La calle como estrategia: intendentes marchan y redoblan la presión sobre Nación
La protesta dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en una herramienta sistemática. Los intendentes bonaerenses decidieron trasladar el conflicto con la Casa Rosada al terreno más visible: la calle. La nueva movilización prevista hacia el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, no solo busca destrabar fondos clave para la asistencia social, sino también instalar un mensaje político claro: sin respuestas, el conflicto va a escalar.
La decisión surge de una lectura compartida entre los jefes comunales tras la cumbre del Partido Justicialista bonaerense encabezada por Axel Kicillof. Allí se consolidó un diagnóstico común: el recorte de recursos nacionales impacta de lleno en los municipios y obliga a modificar la lógica de reclamo. La exposición mediática ya no alcanza; la presión directa pasó a ser el camino elegido.
El núcleo del conflicto está en el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, la deuda de Nación asciende a unos 220.000 millones de pesos. El desfasaje no es menor: afecta la cobertura alimentaria de más de 2,5 millones de estudiantes en un contexto de fuerte deterioro social.
Desde la Provincia remarcan que el aporte nacional, que históricamente representaba una porción significativa del programa, hoy quedó reducido a niveles mínimos. El compromiso de cubrir el 20% quedó lejos: los giros apenas superaron el 10%. Esa diferencia recae directamente sobre las arcas provinciales y municipales.
En La Plata intentaron compensar el impacto con una suba del 30% en el SAE, refuerzos en prestaciones sociales y duplicación de asistencia a municipios. Sin embargo, admiten que el esfuerzo es insuficiente sin el acompañamiento de Nación.
De la obra pública al plato de comida
El giro es profundo. Los intendentes pasaron de reclamar infraestructura a exigir alimentos. La transición expone el impacto del ajuste nacional sobre las gestiones locales. La paralización de la obra pública, la caída de transferencias y el aumento de costos operativos reconfiguraron las prioridades.
La movilización anterior al Ministerio de Economía, encabezada por Luis Caputo, ya había marcado ese cambio. Allí el foco estuvo en la “asfixia financiera”, el freno de obras y la falta de recursos. Ahora, el eje se corre hacia la emergencia social.
“Vamos a estar acompañando la convocatoria de Larroque porque la situación se está complicando cada vez más”, dijo el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, a GRUPOLAPROVINCIA.COM. En esa línea, apuntó directamente contra la gestión de Milei: “La Nación desconoce totalmente la situación, no recorre la Provincia y no sabe cuál es la realidad”.
El jefe comunal también advirtió sobre el impacto en áreas sensibles: jubilaciones, salud, seguridad y educación, donde, señaló, la Provincia y los municipios están sosteniendo servicios con recursos propios ante el retiro nacional.
La FAM y la amenaza de judicializar el conflicto
El frente de conflicto no se limita a lo alimentario. Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, avanzan con una advertencia concreta: podrían denunciar a Luis Caputo por presunto incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
El eje técnico está en el impuesto a los combustibles. Según los cálculos de los jefes comunales, en el último año se recaudaron unos 3,5 billones de pesos para infraestructura vial. De ese total, deberían haberse transferido alrededor de 2,25 billones, pero solo se habrían girado 1,2 billones.
La diferencia —más de 1,1 billones— es el corazón de la disputa. Los intendentes sostienen que esos recursos no solo faltan en las cuentas, sino que su ausencia impacta en rutas deterioradas, obras paralizadas y mayores riesgos viales.
Interna peronista y proyección de Kicillof
La ofensiva no solo apunta a la Casa Rosada. También cumple una función interna. Axel Kicillof busca consolidarse como el principal articulador del peronismo y ordenar tensiones dentro del espacio.
La irrupción de iniciativas como la del senador Mario Ishii, con terminal política en el kirchnerismo, que propuso declarar la emergencia alimentaria en la Provincia, generó ruido en La Plata. “No nos consultaron”, deslizaron desde el entorno del gobernador, donde además buscaron encuadrar el movimiento como parte de la dinámica interna: “Es un proyecto de La Cámpora”.
El texto del senador plantea declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense, con eje en el fortalecimiento de comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), merenderos y programas de asistencia directa. Pero lo que generó ruido en la Gobernación no fue sólo el contenido, sino el enfoque: no hay menciones al presidente Javier Milei ni a los recortes nacionales.
En ese contexto, la estrategia de movilización permite al kicillofismo reposicionar el eje del conflicto: trasladar la responsabilidad al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, mostrar capacidad de conducción política.
La calle, en ese esquema, funciona como un amplificador. No solo visibiliza el conflicto, sino que también construye volumen político en un escenario de disputa por recursos cada vez más tenso.