Presupuesto 2027: los judiciales reclaman $3,69 billones mientras la paritaria sigue pendiente
El reclamo por el Presupuesto 2027 abrió un nuevo capítulo en la negociación entre la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el gobierno de Axel Kicillof. Con la paritaria salarial pendiente de reapertura, el sindicato difundió este lunes 19 de octubre un informe que calcula en $3,69 billones los recursos necesarios para el Poder Judicial bonaerense el próximo año. La propuesta combina recomposición de ingresos, incorporación de personal, apertura de dependencias y mejoras de infraestructura.
La iniciativa llega cuando el Ejecutivo acaba de acordar un incremento del 6% para octubre y noviembre con la mayoría de los gremios estatales y docentes, pero los judiciales siguen esperando su propia mesa. La AJB, conducida por Hugo Russo, reclama que la discusión alcance también los recursos con los que funcionarán juzgados, fiscalías y defensorías durante 2027.
Una revisión salarial que quedó pendiente
La última paritaria judicial concluyó en julio, cuando las asambleas del gremio aprobaron una oferta del 7% sobre los haberes de junio: 5% para julio y 2% para agosto. Dieciséis departamentales acompañaron el acuerdo y cuatro lo rechazaron. El entendimiento incluía el compromiso de retomar las conversaciones en septiembre, pero ese mes terminó sin una actualización adicional.
La AJB presentó pedidos formales para reactivar la negociación y volvió a hacerlo el 6 de octubre ante el Ministerio de Trabajo provincial. Solicitó una convocatoria urgente para discutir salarios y abordar vacantes, carrera judicial y condiciones laborales. Al comenzar esta semana no se había anunciado una nueva oferta para el sector ni una fecha oficial de reunión.
El apuro también está relacionado con la liquidación de los haberes. Gustavo Tabernero, dirigente de la AJB Avellaneda-Lanús, advirtió que una convocatoria tardía podía dejar a los empleados judiciales sin aumento en el sueldo de octubre, que cobrarán en noviembre. El gremio necesita además tiempo para someter cualquier propuesta a consideración de sus asambleas departamentales.
La situación contrasta con los acuerdos alcanzados el viernes 16 por la administración provincial. Los gremios de la Ley 10.430 aceptaron dos tramos del 3% calculados sobre septiembre y cuatro sindicatos docentes respaldaron el mismo esquema, con reapertura en diciembre. Ese porcentaje no fue ofrecido formalmente a los judiciales y no constituye un acuerdo para su sector.
La cuenta de $3,69 billones para 2027
El nuevo documento del Centro de Investigación y Formación de la AJB coloca la discusión presupuestaria como condición para recuperar salarios y capacidad de atención. Según sus datos, el Poder Judicial representaba más del 5% del presupuesto provincial a comienzos de los años 2000, cayó al 3,22% en 2024 y llegó al 4,08% en 2026. El sindicato propone elevar gradualmente esa participación al 5% y, posteriormente, al 7% que registraba en los años ochenta.
La estimación sindical para 2027 asciende a $3.691.187 millones, equivalentes a unos $3,69 billones. Se trata de un cálculo de los recursos considerados necesarios para modificar las condiciones actuales de funcionamiento. Parte de una proyección de $2,14 billones para 2026 y suma partidas destinadas a salarios, subcategorías, personal y mantenimiento, además de una actualización inflacionaria.
El ejercicio incorpora $396.390 millones para una recomposición de la masa salarial del 20%, que la AJB plantea como adicional a los aumentos negociados periódicamente en paritarias. También prevé $99.097 millones para ampliar el sistema de subcategorías, $198.195 millones para incorporar trabajadores y $214.033 millones para reparar edificios y reforzar gastos operativos.
Al subtotal se agrega una estimación de inflación anual del 21,1% para 2027, tomada como referencia del proyecto de presupuesto nacional. La proyección busca comenzar a recuperar condiciones salariales de noviembre de 2023, sin dar por resuelta la negociación correspondiente al último trimestre de este año.
Vacantes y expedientes que se acumulan
La pérdida salarial tiene distintas intensidades dentro del escalafón. El informe calcula que el ingreso real de trabajadores de la subcategoría F se encuentra un 36% por debajo del promedio de 2019, mientras las subcategorías superiores registran retrocesos de entre 9% y 15%. La AJB propone financiar un adicional inicial para quienes tienen entre uno y cinco años de antigüedad y mejorar los porcentajes de las demás subcategorías.
El documento también señala una diferencia de 3.209 puestos entre los cargos presupuestados y el personal efectivo en 2026. A junio, además, había 105 organismos judiciales creados por ley que seguían sin funcionar, entre ellos nueve juzgados de familia, once tribunales de trabajo y nueve juzgados de garantías. Por eso el reclamo presupuestario incluye una ampliación del 10% de la planta.
La demanda de justicia creció considerablemente más rápido que la dotación de personal. En las últimas dos décadas, las causas del fuero laboral aumentaron 278%, frente a un incremento del 33% en trabajadores. En familia, entre 2010 y 2025, los expedientes crecieron 650% y la planta 151%. En los juzgados de garantías, los casos subieron 94% en diez años, mientras el personal apenas aumentó 3%.
Esa diferencia no afecta exclusivamente a quienes trabajan en tribunales. También puede traducirse en mayores tiempos de espera para personas que necesitan resolver conflictos familiares, laborales o penales. El estudio agrega otra limitación: más del 90% del presupuesto judicial se destina a remuneraciones, lo que deja un margen estrecho para equipamiento, edificios y otros gastos cotidianos.
Autarquía y una ley para negociar salarios
La discusión tiene además una dimensión institucional. En abril, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, presidida por Sergio Torres, presentó un proyecto que incorpora un régimen de autarquía financiera, una ley marco de negociación paritaria y medidas relacionadas con la cobertura de vacantes. La AJB reclama que esas iniciativas avancen para establecer reglas de negociación y administración de recursos.
El sindicato señala que los judiciales siguen sin una ley específica que regule su negociación colectiva y plantea que la autonomía presupuestaria debe acompañarse de mecanismos de participación de los trabajadores. La disputa ya había motivado protestas durante el primer semestre, además de conversaciones con la Corte y una mesa técnica para revisar aspectos de la carrera judicial.
El Ejecutivo bonaerense sostiene que la caída de la recaudación y de los recursos nacionales limita sus posibilidades de mejorar salarios. Para la AJB, sin embargo, el debate de 2027 exige decisiones sobre cuántos cargos se cubrirán, qué dependencias empezarán a funcionar y cómo se financiará la recuperación del poder adquisitivo.
Con la revisión salarial de septiembre todavía sin resolver, el gremio llega a la discusión del próximo presupuesto con una cifra concreta y una agenda más extensa que el porcentaje del siguiente aumento. La pulseada combinará las respuestas inmediatas que esperan los trabajadores con las partidas necesarias para atender una demanda judicial que sigue creciendo.