Presupuesto 2027: alivio fiscal, empleo público y obras se adelantan al debate bonaerense

El Ejecutivo todavía no giró a la Legislatura la ley de gastos ni la Impositiva, pero los pedidos ya comenzaron a acumularse. Un nuevo paquete propone cambios en Ingresos Brutos, impuestos al sector agropecuario y multas laborales, mientras los estatales reclaman cargos para avanzar con los pases a planta e Infraestructura busca asegurar partidas. 
Legislativas19 de octubre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Legislatura bonaerense
El Ejecutivo todavía no giró a la Legislatura la ley de gastos ni la Impositiva, pero los pedidos ya comenzaron a acumularse.

El Gobierno de Axel Kicillof todavía trabaja sobre el cálculo de gastos y recursos y la próxima Ley Fiscal Impositiva, pero la discusión por el Presupuesto 2027 ya empezó a tomar forma. Propuestas legislativas, reclamos sindicales, pedidos empresarios y proyectos de infraestructura comienzan a disputar un lugar en las cuentas del próximo año, mientras el Ejecutivo define cuánto margen tendrá para atender esas demandas.

El último movimiento llegó desde la Cámara de Diputados: el vicepresidente del cuerpo, Matías Civale, presentó un paquete de proyectos destinado a reducir distintas cargas que afectan a PyMEs industriales, comercios y productores agropecuarios. El objetivo declarado es que esas iniciativas sean incorporadas a la negociación presupuestaria y tributaria de 2027. El planteo incluye modificaciones sobre Ingresos Brutos, retenciones y percepciones, devolución de saldos a favor, billeteras virtuales, actividad industrial y agropecuaria y multas laborales.

La presión tributaria sobre la producción ya había abierto durante agosto un contrapunto entre la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y ARBA; los estatales marcharon a la Legislatura para reclamar partidas para miles de pases a planta; Infraestructura comenzó a construir una cartera de obras con horizonte 2027; y el Ejecutivo provincial sigue recalculando sus números después de haber demorado el envío para esperar las variables del Presupuesto nacional.

El proyecto todavía no llegó, pero la discusión ya empezó

El plazo previsto por la Ley de Administración Financiera bonaerense para el envío del Presupuesto venció el 31 de agosto. Antes de esa fecha, el ministro de Economía, Pablo López, comunicó a Diputados y al Senado que la Provincia demoraría la presentación porque necesitaba conocer primero las variables macroeconómicas y los recursos nacionales incluidos en el proyecto de Javier Milei.

Nación presentó su iniciativa el 15 de septiembre. El texto contempla, entre sus principales pautas, un crecimiento económico del 4% para 2027, una inflación anual proyectada del 21,1% y un tipo de cambio promedio de alrededor de $1.728. Esos parámetros tienen incidencia sobre la estimación bonaerense de recaudación, coparticipación, gastos y transferencias.

La respuesta provincial llegó pocos días después. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó las previsiones nacionales como “un dibujo” y señaló que, pese a las diferencias con esas estimaciones, Buenos Aires debía utilizarlas como una de las referencias para terminar sus propias cuentas.

“Todos estos años las proyecciones fueron un dibujo, no le pegaron a nada”, sostuvo el funcionario. También anticipó que la presentación bonaerense se realizaría “más temprano que tarde”, sin precisar una fecha.

Un nuevo paquete para meter los impuestos en la negociación

En ese escenario apareció la iniciativa de Civale. El legislador radical presentó una serie de proyectos orientados a intervenir sobre distintos mecanismos tributarios y financieros que, según fundamentó, afectan el capital de trabajo y la competitividad de las empresas bonaerenses.

“Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía bonaerense. Generan empleo, producen, invierten y sostienen buena parte de la actividad económica de nuestras ciudades”, sostuvo.

Civale vinculó la situación actual de esos sectores con las políticas económicas nacionales y planteó que la Provincia debe generar mejores condiciones para sostener producción, actividad y puestos de trabajo.

