La crisis del PAMI pone a Lugones bajo presión: médicos advierten por el colapso sanitario en la Provincia
El conflicto por la atención de los jubilados afiliados al PAMI abrió un nuevo frente institucional para el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires denunció el deterioro de la red prestacional, cuestionó la falta de respuestas oficiales y alertó que las interrupciones de servicios privados pueden trasladar pacientes a hospitales bonaerenses.
El pronunciamiento ya no se limita a reclamar mejores honorarios: señala responsabilidades de las máximas autoridades sanitarias y advierte sobre una crisis que podría desbordar el sistema público.
La advertencia llegó mientras médicos de cabecera y odontólogos cumplían un paro nacional de 96 horas, entre el martes 13 y el viernes 16, por los valores que paga el organismo. Con las consultas programadas afectadas, el conflicto volvió a poner en discusión la continuidad de la atención cotidiana de jubilados y pensionados, especialmente de quienes necesitan controles frecuentes, medicamentos o derivaciones.
Del reclamo económico a la acusación institucional
En su segundo comunicado de octubre, el Consejo Superior del Colegio endureció su posición frente al Gobierno nacional. Calificó la situación del PAMI como un proceso de desfinanciamiento y deterioro de las prestaciones y sostuvo que el argumento del ordenamiento fiscal no justifica la pérdida de capacidad asistencial. La entidad definió ese escenario como una política de “asfixia programada” sobre prestadores y profesionales.
El cuestionamiento alcanzó a la conducción sanitaria que encabeza Lugones. El Colegio denunció falta de diálogo, obstáculos en las vías institucionales y una tendencia a derivar el problema hacia otros organismos, pese a considerar que se trata de una responsabilidad propia del Ministerio de Salud. En el documento incluso habló de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de las máximas autoridades nacionales.
El planteo coloca la disputa en un terreno más amplio que el habitual conflicto por las cápitas. El Colegio sostiene que clínicas, sanatorios y consultorios deben afrontar gastos en descartables, medicamentos, personal e infraestructura mientras los pagos permanecen retrasados o resultan insuficientes. La entidad advirtió que exigir prestaciones a pérdida puede llevar a restricciones graduales, suspensión de convenios y deterioro de la atención.
Los hospitales bonaerenses, ante una demanda creciente
La principal advertencia provincial apunta al destino de quienes dejan de obtener una prestación en la red contratada por el PAMI. Cuando una clínica restringe servicios o un sanatorio interrumpe convenios, parte de esos pacientes recurre a hospitales públicos provinciales y municipales. Allí deben ser recibidos junto con una demanda que ya incluye emergencias, internaciones y atención de personas sin cobertura.
El Colegio calificó ese fenómeno como un “colapso inducido”: un problema de financiamiento en la cobertura nacional que termina sumando presión sobre guardias y camas públicas. La entidad alertó que la derivación de adultos mayores, muchos con enfermedades crónicas o necesidades de alta complejidad, puede demorar tratamientos y fragmentar el seguimiento médico.
En septiembre, la Provincia había informado una situación crítica en el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende, de Mar del Plata, donde se registraron 45 pacientes en la guardia y otros 17 esperando una derivación de mayor complejidad, sin camas disponibles. El Ministerio de Salud bonaerense vinculó parte de esa presión con dificultades para atender afiliados del PAMI en establecimientos privados que antes absorbían esa demanda.
El ministro provincial Nicolás Kreplak ya había señalado que los problemas de las coberturas nacionales no quedan encerrados en sus padrones: terminan repercutiendo en hospitales financiados por la Provincia y los municipios. La consecuencia es doble, porque los jubilados encuentran más obstáculos para acceder a la atención y los efectores públicos deben destinar recursos a una demanda adicional.
Julio Dunogent, secretario general del Colegio de Médicos bonaerense, advirtió que las dificultades alcanzan también a odontólogos, bioquímicos, farmacias y centros de diagnóstico. Cuestionó las demoras para conseguir medicamentos, turnos y estudios, y sostuvo que el problema excede la remuneración profesional: si las prestaciones se vuelven inaccesibles, se resiente el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Cuatro días de paro y una discusión que sigue abierta
La protesta de APPAMIA, la organización de profesionales que atienden afiliados del PAMI, se desarrolló después de otra huelga de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Durante la medida más reciente se mantuvieron urgencias, mientras que las consultas habituales y numerosos turnos programados fueron suspendidos o reprogramados según la adhesión de los prestadores.
La asociación cuestiona el esquema de pagos por cápita, es decir, una suma mensual por cada afiliado asignado al profesional. Sus representantes señalaron que los médicos de cabecera perciben alrededor de $2.700 por paciente y reclaman elevar esa cifra a $4.500. Los odontólogos denunciaron remuneraciones todavía menores y exigieron una actualización que permita afrontar los costos de los consultorios.
El conflicto tiene un antecedente en la reforma del esquema de retribuciones aplicada en abril, cuando el PAMI trasladó determinadas prestaciones al pago capitado. El organismo presentó entonces los cambios como una simplificación administrativa y una reorganización del modelo, mientras los profesionales sostuvieron que la eliminación del cobro separado de algunas consultas deterioró sus ingresos reales.
Al cierre del paro, la discusión seguía sin una salida aceptada por APPAMIA. La entidad informó que había recibido una propuesta para elevar la cápita médica a $3.000, pero la consideró insuficiente. En La Plata, durante la protesta, se reprogramaron turnos no urgentes, una muestra concreta de cómo la controversia económica llega a la atención de los afiliados.
Reclamo a Nación y posible frente judicial
El Colegio exige una mesa de negociación entre el Ministerio de Salud, las autoridades del PAMI y los prestadores; la actualización inmediata de los valores de las prestaciones; el pago de las deudas; y garantías para la continuidad de los servicios. Son pedidos que ya aparecían en su comunicado del 7 de octubre, pero que ahora se acompañan de cuestionamientos más severos a la conducción nacional.
En paralelo, algunas instituciones prestadoras evalúan acudir a la Justicia frente a los incumplimientos que denuncian. No se informó sobre una presentación judicial concretada contra Lugones, pero el señalamiento del Colegio sobre los deberes de las autoridades sanitarias incorporó una dimensión jurídica a un conflicto que hasta ahora se expresaba principalmente en comunicados y medidas de fuerza.
La discusión queda así planteada en dos niveles: los prestadores reclaman condiciones económicas para sostener consultorios y sanatorios, mientras el Colegio advierte que el deterioro de esa red deja a los jubilados con menos opciones y multiplica las demandas sobre hospitales provinciales y municipales. La respuesta que reclama la institución ya no se limita a los pagos: incluye la continuidad efectiva de la atención para los afiliados del PAMI.