Kicillof suma a la Suprema Corte en la disputa por la deuda de Milei
En un acto en Olavarría y con los jueces de la Suprema Corte bonaerense en primera fila, Axel Kicillof le pidió al Poder Judicial que acompañe el reclamo por los fondos que la Nación le adeuda a la Provincia, en una escena que expuso la tensión por los más de $14 billones en disputa.
“El torniquete aprieta cada vez más, no a los dirigentes sino a los trabajadores”, advirtió el gobernador, en una frase que buscó ponerle rostro social al conflicto fiscal. En paralelo, defendió la continuidad de la obra pública en la provincia y cuestionó el freno a las construcciones a nivel nacional.
En ese marco, la Gobernación ya realizó ocho presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por distintos conceptos: desde el Fondo de Incentivo Docente hasta recursos previsionales y compensaciones al transporte. El último reclamo incluye más de 1,13 billones de pesos vinculados al incumplimiento del Consenso Fiscal.
El mensaje no pasó inadvertido, pero tampoco obtuvo una adhesión directa. Desde la Suprema Corte bonaerense, la reacción fue cauta y con matices.
El juez Daniel Soria dejó en claro que el tribunal provincial no tiene competencia para intervenir en conflictos de naturaleza federal. “Resolvemos casos y no podría haber ninguno federal que lo resolviéramos nosotros”, explicó, marcando un límite institucional al pedido del Ejecutivo.
Sin embargo, el magistrado coincidió en el diagnóstico de fondo: la provincia de Buenos Aires arrastra un histórico rezago en materia de coparticipación. En ese punto, recordó el deterioro del Fondo del Conurbano como símbolo de un esquema que quedó desactualizado frente a las necesidades actuales.
El trasfondo: una disputa estructural por recursos
Detrás del cruce aparece un problema de larga data. La provincia más poblada del país sostiene desde hace décadas que recibe menos recursos de los que aporta, una tensión que ningún gobierno logró resolver de manera definitiva.
En ese contexto, el reclamo de Kicillof no solo apunta a recuperar fondos específicos, sino también a reinstalar el debate sobre la distribución federal de los recursos. La mención al “drama del conurbano” refuerza esa línea argumental: allí se concentran las mayores demandas sociales con una estructura de financiamiento que, según coinciden distintos sectores, resulta insuficiente.
El episodio en Olavarría dejó una señal clara: el conflicto entre Provincia y Nación ya no se limita al terreno judicial o administrativo, sino que se expande hacia un plano político más amplio.
Al mismo tiempo, expuso las dificultades del oficialismo para avanzar en otros frentes clave, como la designación de jueces en la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal funciona actualmente con solo tres integrantes sobre un total de siete cargos, lo que deja cuatro vacantes sin cubrir y condiciona su dinámica.
La designación de nuevos ministros requiere acuerdo del Senado provincial, un escenario que hoy aparece trabado por la falta de consensos en una Legislatura fragmentada y con negociaciones cruzadas.
Desde el entorno de Kicillof aseguran que la intención es avanzar con los nombramientos durante este año, en el marco de entendimientos que involucran a distintos sectores del peronismo, como el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador.
Sin embargo, la oposición también busca disputar lugares —con la UCR y La Libertad Avanza anotadas en la pelea—, lo que complejiza aún más el panorama. A esto se suma que todavía restan definir autoridades clave en el Senado, como la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, paso indispensable para tratar los pliegos y destrabar una discusión que sigue empantanada.