Atentos, intendentes: ¿Cómo es la jugada de la UCR por los fondos que Milei le debe a la Provincia?
En un contexto de creciente tensión por la caída de recursos y la disputa abierta entre la Provincia y la Nación, el radicalismo busca que toda deuda que el Estado nacional mantenga con Buenos Aires pase automáticamente a integrar la masa coparticipable que se distribuye entre los municipios.
La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, apunta a darle marco legal a una discusión que ya empezó a escalar tanto en el plano político como en el judicial, y que tiene a los intendentes siguiendo de cerca cada movimiento.
El proyecto tiene como finalidad modificar la Ley 10.559, que regula el reparto de recursos entre la Provincia y los municipios. Hoy, los distritos reciben el 16,14% de determinados ingresos provinciales. La iniciativa radical no toca ese porcentaje, pero sí amplía la base de recursos a distribuir.
En términos concretos, busca que cualquier ingreso extraordinario que recupere la Provincia —ya sea por fallos judiciales, acuerdos o transferencias adeudadas— también llegue automáticamente a los municipios, sin depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Detrás de esa ingeniería legal hay una señal política clara: garantizar previsibilidad en medio de la incertidumbre fiscal.
El movimiento del abadismo no surge en el vacío. Llega después de que el propio Kicillof anticipara ante intendentes que parte de los fondos reclamados a la Nación podrían coparticiparse.
“Las finanzas municipales y provinciales están atravesando una crisis originada por lo que el Estado nacional ha dejado de hacer, lo que nos ha quitado y la caída de la recaudación”, afirmó.
En ese marco, el llamado a acompañar el reclamo ante la Corte Suprema no fue solo una consigna política. Fue, también, una advertencia sobre el escenario que viene: “Pedimos que cada municipio acompañe a la provincia en defensa de los jubilados y para que nos devuelvan lo que nos robaron".
Municipios en rojo: entre la urgencia y la cautela
Mientras la discusión avanza en la Legislatura, en los municipios el panorama es cada vez más ajustado. Caída de la recaudación, aumento de la demanda social y mayores responsabilidades configuran un combo que tensiona las gestiones locales.
En este contexto, la Provincia reglamentó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (Fefim), un esquema que busca contener la crisis en los distritos. El fondo se financiará con el 8% de los recursos obtenidos por endeudamiento y tendrá un piso garantizado de 250.000 millones de pesos para 2026 y 2027. El 70% se distribuirá directamente a los municipios según el CUD, mientras que el 30% restante se destinará a programas específicos.
El diseño incluye tres líneas: transporte, infraestructura y cultura, obligando a cada municipio a elegir una sola prioridad. Una decisión que busca ordenar el gasto, pero también limitar la dispersión de recursos.
El Fefim no solo responde a una necesidad financiera. Forma parte de una estrategia política más amplia del gobierno bonaerense para alinear a los intendentes detrás del reclamo contra la Nación.
En ese esquema, la eventual coparticipación de fondos recuperados aparece como un incentivo adicional. Y es justamente ahí donde el proyecto radical introduce una variable clave: quitar margen de discrecionalidad y fijar reglas claras.
Desde Saladillo, el intendente José Luis Salomón fue claro en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM: “Son fondos coparticipables que siempre ayudan, pero no nos van a salvar la vida”. Una definición que refleja el escepticismo con el que varios jefes comunales miran las promesas de alivio.
En la misma línea, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, reconoció que los recursos previstos “no son tan significativos” y que, en su caso, representan montos que “no cambian absolutamente en nada el presupuesto”. Aun así, adelantó que su distrito adherirá al esquema provincial.
Un debate que excede la coyuntura
La tensión por los recursos también se expresa a nivel nacional. En un encuentro de intendentes de distintos puntos del país, el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, pidió avanzar hacia “un nuevo Pacto Fiscal” que garantice la sostenibilidad de los municipios.
El diagnóstico es compartido: caída de la coparticipación, derrumbe del consumo, pérdida de empleo y aumento de la demanda social. Según denunciaron, solo en 2025 la Nación retuvo 120.000 millones de pesos que correspondían al interior.
El documento firmado por los intendentes habla de “asfixia financiera crítica” y expone un problema estructural: la brecha entre los recursos que recauda la Nación y las responsabilidades que terminan asumiendo provincias y municipios.