La Corte le da aire a Kicillof y fija fecha límite para que pague la Anses
Kicillof, López, y Pérez Teruel en las escalinatas de la Corte Suprema.
La Corte Suprema puso fecha: el 10 de junio, el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta concreta para saldar la deuda previsional con la provincia de Buenos Aires, estimada en más de $2,3 billones.
El gobernador Axel Kicillof llegó este martes al máximo tribunal con el objetivo de forzar a la Nación a pasar de las dilaciones a los números. La deuda por la caja jubilatoria es uno de los reclamos más pesados dentro de un paquete que ya supera los $15 billones en disputa.
El resultado dejó un dato político central: por primera vez desde que se abrió el conflicto, la Corte logró encauzar la discusión y obligar a la Casa Rosada a definir si está dispuesta a regularizar los fondos o sostener la confrontación.
“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago”, sostuvo Kicillof tras el encuentro.
El gobernador estuvo acompañado por parte de su mesa chica en materia económica y jurídica: el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Del lado nacional participaron funcionarios de la ANSES y del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, en un encuentro que reunió a los principales actores técnicos de un conflicto con fuerte impacto político.
El trasfondo: ajuste, DNU y recorte de transferencias
Detrás del reclamo previsional aparece una trama más amplia. La Provincia denuncia que la deuda se originó tras la interrupción de transferencias obligatorias a cajas no transferidas, una decisión que se profundizó con el DNU 280 firmado por el presidente Javier Milei en marzo de 2024.
Según la administración bonaerense, ese esquema dejó de actualizar montos y generó un desfasaje que incluye anticipos sin ajustar, diferencias en ejercicios anteriores y fondos directamente no girados. En paralelo, el recorte de partidas no automáticas y la paralización de la obra pública agravaron la situación fiscal.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sintetizó el cuadro: “Esperamos llegar a la audiencia de junio con una propuesta de solución. Al recorte de transferencias se suma la caída de la recaudación producto de la crisis, lo que genera una enorme presión sobre las finanzas provinciales”.
Más que jubilaciones: una disputa estructural
El conflicto no se agota en el sistema previsional. La Provincia amplió su ofensiva judicial con otros siete reclamos que incluyen fondos para seguridad, transporte, educación, políticas ambientales y acuerdos fiscales incumplidos.
En ese marco, el reclamo por la coparticipación vuelve a aparecer como telón de fondo. Desde La Plata insisten en que Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional pero recibe apenas el 7%, un desequilibrio histórico que condiciona cualquier discusión fiscal.
La estrategia de Kicillof parece clara: utilizar el caso previsional como punta de lanza para instalar una discusión más amplia sobre el reparto de recursos y el impacto del ajuste nacional en el territorio bonaerense.
Mientras la disputa avanza en tribunales, el impacto ya se siente en la gestión cotidiana. El recorte de programas nacionales obligó a la Provincia a reforzar partidas propias, especialmente en áreas sensibles.
En las últimas horas, el gobierno bonaerense anunció un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes, y subas del 25% en programas sociales, además de duplicar la asistencia alimentaria a municipios.
Kicillof también apuntó contra el recorte de políticas sanitarias y alimentarias: “Cortaron la ayuda en medicamentos y alimentos. Esa demanda no desaparece: recae sobre la Provincia y los municipios”.
La Corte, entre la mediación y la definición
El rol del máximo tribunal empieza a adquirir centralidad política. La fijación de plazos y la convocatoria a audiencias sugieren una estrategia de mediación activa, pero con potencial de escalar hacia decisiones más contundentes si no hay acuerdo.
En La Plata leen el movimiento como una oportunidad: si la Nación no presenta una propuesta satisfactoria, la Corte podría avanzar con medidas cautelares que obliguen a reanudar transferencias o fijar esquemas de pago.
El 10 de junio, entonces, no será solo una fecha administrativa. Será una prueba de hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno nacional y cuánto margen tiene la Provincia para sostener su reclamo en un contexto de tensión fiscal creciente.