Se recalienta la pelea entre Kicillof y la Corte por las vacantes: tres jueces, siete sillas y una crisis sin salida
El cortocircuito entre la Suprema Corte bonaerense y el gobierno de Axel Kicillof ya es inocultable. Con un tribunal funcionando al límite y un reclamo institucional cada vez más explícito, el máximo órgano judicial salió a exigir definiciones urgentes. Del otro lado, el Ejecutivo respondió sin plazos y dejó la decisión atada a los tiempos políticos del gobernador.
“Es una prerrogativa y una facultad del gobernador”, sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ser consultado por el envío de pliegos al Senado. Y remarcó: “Lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”. La respuesta, breve y reiterada, marcó un límite claro frente a la presión judicial.
El planteo de la Corte no fue técnico ni discreto. Fue político y directo. En un acto que funcionó como señal hacia el resto de los poderes, su presidente, Sergio Torres, expuso la gravedad del escenario: “Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”.
El diagnóstico no quedó ahí. Torres detalló que pasaron más de 2.200 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la última salida. “Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi ochocientos desde su desintegración”, precisó, en una intervención que buscó poner números a una demora que ya es estructural.
Además, advirtió sobre el impacto concreto: “Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema”.
Con solo tres jueces, la Corte no puede dictar sentencia por sí sola y debe recurrir a magistrados del Tribunal de Casación para completar su integración. Ese mecanismo, que debería ser excepcional, se volvió habitual y expone una dependencia operativa que erosiona el funcionamiento del máximo tribunal.
En paralelo, el problema se replica hacia abajo: más de 200 vacantes judiciales siguen sin cubrirse, pese a que en el último tiempo se avanzó con más de 400 designaciones.
La jugada más fuerte de la Corte no fue solo reclamar por las vacantes. Fue avanzar con un proyecto de autarquía económico-financiera que redefine su vínculo con el Ejecutivo.
Torres lo planteó en términos de principio institucional: “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”. Y agregó: “No debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo, sino una manda constitucional”.
La iniciativa propone que el Poder Judicial elabore su propio presupuesto, con recursos asignados automáticamente y sin discrecionalidad del Ejecutivo. También incluye la creación de un fondo específico para infraestructura y modernización, y la posibilidad de captar ingresos propios, como parte de los depósitos judiciales.
El proyecto también incorpora un punto sensible: la política salarial. Con más del 90% del presupuesto destinado a sueldos, el sistema arrastra una brecha significativa con la Justicia federal.
En ese contexto, se suma la demanda por una ley de negociación colectiva. El titular de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Russo, lo planteó con claridad: “Las y los trabajadores judiciales somos los únicos trabajadores del Estado bonaerense que no tenemos regulada la negociación colectiva”. La inclusión de este reclamo amplía el conflicto y suma presión desde el frente sindical.
El Gobierno se planta y gana tiempo
Desde el Ejecutivo, la respuesta evita definiciones concretas. Bianco reiteró que la decisión “la va a tomar el gobernador”, sin precisar tiempos ni avances en negociaciones.
Detrás de esa postura hay una dificultad política evidente. La designación de jueces de la Corte exige acuerdos amplios que hoy no están garantizados, ni dentro del oficialismo ni con la oposición.
La interna del peronismo bonaerense atraviesa de lleno este proceso. La necesidad de consensuar nombres con sectores como La Cámpora y el Frente Renovador, sumada a las pretensiones de la oposición, convierte cada vacante en una negociación compleja.
El conflicto ya no se limita a cubrir cargos vacantes. Lo que está en juego es el control sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el grado de autonomía real que puede alcanzar.
Con su avanzada, la Corte decidió correr el eje del debate y trasladar el costo político de la demora. El Gobierno, en cambio, responde administrando los tiempos en medio de sus propias tensiones internas.
Sin acuerdos a la vista y con posiciones cada vez más firmes, la disputa escala y deja abierta una pregunta central: hasta dónde está dispuesto a ceder cada poder en una pelea donde la institucionalidad y la política se cruzan de lleno.