Suprema Corte: el peronismo acelera una negociación clave para cubrir las vacantes antes de fin de año
Con la Suprema Corte bonaerense funcionando con apenas tres integrantes sobre siete, el gobierno de Axel Kicillof empezó a enviar señales más concretas sobre una definición que se viene postergando y que ya genera presión institucional, política y judicial. En medio de la tensión interna que atraviesa al peronismo y mientras continúan las negociaciones por el reparto de poder dentro de la Legislatura, el oficialismo asegura que existe decisión política para avanzar este año con la cobertura de las vacantes del máximo tribunal.
La confirmación llegó de boca de uno de los armadores legislativos más importantes del Frente Renovador dentro del esquema oficialista. El diputado bonaerense Rubén Eslaiman sostuvo que el Ejecutivo provincial ya tiene definido un esquema para completar la integración de la Corte.
“Los tres miembros de la Corte deberían ser nombrados en el primer semestre de este año y quedaría una vacante que le corresponde a la oposición, que sería nombrada entre agosto y septiembre”, afirmó a La Letra Chica el legislador massista.
Actualmente, la Suprema Corte bonaerense está integrada únicamente por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. Las restantes cuatro vacantes se acumularon entre jubilaciones y fallecimientos ocurridos durante los últimos años.
La salida más reciente fue la de Luis Esteban Genoud, quien dejó el cargo en junio de 2024. Antes se habían producido las jubilaciones de Eduardo Pettigiani y Francisco Roncoroni, además del fallecimiento de Eduardo de Lázzari.
El deterioro de la integración del tribunal ya empezó a impactar en su funcionamiento cotidiano. La Corte debe recurrir de manera sistemática a conjueces del Tribunal de Casación para poder dictar sentencias y sostener el ritmo de resolución de expedientes.
En ese contexto, Torres elevó el tono del reclamo con una frase que resonó fuerte dentro de la política provincial: “Somos tres cuando deberíamos ser siete”. El magistrado además advirtió que el tribunal atraviesa una situación “inéditamente desintegrada” y recordó que ya pasaron más de 2.200 días desde la primera vacante sin cubrir.
El proyecto que reavivó la tensión con la política
La presión de la Corte se profundizó días atrás cuando el máximo tribunal presentó formalmente el proyecto de autarquía económico-financiera ante las autoridades de la Legislatura bonaerense.
Durante un encuentro encabezado por Torres y Soria con la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alejandro Dichiara, la Corte entregó una iniciativa que busca modificar de manera estructural la relación presupuestaria entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
El proyecto establece que el propio Poder Judicial pase a elaborar su presupuesto y administre de manera directa sus recursos. También propone crear cuentas fiscales específicas en el Banco Provincia y habilitar que la Justicia participe de las utilidades generadas por los depósitos judiciales.
Según el esquema planteado por la Corte, durante el primer año el Poder Judicial recibiría el 35% de esos fondos y luego pasaría al 50%.
En paralelo, dentro del oficialismo intentan mostrar que la disputa interna entre el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo no bloqueará las designaciones. “Una cosa es la gestión y otra la interna. Nosotros separamos muy bien lo que es la gestión”, sostuvo Eslaiman al citado medio y dijo que apenas se conforme la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, "el ministro de Justicia ya estaría en condiciones de avanzar con los pliegos”.
Detrás de esa definición aparece otro dato central: en la Gobernación entienden que 2026 es el momento político para resolver la integración de la Corte. Cerca de Kicillof reconocen que en 2027, con el calendario electoral encima y la discusión por la sucesión provincial abierta, el margen para negociar cargos judiciales será mucho más reducido.
La discusión por la Corte no se limita únicamente al funcionamiento judicial. En La Plata reconocen que cada vacante implica una negociación de poder delicada entre oficialismo y oposición, pero también entre las distintas terminales del peronismo bonaerense.
La Constitución provincial exige acuerdos legislativos amplios para aprobar los pliegos, lo que obliga al Ejecutivo a construir consensos políticos en un escenario fragmentado y atravesado por desconfianzas internas.
Con una Corte funcionando al límite, un proyecto de autarquía que incomoda al poder político y una negociación que mezcla institucionalidad con reparto de poder, el oficialismo enfrenta ahora el desafío de demostrar que efectivamente puede cerrar este año una discusión que lleva demasiado tiempo abierta.