Nuevo round: Kicillof se planta en la Corte por la deuda de $2,2 billones de ANSES

Este martes, el gobernador Axel Kicillof se presentará ante la Corte Suprema en una audiencia clave por la deuda previsional que la Nación mantiene con la Provincia y que ya supera los $2,2 billones.

El conflicto tiene una base técnica compleja, pero consecuencias políticas evidentes. Buenos Aires integra el grupo de jurisdicciones que no transfirieron sus sistemas jubilatorios a la órbita nacional, lo que obliga al Estado nacional a compensar sus déficits mediante un esquema de anticipos y auditorías.

Desde la administración bonaerense sostienen que toda la información requerida fue enviada en tiempo y forma, mientras que desde la ANSES argumentaron en la primera audiencia que aún no estaban concluidas las auditorías necesarias para determinar el monto exacto de las transferencias. Esa explicación fue puesta en duda por los representantes provinciales y, según reconstruyen fuentes oficiales, tampoco terminó de convencer a la Corte, que pidió avanzar hacia una propuesta concreta.

La discusión no es menor: detrás de los tecnicismos, lo que está en juego es el flujo de recursos que impacta directamente en las cuentas públicas bonaerenses. En un contexto de fuerte ajuste fiscal a nivel nacional, la interrupción de estos giros obligó a la Provincia a sostener su sistema previsional con recursos propios, tensionando aún más su estructura financiera.

La CGT apuntó contra Milei por su viaje a Israel

La primera audiencia y el cambio de escenario

El primer encuentro, realizado a mediados de marzo, dejó un dato político relevante: la carga de la prueba quedó del lado del Estado nacional. La Corte fue explícita al reclamar precisiones y otorgó un plazo para que se verificara si efectivamente faltaba información o si la Provincia ya había cumplido con los requerimientos.

En paralelo, se produjeron movimientos en la estructura de la ANSES y se abrieron canales de intercambio técnico entre ambas partes. En La Plata aseguran que esos cruces fortalecieron su posición y refuerzan la idea de que la suspensión de las transferencias responde más a una decisión política que a una imposibilidad administrativa.

La causa por los fondos jubilatorios es apenas la punta del iceberg de una disputa mucho más amplia. La provincia de Buenos Aires acumula múltiples demandas contra el Estado nacional por recortes en distintas áreas: desde el Fondo de Seguridad hasta el financiamiento del transporte, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y partidas vinculadas a obras públicas y programas específicos.

En total, según estimaciones oficiales, el volumen de recursos en discusión asciende a más de $15 billones. A eso se suma una reciente presentación por más de $1,13 billones vinculada al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos posteriores, lo que amplía el frente judicial y refuerza la estrategia de la Provincia de trasladar el conflicto al máximo tribunal.

La estrategia de Kicillof y el rol de la Corte

La decisión de Kicillof de asistir personalmente a la audiencia no es casual. En un escenario sin canales políticos abiertos con la Casa Rosada, la Provincia apuesta a que la Corte Suprema funcione como ámbito de presión para forzar una negociación.

Cerca del gobernador entienden que el máximo tribunal ya dio señales en esa dirección al exigir avances concretos en la instancia anterior. No descartan, incluso, que ante la falta de acuerdo pueda dictarse una medida cautelar que obligue a Nación a restablecer al menos parcialmente las transferencias.

Al mismo tiempo, los acuerdos que el Gobierno nacional cerró con otras provincias por situaciones similares son leídos en La Plata como un indicio de que existe margen para resolver el conflicto. La diferencia, sostienen, es política: Buenos Aires concentra casi la mitad del déficit previsional de las cajas no transferidas y su peso en la disputa la convierte en un actor central.

Más allá del resultado inmediato, la audiencia marca un punto de inflexión en la relación entre Kicillof y Milei. La judicialización del vínculo, con múltiples causas abiertas y sin diálogo político fluido, configura un escenario inédito en términos de confrontación institucional.

En ese marco, la discusión por los fondos previsionales aparece como el caso testigo. No solo por el volumen de dinero en juego, sino porque puede sentar un precedente para el resto de los reclamos en curso. La expectativa en la Provincia es que el tiempo y la presión judicial jueguen a su favor.