Colectivos: ¿Qué acordó la Provincia con las empresas para destrabar el conflicto?

En un escenario donde cada viaje se volvió una odisea cotidiana para millones de usuarios, la Provincia de Buenos Aires decidió intervenir con más recursos para evitar un colapso mayor del sistema de colectivos en el AMBA. El gobierno de Axel Kicillof confirmó un refuerzo extraordinario de subsidios para las empresas del sector, en un intento por amortiguar el impacto de la suba de costos y descomprimir el conflicto que mantiene paralizado parcialmente el servicio.

La medida llega en un momento crítico: frecuencias reducidas, incertidumbre en los recorridos y un malestar creciente entre trabajadores que dependen del transporte público para llegar a sus empleos. El trasfondo, sin embargo, es más profundo y excede lo operativo: se trata de una disputa política y financiera entre Provincia y Nación que lleva meses sin resolución.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó un encuentro con las principales cámaras empresarias del sector, acompañado por el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y el subsecretario Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo. Allí, además de escuchar los planteos del sector, confirmó que el subsidio de abril será adelantado y tendrá un incremento excepcional del 65%, por encima del 50% habitual.

“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, sostuvo Marinucci.

El mensaje no fue casual. Desde La Plata apuntan directamente al gobierno nacional por el desfinanciamiento del sistema, en particular por las partidas vinculadas a los atributos sociales, que impactan de lleno en la ecuación económica de las empresas.

Costos en alza y un sistema bajo presión

Las compañías transportistas vienen advirtiendo que el aumento del combustible y la escalada general de costos están “haciendo estragos” en la estructura financiera del sector. Esa presión se traduce en recortes de servicio como mecanismo de supervivencia, lo que termina afectando de forma directa a los usuarios.

Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), confirmó que la Provincia ya acreditó parte de los subsidios y que continúan las gestiones para destrabar fondos pendientes a nivel nacional. “Avanzamos en el análisis de partidas, principalmente las que debe pagar Nación. Vamos a seguir en esa línea”, explicó.

En paralelo, se acordó avanzar en una mesa técnica para definir la estructura de costos del segundo cuatrimestre, con el objetivo de dar previsibilidad a un sistema que hoy funciona al límite.

Más allá de la urgencia, el conflicto expone una discusión estructural: quién financia el transporte en el AMBA y bajo qué condiciones. La Provincia sostiene que viene absorbiendo un esfuerzo creciente para sostener el servicio, pero advierte que ese esquema es insostenible si la Nación no cumple con sus obligaciones.

“Estamos trabajando para sostener al sector. Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes”, remarcó Marinucci.

La frase sintetiza la estrategia política del gobierno bonaerense: posicionarse como garante del funcionamiento del sistema frente a un gobierno nacional que, según denuncian, se desentiende del problema.

Desde el sector empresario, el diagnóstico es igual de contundente. Luciano Messina, secretario de la Cámara de Transporte bonaerense, sostuvo que la restricción del servicio “no es un plan de lucha” sino una consecuencia inevitable de un sistema “enfermo”. Según explicó en una entrevista reciente, el problema no comenzó con el último aumento del gasoil sino que responde a un deterioro acumulado desde al menos 2016.

Los números son elocuentes. Hoy las empresas operan con un déficit de cobertura de costos cercano al 40%. La recaudación total —entre tarifa y subsidios— ronda los 1.400 pesos por pasajero, mientras que el costo real del viaje oscila entre 2.100 y 2.500 pesos. La brecha, imposible de sostener en el tiempo, se traduce en pérdida de unidades: el parque automotor del AMBA cayó de 18.500 colectivos a apenas 16.500 en tres años.

“Hoy las empresas están de rodilla, el sistema tendría que estar paralizado”, advirtió Messina, al tiempo que remarcó que la prioridad sigue siendo evitar que los usuarios queden sin servicio. “Estamos dando el servicio que podemos”, sintetizó.

El impacto es visible en las calles: menos unidades, más espera y creciente malestar entre usuarios.  La expectativa ahora está puesta en las negociaciones con Nación y en si el refuerzo de subsidios logra, al menos en el corto plazo, normalizar las frecuencias.

El desenlace, sin embargo, parece lejos de resolverse. El transporte se convirtió en otro frente de la disputa entre Provincia y Nación, con un costo político creciente y un impacto directo en la vida cotidiana.