Beneficios con condiciones: el RIGI de la Provincia empieza a jugar en la disputa por las inversiones
El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) —conocido como el RIGI bonaerense— tras aprobar su reglamentación operativa. La herramienta, impulsada por la administración de Axel Kicillof, busca atraer inversiones productivas mediante incentivos fiscales acotados, exigencias administrativas estrictas y un fuerte énfasis en el empleo local y el desarrollo de proveedores bonaerenses.
La reglamentación fija el procedimiento para la presentación, evaluación, aprobación y control de los proyectos que aspiren a ingresar al régimen creado por la Ley 15.510. A diferencia del RIGI nacional, el esquema provincial combina exenciones parciales, auditorías periódicas y compromisos productivos concretos, en una apuesta que prioriza el impacto económico territorial por sobre los beneficios impositivos amplios.
El RIGI bonaerense está dirigido a proyectos que impliquen nuevas plantas, ampliaciones o nuevos procesos productivos, con una inversión mínima de USD 5 millones. El régimen contempla distintos tramos de inversión, con segmentación hasta los USD 200 millones, aunque las iniciativas que superen ese monto pueden solicitar estabilidad fiscal por hasta 30 años.
El alcance sectorial incluye la industria manufacturera, servicios —como turismo y logística—, industrias culturales, salud y actividades intensivas en recursos naturales, como minería, energía, petróleo y gas. El objetivo declarado es fomentar valor agregado, empleo registrado, innovación tecnológica, exportaciones y sustitución de importaciones, con impacto directo en la economía provincial.
Incentivos fiscales y adicionales
Los beneficios contemplan exenciones parciales en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, con una lógica progresiva inversa: a mayor inversión, menor porcentaje de alivio fiscal.
Los proyectos de entre USD 5 y 50 millones acceden a un descuento del 30% durante cinco años; los de hasta USD 200 millones, a un 20% por tres años; mientras que los de mayor escala pueden solicitar estabilidad fiscal, sin exenciones automáticas. A esto se suman adicionales de entre 5% y 10%, vinculados a la contratación de mano de obra local, la radicación en zonas de menor desarrollo relativo o la implementación de políticas de género.
Uno de los rasgos distintivos del régimen es el peso del cumplimiento administrativo. Las empresas deben presentar balances auditados de los últimos dos ejercicios, antecedentes societarios, cronogramas de inversión, flujos de fondos detallados y planes de ejecución que serán auditados de manera semestral.
También se exigen certificaciones fiscales y registrales, entre ellas el cumplimiento ante ARBA, constancias de Seguridad Social y acreditación del dominio del inmueble afectado a la inversión. En el caso de proyectos vinculados a recursos naturales, se suman estudios de impacto ambiental y documentación específica sobre concesiones o dominios. La Provincia cuenta con un plazo de 60 días hábiles para definir si acepta o rechaza la adhesión de cada proyecto.
Para inversiones superiores a USD 50 millones, el régimen obliga a presentar un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales, con metas concretas y mecanismos de control. Además, los proyectos de hasta USD 200 millones deben destinar al menos el 50% del gasto en proveedores a empresas radicadas en la provincia, una cláusula de “compre bonaerense” que genera expectativas oficiales pero también reparos en sectores con fuerte dependencia de insumos importados.
La diferencia con el RIGI nacional
Desde el Ejecutivo provincial, el RIGI bonaerense fue presentado como una alternativa al régimen nacional, al que el oficialismo bonaerense considera excesivamente laxo en términos fiscales. En ese marco, el ministro de Producción Augusto Costa sostuvo que la Provincia busca atraer inversiones que generen empleo y entramado productivo local, y no solo rentabilidad financiera.
El lanzamiento del régimen también se inscribe en el contexto político que dejó la decisión de YPF de instalar su planta de GNL fuera de Bahía Blanca, un episodio que expuso las dificultades de Buenos Aires para competir con otras provincias en la captación de grandes inversiones.
Las críticas por la no adhesión al RIGI nacional
Más allá de la puesta en marcha del régimen provincial, desde la oposición persistieron desde el inicio cuestionamientos por la decisión del Gobierno de no adherir al RIGI nacional, una postura que, según advierten, habría restado competitividad a la Provincia.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Luciano Bugallo sostuvo, tiempo atrás, que la negativa respondió a una definición ideológica que tuvo consecuencias concretas, y vinculó esa decisión con la pérdida de la inversión de la planta de GNL. Según planteó, las empresas priorizan incentivos, previsibilidad y reglas claras de largo plazo por sobre las disputas políticas. “Kicillof es el incompetente más caro de la política argentina”, disparó.
En una línea similar, la diputada nacional del PRO Florencia De Sensi cuestionó, en su momento, la falta de adhesión al régimen aprobado por el Congreso y advirtió que esa postura limitaba la llegada de capitales privados que podrían generar empleo y actividad económica en la Provincia.
Con la reglamentación ya vigente, el RIGI bonaerense entra ahora en su etapa decisiva. Mientras el Gobierno apuesta a un esquema más selectivo y controlado, el debate político continúa abierto y el desafío será demostrar que este modelo puede competir, en los hechos, con los incentivos que ofrecen la Nación y otras provincias.