El frente inesperado que une a la oposición y complica a Kicillof

El debate sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por aumentos tarifarios, cuestionamientos políticos transversales y una brecha cada vez más visible entre el objetivo formal del sistema —la seguridad vial— y la experiencia cotidiana de los conductores. La discusión ya no se limita a la utilidad técnica del control, sino que avanza sobre su costo, su impacto real en la siniestralidad y el esquema institucional que lo sostiene.

Durante febrero, el sistema volvió a actualizar sus valores con un incremento cercano al 22%, llevando el trámite para vehículos livianos a cifras que superan los 97 mil pesos. El ajuste se da en un escenario de deterioro del poder adquisitivo y con rutas provinciales y nacionales en condiciones críticas, especialmente en el interior bonaerense. Esa combinación —más exigencias y peores caminos— es uno de los motores del malestar social.

Uno de los ejes centrales del debate es el peso real de la VTV en la prevención de accidentes. Estudios de accidentología vial, tanto locales como internacionales, muestran que la mayoría de los siniestros se explican por factores humanos y deficiencias en la infraestructura, mientras que las fallas mecánicas tienen una incidencia marginal. En ese marco, la revisión técnica aparece como una herramienta acotada, insuficiente si no se la integra a políticas más amplias.

Educación vial sostenida, controles inteligentes, prevención del consumo problemático al volante e inversión en rutas y accesos seguros emergen como los grandes ausentes de la discusión. En vastas regiones del sudoeste bonaerense, circular implica convivir con trazas deterioradas, cruces peligrosos y banquinas en mal estado, una realidad que contrasta con la creciente rigidez del control vehicular.

Críticas políticas y cuestionamientos al modelo

En ese contexto, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, planteó una postura de fondo: avanzar hacia la eliminación de la obligatoriedad de la VTV en la provincia y revisar la normativa nacional que la respalda. Su planteo no se enfoca solo en el costo, sino en el sentido del sistema. “La VTV hoy no salva vidas y sí se convirtió en un negocio extraordinario”, dijo, al tiempo que remarcó que “el problema de fondo no es el auto, sino las rutas y la conducta al volante”.

Más allá del nombre propio, como ya contó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la posición de De Leo sintetiza un malestar más amplio dentro del sistema político: la dificultad de sostener un control oneroso en una provincia que no logra garantizar condiciones mínimas de circulación. En esa línea, el legislador también puso el foco en la contradicción de exigir vehículos en perfecto estado para transitar por rutas deterioradas, una lógica que —según advierte— termina erosionando la legitimidad de la política pública.

Desde la UCR, el diputado Diego Garciarena vinculó el aumento de la VTV con el contexto comunicacional del oficialismo y cuestionó la falta de coherencia entre el discurso y la realidad. “Mientras te pasan un spot del Operativo Sol, te clavan un aumento del 22% en la tarifa de la VTV”, ironizó, y calificó a la verificación como “un trámite absolutamente inútil” si no hay controles efectivos ni inversión en seguridad vial. Además, describió rutas provinciales con “cráteres” y vehículos circulando sin condiciones mínimas, una postal que, según señaló, deslegitima el sistema.

A diferencia de la postura de eliminación total, desde La Libertad Avanza proponen un camino alternativo. El diputado Francisco Adorni impulsa un proyecto para descentralizar la VTV y habilitar a concesionarias oficiales y talleres privados a realizar los controles, con el objetivo de reducir costos y limitar aumentos futuros.

“El service que hacés también debería incluir controles de seguridad, y no se te debería secuestrar la licencia por tener la VTV vencida. Más libertad, menos curro”, planteó el legislador, quien además recordó que en los últimos cinco años el valor del trámite pasó de poco más de mil pesos a casi 100 mil. Su iniciativa apunta a modificar la Ley 13.927 y a quitarle al Ministerio de Transporte la discrecionalidad en la fijación de tarifas.

Un debate que excede la oblea

La discusión sobre la VTV expone tensiones más profundas entre Nación y Provincia, entre regulación y desregulación, y entre control estatal y costo ciudadano. También abre una pregunta incómoda para la dirigencia: ¿tiene sentido sostener un sistema rígido y caro cuando no hay una política vial coherente que lo respalde?

Con el inicio del año legislativo, la VTV vuelve al centro de la escena como algo más que un trámite anual. Se convierte en un símbolo de un Estado que exige, pero no siempre responde; que controla, pero no siempre invierte. El desafío será definir si el sistema se mantiene tal como está, si se reforma de fondo o si se avanza hacia un cambio de paradigma que priorice la seguridad real por sobre la lógica administrativa. La discusión está abierta y, esta vez, parece ir bastante más allá de una oblea pegada en el parabrisas.