Denuncian que el Gobierno de Milei avanza con el cierre de Vialidad, pese al rechazo del Congreso
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el estado de alerta máxima y denunció un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento” en la Dirección Nacional de Vialidad, a partir del nuevo organigrama impulsado por el Gobierno nacional bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que el Congreso rechazó el decreto que disponía su disolución.
La advertencia sindical se produce en paralelo al avance del plan oficial para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, una decisión que, según el gremio, consolida el retiro del Estado de una de sus funciones esenciales: la construcción, el mantenimiento y la conservación de la red vial.
De acuerdo a un informe interno del propio organismo, al que accedió el sindicato, Vialidad Nacional atraviesa un proceso de “reorientación institucional” que implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas, para quedar reducida a un ente de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas.
Desde el STVyARA advirtieron que este rediseño supone, en los hechos, que el Estado deje de intervenir activamente en la red vial y se limite a observar la gestión de terceros. “Es un retiro explícito del Estado, con consecuencias directas sobre millones de usuarios”, alertaron.
Ante este escenario, el gremio intimó formalmente a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de adoptar cualquier medida que tienda a la disolución, vaciamiento o desnaturalización de Vialidad Nacional, organismo que calificaron como “histórico y estratégico”.
En la presentación, el sindicato dejó constancia de que este tipo de decisiones resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal.
“Es un gobierno que avanza contra la democracia”
La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, sostuvo que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Javier Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional”.
"La Justicia y el Congreso dijeron que no podía destruir la DNV, avanzan igual a través de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza”, afirmó, y confirmó movilizaciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo al conflicto, el Gobierno nacional avanzó con el llamado a licitación pública —nacional e internacional— para concesionar la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, una medida autorizada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
El esquema abarca rutas clave en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y reemplaza el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, administración y mantenimiento de los corredores.
El estado crítico de la red vial
Un informe reciente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, una situación que impacta directamente en la seguridad vial y la logística productiva.
Según el documento, el abandono del mantenimiento preventivo incrementó la siniestralidad y elevó un 14% interanual las víctimas fatales, que alcanzaron las 4.369 muertes.
Desde el sindicato remarcaron que Vialidad Nacional fue históricamente una herramienta de integración territorial y desarrollo federal, garantizando rutas y caminos en regiones donde el mercado no interviene por falta de rentabilidad.
“El nuevo modelo transforma la ruta en un negocio y el territorio en una variable de ganancia”, señalaron, y advirtieron que el sistema derivará en peajes más caros, menor control estatal y mayores riesgos para los usuarios.