Baja de imputabilidad: el choque Nación–Provincia escala y el Frente Renovador advierte por una “bomba de humo”

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena política con un cruce frontal entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, en medio del avance legislativo del proyecto impulsado por la Casa Rosada y del endurecimiento discursivo de sus principales voceros. Mientras La Libertad Avanza acelera el tratamiento en el Congreso, desde el oficialismo bonaerense advierten que reducir la edad penal sin políticas integrales es una respuesta simplista a un problema estructural.

El debate se reactivó tras el acuerdo que el Gobierno selló con bloques opositores dialoguistas para llevar al recinto un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija la edad mínima de punibilidad en 14 años. La iniciativa, que será tratada durante las sesiones extraordinarias, prevé sanciones diferenciadas para menores, con un tope de 15 años de condena para delitos graves y la privación de la libertad como último recurso.

Sin embargo, el anuncio profundizó la confrontación con la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof respaldó públicamente la postura de su ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien sostuvo que “poner el eje en la edad no resuelve los problemas de fondo”, y reclamó un abordaje integral que involucre a los tres poderes del Estado. La respuesta de Patricia Bullrich fue inmediata y sin matices, con acusaciones directas contra el gobernador y cuestionamientos a su política de seguridad.

El Congreso avanza y crece la tensión política

El cronograma legislativo ya está en marcha: comisiones, dictamen y una sesión especial prevista para el 12 de febrero. Desde el oficialismo nacional reconocen que el texto aprobado será “la ley posible”, luego de haber cedido en su propuesta original de bajar la imputabilidad a los 13 años. Aun así, el debate dejó al descubierto una diferencia de fondo entre el Gobierno y las provincias respecto de quién deberá asumir los costos y la implementación del nuevo régimen.

En ese contexto, el diputado provincial del massismo en Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja bonaerense, Juan Malpeli, cuestionó con dureza el enfoque del Ejecutivo nacional y puso el acento en la ausencia de políticas de prevención.

“Todas las reformas hay que charlarlas, pero lo que venimos diciendo fuertemente es que no sea un humo la reforma, o que no haya algo encubierto”, afirmó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. Y advirtió que, como ocurre con la reforma laboral, “se habla nada más de lo que la gente quiere oír, pero no se habla de todo lo otro, de la quita de derechos y de tantas cosas que van a seguir complicando el desarrollo del país”.

“Sin programas, bajar la edad no alcanza”

Para Malpeli, la discusión sobre imputabilidad está atravesada por una lógica reactiva del Gobierno frente a hechos de alto impacto mediático. “Es lo que la gente quiere escuchar cuando ve en la tele noticias de chicos de 14 años que roban y matan a alguien. Más allá de que hay que atenderlo y discutirlo, no podemos no tener un programa de prevención”, sostuvo.

El legislador remarcó que el problema no se agota en la sanción penal y alertó sobre la falta de infraestructura estatal para contener a los menores que quedarían alcanzados por la ley. “Si se llega a votar la ley, qué hacemos con todos esos pibes. Ni la provincia ni la Nación tienen un programa serio, claro y contundente para atender a los menores que delinquen y para evitar que lleguen a hacerlo”, señaló.

En la misma línea, cuestionó la falta de una política sostenida en el tiempo. “Siempre se dice que es tarde o que es muy lejos. Hay que poner las barbas en remojo y sentar a todos los dirigentes para construir una política de Estado que vaya más allá de un gobierno de cuatro años”, reclamó.

Malpeli también vinculó el delito juvenil con problemáticas sociales más amplias. “Es una población cada vez más vulnerable, con adicciones, problemas de salud mental y falta de trabajo. Más allá de que no sean mayoría, es muy fuerte y hay que verlo”, enfatizó.

Datos, prevención y responsabilidad del Estado

Otro de los ejes que marcó el diputado del Frente Renovador fue la ausencia de estadísticas confiables en el debate público. “Nadie habla en serio de esto. Nosotros tenemos gente que sabe, que tiene datos sobre cuántos menores delinquen y cuántos lo hacen con armas. Eso no se está discutiendo en ningún lado”, advirtió.

En ese sentido, insistió en que la edad por sí sola no resuelve el problema. “Uno puede hablar de que hoy un chico de 15 años no es lo mismo que en otra época, pero hay un montón de cuestiones que el Estado tiene que atender. No puede mirar para el costado y pensar que soluciona todo con poner un número”, afirmó.

Mientras el Congreso avanza con el tratamiento del proyecto y el Gobierno refuerza su discurso punitivo, la discusión por la baja de imputabilidad expone una disputa más profunda sobre el rol del Estado, la prevención y la responsabilidad política frente al delito juvenil. “Si no se acompaña con todo lo anterior, bajar a 16, 14 o 12 no va a alcanzar nunca. Vamos a terminar discutiendo edades de ocho o seis años”, concluyó Malpeli.