Katopodis, en modo candidato: activa un frente de intendentes y prepara el 2027
En medio de una escalada sostenida del costo de vida y con el precio de los combustibles como uno de los principales factores de presión, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, decidió volver a una estrategia que ya le dio visibilidad política: reunir intendentes y transformar el reclamo en una acción colectiva. La cita será el próximo martes en el Ministerio de Economía, donde una comitiva de jefes comunales buscará que Luis Caputo retrotraiga el valor de la nafta al 1º de marzo.
El movimiento no es aislado ni improvisado. Responde a un contexto donde, según distintos relevamientos, los combustibles registraron aumentos de hasta el 25% en el último mes, impactando de lleno en el transporte público, la logística y los costos productivos. En los municipios, ese efecto se traduce en servicios más caros, menor margen operativo y mayor presión social.
Katopodis apuesta a construir una escena política con peso federal. La convocatoria no se limita a intendentes bonaerenses: también incluye mandatarios de otras provincias, en busca de una foto amplia que refuerce el reclamo. Incluso, no se descarta la participación del gobernador Axel Kicillof, lo que elevaría el tono institucional del planteo.
El antecedente inmediato es la movida de 2025, cuando el ministro reunió a unos 20 intendentes y avanzó con una denuncia por el uso del Impuesto a los Combustibles, señalando desvíos en fondos que deberían destinarse al mantenimiento de rutas. Aquella acción marcó un camino: territorializar el conflicto y trasladarlo desde lo técnico a lo político.
En paralelo, la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, ya empezó a alinear posiciones. En un encuentro reciente, los jefes comunales analizaron el impacto del modelo económico en las administraciones locales. Desde ese espacio, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curuchet, sintetizó el clima: la necesidad de coordinar respuestas frente a una crisis que golpea directamente a los municipios.
El combustible como síntoma de un conflicto mayor
El reclamo por la nafta funciona, en realidad, como un disparador de una discusión más amplia. Katopodis no sólo apunta al precio en sí, sino al esquema económico del gobierno de Javier Milei, al que cuestiona por su impacto en la producción y el entramado social.
En sus intervenciones públicas, el ministro viene endureciendo el discurso. Plantea que el modelo actual “no es productivo” y advierte sobre la imposibilidad de sostener tarifas, insumos y alquileres en el actual contexto. En ese marco, el reclamo por los combustibles se inscribe dentro de una estrategia más amplia de confrontación política, pero con anclaje en problemas concretos.
La disputa entre Provincia y Nación no se agota en el precio de la nafta. Tiene un capítulo clave en la obra pública, especialmente en proyectos estructurales como el Plan Maestro del Río Salado.
Allí, el contraste es evidente: mientras la administración bonaerense avanza en obras complementarias y nuevas licitaciones, el Gobierno nacional mantiene paralizada —o con avances parciales— la etapa más crítica del esquema hidráulico. El Tramo IV, fundamental para el escurrimiento del agua en una de las principales cuencas productivas del país, sigue siendo un cuello de botella desde la paralización de 2023.
El impacto no es menor. La cuenca del Salado atraviesa 59 municipios, involucra a más de 1,5 millones de personas y condiciona la productividad de unas 17 millones de hectáreas. Cada demora, en ese contexto, tiene consecuencias económicas directas.
La convocatoria de Katopodis sintetiza una dinámica que se repite: conflictos económicos que escalan políticamente y se territorializan a través de los intendentes. El precio de la nafta, la obra pública y el manejo de fondos específicos aparecen como distintas caras de una misma tensión entre Nación y Provincia.
Con la reunión en el Palacio de Hacienda, el ministro busca algo más que una respuesta puntual sobre los combustibles. Apunta a consolidar un bloque de presión con volumen político propio, en un escenario donde los municipios empiezan a jugar un rol cada vez más activo frente al ajuste.