INTA y SMN: el recorte que achica el Estado donde más se lo necesita
El avance del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei sobre organismos estratégicos ya tiene efectos concretos en la provincia de Buenos Aires. El cierre de agencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los despidos proyectados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) configuran un escenario que impacta de lleno en el entramado productivo, científico y de prevención de riesgos climáticos en el principal distrito agropecuario del país.
Las decisiones se inscriben en una reestructuración más amplia del Estado que, en el caso del INTA, apunta a reducir su despliegue territorial y avanzar con la venta de activos. En paralelo, el recorte en el SMN amenaza con afectar la operatividad de un sistema clave para la anticipación de fenómenos extremos.
Menos territorio, menos asistencia
El Consejo Directivo del INTA aprobó el cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER), de las cuales 11 están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. En el norte bonaerense dejarán de operar las sedes de Vedia y Rojas, mientras que en el sur el recorte alcanza a Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.
La medida forma parte de la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, que prevé reducir la red de agencias de 299 a 252 en todo el país. El proceso incluye además la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.
La diputada provincial de la UCR-Cambio Federal Silvina Vaccarezza cuestionó el impacto del ajuste: “El cierre de 14 agencias de extensión rural del INTA en la provincia de Buenos Aires y Córdoba es una pésima noticia para productores, familias rurales y comunidades enteras, porque menos presencia territorial es menos asistencia técnica, menos desarrollo y menos oportunidades”.
En la misma línea, advirtió que “desmantelar el INTA es darle la espalda al campo y al interior del país”, y recordó que el organismo cumple un rol central en la transferencia de conocimiento técnico, desde el desarrollo de semillas hasta la mejora de prácticas productivas.
El repliegue territorial se da luego de un 2025 atravesado por tensiones institucionales. Los cambios recientes en la composición del Consejo Directivo facilitaron la aprobación de estas medidas, que habían encontrado resistencias en el Congreso y en la Justicia.
Tierras, denuncias y resistencia local
El ajuste en el INTA no se limita al cierre de agencias. La disolución de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y la desafectación de tierras abrieron un frente de conflicto con municipios bonaerenses, que comenzaron a dictar ordenanzas para frenar posibles desarrollos inmobiliarios.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, denunció que “el remate del patrimonio público” forma parte de una política sistemática “para hacer negociados”.
Desde el sector gremial, el titular de APINTA, Paulo García, sostuvo que el cierre de la EEA AMBA responde a la intención de vender terrenos “a desarrolladores de barrios privados cerrados”.
El proceso también quedó atravesado por denuncias judiciales. El titular del INTA, Nicolás Bronzovich, fue acusado por presuntas irregularidades en la venta de un inmueble y un faltante millonario, en una causa que menciona posibles delitos como fraude a la administración pública y abuso de autoridad.
Mientras tanto, más de 15 municipios avanzaron con normativas para proteger las tierras del organismo. Distritos como Ituzaingó, Luján, Berisso y Florencio Varela buscan impedir cambios de uso del suelo que habiliten emprendimientos inmobiliarios en predios históricamente destinados a la investigación y la producción.
Alertas en riesgo y conflicto gremial
En paralelo, el ajuste alcanza al Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajadores denuncian la inminente concreción de 240 despidos, lo que representaría cerca del 25% de la planta. De un total actual de 972 empleados, el organismo podría quedar con poco más de 500.
El impacto se extiende tanto a la sede central como a las estaciones del interior, incluidas las de Buenos Aires. En La Plata, donde funciona una estación clave, crece la incertidumbre sobre la continuidad operativa, al igual que en otras localidades como Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio.
Desde ATE advirtieron que el recorte “dejará al país sin alertas cuando más se necesitan”, al afectar la precisión y la capacidad de respuesta ante fenómenos severos, como las lluvias que volvieron a azotar al campo bonaerense en los últimos días y complicar los caminos rurales.
La preocupación también fue expresada en el Senado bonaerense por legisladores del Frente Renovador. “Reducir su capacidad operativa es poner en riesgo vidas y también la producción”, señalaron en un proyecto de declaración presentado por Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata. En ese sentido, subrayaron que “sin datos confiables, no hay planificación posible ni para el Estado ni para el sector agropecuario”.
Pisano agregó una advertencia que sintetiza el diagnóstico de los trabajadores: “Los propios especialistas hablan de un posible ‘apagón meteorológico’, eso significa menos prevención, menos seguridad y más incertidumbre”.
El conflicto escaló con un paro de actividades convocado por los empleados del SMN, en rechazo a las cesantías impulsadas desde el Ministerio de Defensa, en un contexto donde la reducción de personal también impacta en áreas sensibles como la aviación, la navegación y la producción agropecuaria.