La Argentina de los trabajadores pobres: los salarios privados vuelven a perder contra la inflación
Los salarios de los trabajadores privados registrados volvieron a caer en marzo y ya acumulan tres meses consecutivos en baja, según un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín. El dato confirma una tendencia que se profundiza en el arranque de 2026: el poder adquisitivo no logra recuperarse y queda rezagado frente a la inflación.
Durante el primer bimestre del año, las paritarias pactaron aumentos del 1,7% en enero y del 0,8% en febrero. Sin embargo, la inflación acumulada en ese período alcanzó el 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida real para los trabajadores.
El problema no se limita a los primeros meses del año. Parte del deterioro actual se explica por la aceleración inflacionaria registrada hacia fines de 2025, que dejó desactualizados varios acuerdos salariales firmados previamente.
Para marzo, la situación no mejora: los incrementos previstos rondan el 2,3%, mientras que las estimaciones del Banco Central ubican la inflación cerca del 3%. Si estos números se confirman, será el tercer mes consecutivo en el que los precios crecen por encima de los salarios.
Otros relevamientos refuerzan el mismo diagnóstico. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios reales continúan deteriorándose y se ubican más de un 5% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
Incluso, al ajustar el cálculo con una canasta de consumo más representativa de los hogares, la caída es aún más marcada: los salarios de convenio muestran una pérdida del 15%, mientras que el promedio del sector privado registrado estaría casi un 10% por debajo de aquel período.
Menos conflicto, pero más fragilidad
A pesar del deterioro del poder adquisitivo, la conflictividad laboral se mantiene en niveles históricamente bajos. Durante 2025 se registró la menor cantidad de huelgas desde al menos 2006.
Lejos de interpretarse como un escenario de conformidad, los especialistas advierten que este fenómeno responde a un contexto adverso: el temor a perder el empleo limita la capacidad de reclamo de los trabajadores.
El panorama hacia adelante tampoco es alentador. El Indicador Predictivo del Empleo anticipa caídas mensuales de entre 0,1% y 0,2% en el primer trimestre del año, en línea con la tendencia de 2025.
Este desacople entre actividad económica y generación de empleo responde a factores estructurales: un modelo productivo con baja capacidad de absorción de mano de obra y un entramado industrial debilitado. Aun con crecimiento, no hay garantías de mejora en el empleo.
El contraste: suba de sueldos en el gabinete
Mientras los salarios del sector privado pierden terreno, el Gobierno avanzó con una fuerte recomposición en los sueldos de funcionarios nacionales. A través del DNU 931/2025, la administración de Javier Milei dispuso incrementos que prácticamente duplican los ingresos de ministros, secretarios y subsecretarios en los primeros meses de 2026.
Los ministros, que hasta diciembre de 2025 percibían $3,5 millones brutos, pasarán a cobrar más de $7,9 millones en mayo y superarán los $8 millones en junio. Los secretarios verán sus ingresos subir a más de $7,3 millones, mientras que los subsecretarios superarán los $6,6 millones.
Según la información oficial, estos incrementos superan la inflación acumulada en lo que va del año, aunque el Gobierno sostiene que aún no compensan completamente la suba de precios desde el inicio de la gestión.
Desde la Casa Rosada argumentan que la medida apunta a garantizar “funcionarios profesionalizados” y evitar la fuga de cuadros técnicos al sector privado. También señalan que los salarios venían rezagados frente a una inflación acumulada superior al 190% desde la asunción presidencial.
Sin embargo, la decisión expone una tensión evidente: el discurso inicial de ajuste sobre la política convive ahora con una recomposición salarial en la cúpula del Estado.
El aumento de los funcionarios contrasta con los ingresos del resto de la economía. Según datos recientes, el salario promedio estatal ronda los $1,2 millones, mientras que la remuneración promedio formal se ubica en torno a $1,6 millones.
La brecha también se observa frente a otros sectores del poder: senadores con ingresos cercanos a los $11,6 millones y jueces de la Corte Suprema con básicos de casi $10 millones.