La crisis aprieta: municipios, Iglesia y Provincia frente a una demanda social que no deja de crecer

La profundización de la crisis económica ya tiene una traducción concreta en los barrios bonaerenses. Municipios del conurbano y del interior, organizaciones sociales, comedores comunitarios e incluso la Iglesia Católica coinciden en un mismo diagnóstico: cada vez más familias necesitan ayuda para alimentarse, acceder a medicamentos o afrontar gastos básicos.

Frente a ese escenario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió ampliar las políticas alimentarias y reforzar la inversión en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), al tiempo que cuestiona el impacto que, según sostiene, generan los recortes nacionales.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, concretó nuevas entregas de equipamiento para 38 establecimientos educativos de Benito Juárez, Maipú y San Andrés de Giles, con una inversión superior a 24 millones de pesos destinada a fortalecer los comedores escolares.

La iniciativa forma parte de una política que, desde su implementación, ya permitió equipar más de 7.500 escuelas públicas mediante una inversión superior a 8.500 millones de pesos, incorporando cocinas, hornos pizzeros, heladeras, freezers, termotanques, procesadoras, batidoras, utensilios y vajilla para mejorar las prestaciones alimentarias que reciben millones de estudiantes bonaerenses.

La Provincia apuesta a fortalecer los comedores escolares

Las nuevas entregas alcanzaron a 25 escuelas de Benito Juárez, donde más de 5.000 estudiantes reciben el Servicio Alimentario Escolar; a cinco establecimientos de Maipú, distrito en el que el programa beneficia a 2.297 alumnos; y a ocho instituciones de San Andrés de Giles, donde actualmente son 5.426 los destinatarios.

Además del equipamiento, la estrategia provincial contempla capacitaciones para auxiliares y el trabajo territorial de equipos de nutricionistas con el objetivo de mejorar la calidad de los desayunos, almuerzos y meriendas que se brindan diariamente en las escuelas.

El director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, sostuvo que "en un contexto de retracción de los recursos nacionales destinados a las políticas sociales, por decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque, el Servicio Alimentario Escolar es una política de Estado que seguimos sosteniendo con inversión y trabajo en los 135 distritos bonaerenses".

Los municipios describen un escenario cada vez más complejo

El refuerzo de estas políticas coincide con un incremento sostenido de la demanda social que distintos intendentes vienen describiendo en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. Desde el interior bonaerense, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, explicó que la situación económica atraviesa todas las áreas de la gestión municipal.

"El vecino quiere soluciones. Está la cuestión laboral, el poder adquisitivo al que ya no llegan, y eso viene arrastrado después con la educación, la salud, todas esas variables", afirmó.

El jefe comunal agregó que el impacto ya se refleja con claridad en los servicios municipales. "La mayor demanda de alimentos se nota, la mayor demanda de remedios en el caso de salud, prótesis o cierta cirugía se nota", aseguró.

Una evaluación similar realizó el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, quien advirtió que "aumentaron mucho los costos de los medicamentos, de los insumos, y cada vez también es mayor la demanda de gente que tal vez antes no tenía necesidad de recurrir al municipio".

En el conurbano la tendencia también se profundiza. Municipios como Ituzaingó, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús reportan un crecimiento sostenido de la asistencia alimentaria, un incremento de las consultas sanitarias, mayor endeudamiento de las familias y dificultades para sostener la actividad comercial.

La Iglesia advierte que la demanda también alcanzó a sectores medios

La preocupación también quedó reflejada en los encuentros que mantuvo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con autoridades de la Iglesia Católica.

Larroque recibió al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara; al presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera; y a representantes de Cáritas Región Buenos Aires para evaluar el trabajo conjunto que desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Tras la reunión, el ministro destacó que realizaron "un balance del trabajo articulado" y analizaron el refuerzo de distintas políticas sociales "ante la crítica situación que atraviesa nuestra comunidad".

Según explicó la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, durante el encuentro los representantes eclesiásticos describieron una realidad especialmente preocupante.

La funcionaria aseguró que las diócesis observan una situación "muy compleja", con organizaciones comunitarias afectadas por la falta de actualización de fondos nacionales y una demanda creciente que incluso alcanza a familias cuyos hijos concurren a escuelas parroquiales.

Meglia sostuvo que "explota la demanda de familias e incluso las familias de pibes que van a las escuelas parroquiales", al tiempo que destacó la decisión provincial de actualizar distintos programas sociales para sostener la asistencia.

Las señales de alarma también fueron transmitidas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) durante un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

La organización describió un escenario atravesado por el endeudamiento de las familias, el crecimiento del narcotráfico, el aumento de las adicciones y el deterioro de la salud mental en los barrios populares.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, cuestionó la situación económica al sostener que "mientras el gobierno nos miente diciendo que Argentina está creciendo, en nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones".

También afirmó que el estancamiento de los ingresos está generando mayores dificultades para las familias trabajadoras y profundizando la crisis social.

Una inversión que busca sostener la asistencia frente a una demanda creciente

En paralelo al fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar, la Provincia informó que durante este año destinó más de 330.000 millones de pesos al programa Módulo Alimentario Territorial (MATE), mediante el cual distribuyó más de 75 millones de kilos de alimentos y 11 millones de kilos de leche en polvo.

A eso se suma una inversión superior a 775.000 millones de pesos destinada al SAE y al programa MESA, que alcanzan a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses.

Desde el Gobierno provincial sostienen que estas políticas buscan amortiguar el crecimiento de la demanda social que, según afirman, se profundizó como consecuencia del escenario económico nacional.

En esa línea, Larroque afirmó que "el rumbo económico de Milei tiene un impacto cada vez más fuerte en la economía de las familias" y aseguró que ese proceso "se refleja también en un aumento de la demanda alimentaria". Además, sostuvo que la Provincia continúa reforzando la asistencia porque, según planteó, "el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses recursos que les corresponden por ley".