El paquete no propone una única rebaja generalizada. Está dividido en medidas específicas. Una iniciativa plantea suspender transitoriamente determinadas retenciones y percepciones de Ingresos Brutos. Otra propone que, una vez finalizada esa suspensión, existan topes graduales para evitar que los pagos anticipados terminen superando de manera reiterada la obligación impositiva definitiva de una empresa. También busca acelerar la devolución o compensación de saldos a favor generados cuando un contribuyente acumuló retenciones y percepciones por encima del impuesto que finalmente debía pagar.

“Muchas PyMEs terminan acumulando créditos fiscales mientras necesitan recursos para pagar salarios, comprar insumos o sostener su actividad”, explicó Civale.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Ingresos Brutos, otra vez en el centro

La discusión tiene un punto especialmente sensible: Ingresos Brutos es la principal fuente de recaudación tributaria propia de la Provincia. Durante el primer semestre de 2026 aportó $6,283 billones, sobre un total de $8,362 billones recaudados mediante impuestos provinciales.

En términos nominales, la recaudación por ese tributo creció 29,6% respecto del mismo período de 2025. Descontada la evolución de los precios, sin embargo, el Ministerio de Economía registró una caída real del 2,5%.

La merma estuvo asociada al comportamiento de actividades de gran peso sobre la base imponible, particularmente industria y comercio. Por eso cualquier modificación significativa del impuesto tiene una segunda discusión inmediata: cómo evitar una caída de los recursos provinciales.

La cuestión ya había sido instalada por UIPBA. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la entidad industrial acercó en agosto a Augusto Costa y al titular de ARBA, Cristian Girard, una reforma gradual que tiene como objetivo final llevar Ingresos Brutos a cero para la actividad manufacturera.

Para las micro y pequeñas industrias, la propuesta empresaria contempla una alícuota del 0% y elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el tope de facturación para acceder al beneficio. Para las medianas plantea una reducción de 0,5 puntos porcentuales por año durante tres ejercicios, mientras que en las grandes empresas propone una baja de 0,3 puntos anuales.

El estudio presentado por la organización calculó una presión efectiva de Ingresos Brutos equivalente al 4,7% del valor agregado industrial bonaerense, frente al 3,5% estimado para Córdoba y el 3,6% para Santa Fe. La medición incorpora el efecto acumulativo del tributo a lo largo de las cadenas productivas.

Girard no rechazó la discusión. El titular de ARBA reconoció que existe margen para avanzar hacia un sistema con menor peso de impuestos distorsivos, aunque puso el foco en los tiempos y en la necesidad de preservar los ingresos fiscales.

“Primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”, sostuvo.

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Industria: una reducción transitoria

Una de las iniciativas presentadas por Civale propone específicamente una reducción temporal de la carga de Ingresos Brutos sobre la actividad industrial. El planteo aparece en un escenario productivo distinto al de comienzos del año. El último informe PulsoPBA, elaborado por Banco Provincia, estimó que la economía bonaerense acumuló dos trimestres consecutivos de contracción: -0,4% entre abril y junio y -1,6% entre julio y septiembre.

En septiembre, la actividad provincial cayó 0,9% interanual. La industria manufacturera retrocedió 2,1%; el comercio, 3,5%; transporte y comunicaciones, 2,3%; y la intermediación financiera, 8,3%.

El sector agropecuario, en cambio, avanzó 3,5%, mientras la construcción mostró una mejora del 4,9%. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el deterioro fabril tiene además una trayectoria más larga.

Entre mayo de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 1.306 unidades productivas radicadas en Buenos Aires, según datos difundidos por UIPBA, mientras la pérdida de empleo industrial provincial llegó a 41.975 puestos durante ese período. Las cifras corresponden al relevamiento empresario. Ese escenario es uno de los fundamentos utilizados ahora para intentar incorporar medidas tributarias al paquete 2027.

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Civale plantea actualizar el mínimo no imponible y revisar las alícuotas aplicables a determinadas actividades del sector agropecuario. 

Por otro lado, el sector agropecuario tiene un capítulo propio entre las propuestas. Civale plantea actualizar el mínimo no imponible y revisar las alícuotas aplicables a determinadas actividades, con el argumento de adecuarlas a la evolución de los valores de producción y facturación.

“No se trata de plantear una discusión entre impuestos sí o impuestos no. Se trata de encontrar un equilibrio que permita garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Provincia y, al mismo tiempo, acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo”, sostuvo el diputado.

