Kicillof presiona a la Corte y Bianco traduce la deuda de Nación: “37.187 pendrives de Adorni”
El gobierno bonaerense volvió a ponerle números al conflicto con la Casa Rosada y buscó instalar una idea simple: detrás del superávit que exhibe Javier Milei hay fondos que, según la Provincia, dejaron de llegar a Buenos Aires.
En la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, actualizó el reclamo contra Nación, detalló deudas, obras paralizadas y programas discontinuados, y cerró con una comparación filosa vinculada al caso patrimonial de Manuel Adorni.
Bianco estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. La exposición combinó diagnóstico económico, agenda de gestión y una nueva ofensiva política por los recursos que el Ejecutivo bonaerense reclama desde el inicio de la administración libertaria.
La cuenta que La Plata le pasa a Nación
Según detalló Bianco, las deudas directas, las obras públicas paralizadas y la interrupción de programas nacionales suman actualmente $17,8 billones. Si a ese cálculo se agregan los recursos que Buenos Aires dejó de percibir por la caída de la actividad y de la recaudación, el monto asciende a $26,7 billones.
El ministro desagregó parte de ese reclamo: $2,5 billones por transferencias no realizadas de ANSES a la caja previsional bonaerense, $1,2 billones por compensaciones del Consenso Fiscal, $148 mil millones correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente, $108 mil millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad y $86 mil millones en fondos de salud.
También puso el foco en la obra pública. De acuerdo con la presentación bonaerense, hay saldos pendientes por obras comprometidas en territorio provincial y 180 proyectos que estaban en ejecución y fueron frenados, entre programas de vivienda, escuelas y universidades. El total vinculado a obras abandonadas fue estimado en $9,6 billones.
La Provincia tradujo ese volumen de recursos en ejemplos concretos: con $26,7 billones podrían financiarse 292.664 patrulleros, 124.186 ambulancias o 22.250 escuelas. En el cierre, Bianco eligió una referencia con carga política: “Equivale a 37.187 pendrives de Adorni”.
La Corte, el IPS y una cautelar pendiente
Una parte central del conflicto ya está judicializada. El 10 de junio, Axel Kicillof encabezó la tercera audiencia ante la Corte Suprema por la deuda que la Provincia reclama al Gobierno nacional por la caja jubilatoria bonaerense, administrada por el Instituto de Previsión Social.
El expediente apunta al financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos a Nación. En la presentación provincial se detallaron anticipos recibidos y adeudados, actualización de anticipos de 2023, fondos del anticipo 2024 y diferencias vinculadas a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El cálculo inicial ascendía a $681.024.286.169,70 en febrero de 2024; según la actualización bonaerense, el monto supera ahora los $2,2 billones.
Tras la audiencia, Kicillof sostuvo que la instancia quedó agotada porque Nación no llevó una propuesta de pago. “Avanzamos por la vía cautelar”, afirmó. Según explicó, el Gobierno nacional había pedido tiempo para presentar una alternativa, como ocurrió con otras provincias, pero en la tercera reunión volvió a plantear que necesitaba más trabajo técnico. “Conclusión, seguimos con el problema de que no le transfieren a las Provincias”, dijo el gobernador.
Ajuste, obra pública y la chicana del pendrive
El reclamo financiero se inscribe en una discusión más amplia sobre el impacto del plan económico nacional. Bianco sostuvo que los indicadores contradicen el discurso oficial sobre la recuperación: afirmó que en marzo cerraron 2.011 empresas, que desde diciembre de 2023 desaparecieron cerca de 26.500 firmas en todo el país y que se perdieron 27.513 puestos de trabajo en ese mes.
El acumulado desde la llegada de Milei a la Presidencia rondaría, según la Provincia, los 540 mil empleos. También remarcó que el salario mínimo registró su décima caída consecutiva.
Kicillof ya había utilizado el caso Adorni para enlazar la discusión patrimonial con la deuda bonaerense. En Pergamino, donde entregó ocho patrulleros, diez motos y recorrió el Jardín de Infantes N° 926 del barrio Kennedy, lanzó: “Si Adorni fuera un peronista estaría preso. Yo estoy buscando un pendrive pero para los recursos de la provincia”.
El gobernador también apuntó contra el relato libertario sobre la seguridad. “El gobierno nacional está recurriendo a una constante de la derecha de nuestro país: habla mucho de seguridad, pero, lejos de invertir, aplica también la motosierra para ajustar en un área muy sensible”, señaló. En esa línea, la Provincia reclama la devolución del Fondo de Seguridad, que habría representado $750.000 millones menos para el área.
La agenda de Kicillof continuará esta semana con una reunión en la embajada de la Unión Europea junto a representantes diplomáticos de 21 países del bloque, una recorrida por Bahía Blanca para entregar 44 viviendas y poner en funciones 17 patrulleros, actividades en Coronel Rosales, participación en el Encuentro Federal por el Día Internacional de las Pymes organizado por CAME y la inauguración de dos escuelas secundarias en General Rodríguez.
En paralelo, ministros bonaerenses sostienen reclamos sectoriales. Pablo López (Economía) viene advirtiendo que Buenos Aires aporta cerca del 40% del PBI argentino y recibe apenas el 6,8% de la recaudación nacional. Nicolás Kreplak (Salud) denunció deudas sanitarias por programas, medicamentos y prestaciones interrumpidas.
Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) alertó por la falta de asistencia nacional a comedores y políticas alimentarias. Para Kicillof, el recorte no cayó sobre una abstracción fiscal sino sobre jubilados, docentes, fuerzas de seguridad, usuarios del transporte, comedores, hospitales, escuelas y municipios.