propio “ICE”

El Gobierno nacional avanza con una profunda reconfiguración de la política migratoria y se prepara para poner en marcha la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo que tendrá a su cargo el control de los pasos fronterizos y que será encabezado por el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, ya genera tensiones internas y fuertes cuestionamientos por su similitud con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según trascendió, el decreto que dará vida a la nueva agencia se encuentra en sus últimos ajustes técnicos. El organismo dependerá del Poder Ejecutivo y tendrá como objetivo declarado controlar los flujos migratorios, combatir el crimen organizado e “intensificar” las deportaciones de extranjeros que delinquen. Aunque desde el oficialismo aseguran que sus funciones estarán limitadas a los pasos fronterizos, distintos sectores advierten que podría tratarse de un “ICE argentino”.

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Un organismo nuevo, con poder concentrado

La Agencia de Seguridad Migratoria se construyó en medio de una interna dentro del oficialismo, marcada por cruces entre áreas del Gobierno por el diseño institucional y la designación de autoridades. La llegada de Valenzuela cuenta con el respaldo explícito de Javier Milei y de la senadora libertaria Patricia Bullrich, aunque generó fricciones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En la elaboración del esquema final participaron los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado y Descentralización, además de la Secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzábal Murphy, desde donde se están terminando de ajustar los aspectos normativos y administrativos.

Una de las incógnitas centrales pasa por la estructura operativa del organismo. En particular, no está definido si contará con una fuerza propia, lo que implicaría restarle funciones a cuerpos como la Gendarmería Nacional o la Prefectura Naval Argentina. En la actualidad, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con unos 2.000 agentes civiles, no armados, distribuidos en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y delegaciones en todo el país.

El encuadre político de la nueva política migratoria

El giro en materia migratoria no es nuevo. En noviembre del año pasado, Patricia Bullrich había anunciado la transformación de la Dirección Nacional de Migraciones en una Agencia Nacional de Migraciones, con el objetivo de administrar de manera “integral” el fenómeno migratorio y reforzar la lucha contra los delitos trasnacionales.

“Hoy estamos presentando un elemento muy importante para la Nación, una nueva forma de administrar las migraciones, más integral y avanzando hacia una Agencia Nacional de Migraciones”, afirmó Bullrich en ese momento, al remarcar la necesidad de fortalecer los controles frente al avance del crimen organizado.

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Operativos en el conurbano y primeras señales

Mientras el decreto sigue en revisión, el Gobierno ya comenzó a desplegar operativos de control migratorio en el territorio. Este viernes se realizó un procedimiento en Villa Celina, partido de La Matanza, en el que se identificó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

El operativo fue llevado adelante por la Dirección Nacional de Migraciones junto con la Policía Federal Argentina. Según informó la fuerza en sus redes sociales, se controló la documentación de 385 personas mediante dispositivos biométricos portátiles, y los casos detectados quedaron sujetos a “los procedimientos administrativos correspondientes”.

En rigor, los extranjeros fueron intimados a regularizar su situación migratoria, con la advertencia de que podrían ser expulsados del país si no cumplen con los trámites legales. El procedimiento se realizó en la vía pública y sin allanamientos, como parte de una estrategia que el Gobierno presenta como un refuerzo del control migratorio en el conurbano bonaerense.

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