Billeteras virtuales y pagos digitales

Otro proyecto pone el foco en los nuevos medios de pago. La propuesta apunta a evitar retenciones y percepciones consideradas indebidas en operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y otras plataformas digitales, especialmente cuando terminan generando saldos fiscales a favor.

El crecimiento de esos mecanismos de cobro incorporó en los últimos años nuevas modalidades de retención automática. El objetivo del paquete es revisar los parámetros para que un movimiento de fondos no produzca adelantos impositivos que después deban ser recuperados mediante procedimientos administrativos.

Ese punto vuelve a enlazarse con la discusión más amplia sobre capital de trabajo. Civale sostiene que la acumulación de saldos fiscales afecta especialmente a pequeñas firmas con menor acceso al crédito y menor margen financiero.

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La agenda tributaria se completa con una iniciativa vinculada con el Ministerio de Trabajo bonaerense. El proyecto propone crear una moratoria para regularizar multas laborales y modificar las condiciones para impugnar esas sanciones.

Uno de los puntos busca que las empresas puedan recurrir una multa sin tener que abonar previamente el 100% del monto cuestionado. “Simplificar procedimientos, mejorar el acceso al capital de trabajo y darles previsibilidad a nuestras empresas son decisiones que pueden contribuir a sostener la actividad y el empleo”, afirmó.

La caja provincial que llega a la discusión

La capacidad de introducir alivios tributarios deberá cruzarse con el estado actual de las cuentas. La ejecución del primer semestre de 2026 registró $20,74 billones de ingresos y $21,62 billones de gastos.

El resultado económico fue positivo en $58.335 millones, pero el resultado primario arrojó un déficit de $149.297 millones y el financiero terminó con un rojo de $876.057 millones.

Uno de los datos centrales aparece en los recursos. Los impuestos provinciales aportaron $8,362 billones y los tributos de origen nacional otros $7,507 billones.

La Coparticipación Federal alcanzó $6,956 billones, pero cayó 4,3% en términos reales frente al primer semestre de 2025. También aumentó el costo financiero. Los intereses pasaron de $456.494 millones a $726.760 millones, una suba nominal del 59,2%.

Al mismo tiempo, los gastos de capital totalizaron $971.008 millones y se redujeron 8,1% nominal interanual. Esas cifras forman parte de la base sobre la que Economía deberá definir cuánto margen existe para bajar cargas, aumentar partidas y mantener programas durante 2027.

Kicillof y López.
El gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Economía Pablo López.

Los estatales ya llevaron su propio pedido

La tributaria no es la única agenda que llegó anticipadamente al Presupuesto. El 7 de octubre, ATE realizó un paro y marchó a la Legislatura bonaerense para exigir que las cuentas del próximo año incorporen cargos destinados a continuar los procesos de pase a planta permanente.

Provincia y gremios habían acordado en julio avanzar con la regularización de más de 8.000 trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025.

ATE sostiene que, al contabilizar distintas modalidades laborales pendientes, el universo alcanza aproximadamente a 14.000 personas. Ese segundo número corresponde a una estimación sindical.

La organización también reclama recuperación salarial, recategorizaciones, fortalecimiento de la carrera administrativa, un convenio colectivo para el empleo público, incorporación de personal en áreas críticas y partidas para el Consejo del Salario Municipal.

“El Presupuesto debe servir para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales”, planteó ATE.

Infraestructura abrió otro capítulo antes del ingreso formal del proyecto. Durante los últimos meses, el ministerio que conduce Gabriel Katopodis desarrolló encuentros regionales para elaborar un plan de infraestructura con horizonte de diez años.

La Provincia busca convertir parte de esas prioridades en partidas concretas para 2027. Entre los temas analizados aparecen rutas, caminos productivos, redes eléctricas y de gas, obras hidráulicas, agua y cloacas, logística, infraestructura educativa y proyectos que habían comenzado con financiamiento nacional.

Uno de los casos centrales es el Plan Maestro del Río Salado. El gobierno bonaerense también analiza asumir o completar determinadas intervenciones discontinuadas por Nación, entre ellas proyectos universitarios, viviendas, centros de desarrollo infantil y obras viales.

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