“No es una discusión presupuestaria”: el trasfondo del reclamo bonaerense por las tierras del INTA
El gobierno de Axel Kicillof formalizó un pedido ante la administración de Javier Milei para hacerse cargo de miles de hectáreas que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) planea desafectar en el marco de su proceso de reestructuración.
La solicitud, presentada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, se inscribe en una disputa más amplia sobre el rumbo del sistema científico-tecnológico y el rol del Estado en la producción.
El movimiento provincial llega después de que el Consejo Directivo del organismo, encabezado por Nicolás Bronzovich, avanzara con el cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER) en Buenos Aires y Córdoba —20 en total dentro del territorio bonaerense si se contabilizan recortes previos— y en paralelo habilitara un esquema de retiros voluntarios que podría implicar la salida de unos 950 trabajadores, con un costo estimado de $101.717 millones.
Territorio en disputa y modelo productivo
El plan oficial incluye, además, la posible venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales en todo el país, una decisión que encendió alarmas tanto en la Provincia como en gremios y actores políticos. Desde el Sindicato del Personal del INTA (Apinta) vienen denunciando un “vaciamiento” sostenido del organismo.
En ese contexto, Rodríguez confirmó que la Provincia ya realizó una presentación formal para que esas tierras pasen a la órbita bonaerense. “Desde la Provincia solicitamos que esas tierras se traspasen al ministerio, porque sí nos interesa desarrollar investigación, innovación y desarrollo agropecuario. Ya se presentó formalmente el pedido, esperamos respuesta del gobierno nacional”, explicó.
El ministro planteó que el eje del conflicto no es presupuestario sino conceptual. “Hay un vaciamiento del INTA de manera continua que se materializa en la caída del 47% del presupuesto, eso implica reducción de personal y desfinanciamiento de las líneas de investigación”, sostuvo.
Y agregó: “No es una discusión presupuestaria, sino del modelo tecnológico y económico de la Argentina. Tenemos un gobierno nacional que ataca al conocimiento científico y tecnológico”.
El reclamo bonaerense se apoya, según detalló el funcionario, en antecedentes de políticas productivas impulsadas por la Provincia, como desarrollos en trigo y kiwi en articulación con universidades internacionales y otros organismos.
Retiros voluntarios y repliegue territorial
El proceso de ajuste en el INTA incluye un nuevo régimen de retiros voluntarios que estará vigente durante mayo y que contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios por año trabajado. La medida, aprobada por el Consejo Directivo, requiere aún la validación presupuestaria del Ministerio de Economía.
El esquema prevé una adhesión del 20% de la planta actual —unos 950 agentes sobre un total cercano a 5.750 empleados—, en un contexto donde los gremios denuncian que se trata de “despidos encubiertos”. Además, persisten cuestionamientos por la exclusión de períodos trabajados bajo modalidades no permanentes en el cálculo de la antigüedad.
En paralelo, el cierre de agencias reduce la presencia territorial del organismo, con impacto directo en municipios bonaerenses como Vedia, Rojas, Laprida, Benito Juárez, Necochea, Balcarce o Saladillo. La diputada provincial Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) advirtió en una entrevista reciente que “menos presencia territorial es menos asistencia técnica, menos desarrollo y menos oportunidades”.
A nivel local, más de 15 municipios comenzaron a dictar ordenanzas para frenar posibles desarrollos inmobiliarios sobre tierras del INTA, en medio de sospechas sobre el destino de esos predios. Desde el gobierno bonaerense ya habían denunciado que el proceso podría derivar en negocios con desarrolladores privados.
El impacto del ajuste también alcanza al SMN
El conflicto se amplía con la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se concretaron alrededor de 140 despidos que, según la Provincia, ya afectan la calidad del servicio. Rodríguez alertó que las cesantías comprometen registros históricos de más de un siglo y debilitan herramientas clave para la producción y la prevención.
“El SMN no solo sirve para saber qué ponernos para ir a trabajar, sino que elabora pronósticos de suma importancia para la aviación civil, los sectores productivos, genera alertas tempranas para la seguridad pública”, señaló el ministro.
Según precisó, hay 29 estaciones que dejaron de contar con información nocturna, incluyendo sedes en Azul, Bahía Blanca, Junín, Mar del Plata, Villa Gesell y Tres Arroyos. “Hablamos de series de más de cien años de vigencia”, remarcó.
En ese marco, insistió en el pedido al Ejecutivo nacional: “Le pedimos al gobierno nacional que revierta de manera inmediata esta situación y deje de perder estos datos”.