Obra pública bonaerense: Kicillof cambia reglas para acelerar contratos y blindar obras
El gobernador Axel Kicillof puso en marcha un nuevo movimiento administrativo sobre una de las áreas más sensibles de su gestión: la obra pública bonaerense. A través del Decreto 623/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Provincia modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública N° 6021 y tocó artículos del histórico Decreto 5488/59, con el argumento de dotar de “mayor eficiencia” a los procedimientos de contratación.
La medida llega en un momento cargado de lecturas políticas. Mientras el Gobierno provincial busca sostener obras con recursos propios y marcar diferencias con la administración de Javier Milei, los municipios presionan por fondos, la Legislatura discute el destino de partidas para intendentes y el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Gabriel Katopodis, viene denunciando el impacto del freno nacional en rutas y proyectos estratégicos.
Qué cambia con el Decreto 623
El texto firmado por Kicillof parte de una definición fuerte: plantea la “imperiosa necesidad” de adecuar los procesos administrativos “a los sistemas de calidad, eficiencia y eficacia”. En ese marco, el decreto sostiene que los cambios buscan mejorar el procedimiento de contrataciones y fijar reglas para modificaciones contractuales.
Uno de los puntos centrales está en el artículo 5. Allí se redefine la intervención del Consejo de Obras Públicas, que pasará a emitir un dictamen de carácter “exclusivamente técnico” para validar proyectos antes de la licitación. Esa revisión incluirá planos, pliegos, especificaciones técnicas, presupuesto, memoria descriptiva y, cuando corresponda, estudios técnico-económicos.
La norma también establece que el Ministerio de Economía bonaerense deberá prever en cada presupuesto los créditos suficientes para atender compromisos de obras cuya ejecución abarque dos o más ejercicios. En términos concretos, la Provincia busca que los proyectos que se pongan en marcha cuenten con respaldo financiero previsto para su desarrollo.
Otro cambio aparece en el artículo 9, vinculado a las excepciones para contratar. Desde ahora, determinadas obras podrán adjudicarse por licitación privada, concurso de precios o ejecutarse por administración cuando el presupuesto oficial, sin reservas, no exceda el equivalente a 400 Unidades de Medida. Esa unidad tendrá como referencia el valor del metro cuadrado de construcción y será fijada por la autoridad de aplicación.
Más flexibilidad para obras en marcha
El decreto también avanza sobre un terreno sensible: las modificaciones de contratos ya vigentes. La nueva reglamentación fija pautas para ampliaciones, trabajos adicionales, imprevistos y urgencias. En esos casos, las áreas correspondientes deberán fundamentar la necesidad de los cambios y calcular límites porcentuales con valores homogéneos.
En el caso de ampliaciones encuadradas en la reserva prevista por la Ley 6021, no será necesario firmar un nuevo contrato. Bastará con un acto administrativo aprobatorio, previa intervención técnica, certificación de necesidad de obra, encuadre presupuestario y conformidad del contratista. Además, el contratista deberá completar las garantías cuando se autoricen ampliaciones, adicionales o imprevistos.
La Provincia también incorporó un artículo 37 Bis para regular prórrogas en contratos en ejecución. Si la empresa solicita extender plazos, deberá justificarlo por escrito dentro de los 30 días de ocurrido el hecho y demostrar su impacto directo sobre el plan de trabajos. La repartición encargada del control podrá pedir documentación adicional y evaluar la relación entre la causa invocada y la demora denunciada.
En materia de adjudicación, el nuevo artículo 23 mantiene al precio como criterio principal para determinar la oferta más ventajosa, aunque habilita, de manera excepcional y según el pliego, ponderar costo, calidad, aspectos técnicos, integridad, solvencia, antecedentes, capacidad empresarial y sostenibilidad económica, social y ambiental.
La pelea por la obra pública y los fondos
La decisión se conoce en paralelo a una discusión caliente por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Ese esquema, surgido de la ley de financiamiento aprobada a fines de 2025, destina a los municipios el 8% del endeudamiento autorizado, con un piso de $250.000 millones. El reparto vigente prevé que el 70% llegue por Coeficiente Único de Distribución y que el 30% quede vinculado a programas de infraestructura, transporte y cultura.
En la Legislatura, intendentes de distintos espacios reclaman mayor libre disponibilidad de esos recursos. Según pudo reconstruir este medio, 115 de los 135 municipios ya ejecutaron proyectos con la ley actual: 113 destinaron fondos a obra pública y 2 a cultura. “Ya presentamos los proyectos en el Ministerio de Obras Públicas para hacer algunas cuadras de cordón cuneta y asfalto”, dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM Julio Marini, intendente de Benito Juárez.
En ese marco, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió una salida más simple: “Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa”.
El telón de fondo es el contraste que el Ejecutivo bonaerense busca instalar frente a la Casa Rosada. Katopodis cuestionó el modelo nacional de concesiones viales y apuntó contra Luis Caputo y Milei por el estado de las rutas. “Que no le cobren dos veces al usuario de las rutas; todos pagamos ya el impuesto a los combustibles que tiene como destino absolutamente obligatorio el arreglo de las rutas”, denunció.
El ministro también sostuvo que el esquema nacional favorece a las empresas porque “primero pagan los peajes y después las empresas con esa plata de los que circulan hacen los arreglos. Es un negocio redondo para las empresas”.