La Provincia fuerza a Caputo a responder por el aval que falta para una obra sanitaria con crédito externo
La pelea entre la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei por los fondos y las obras públicas sumó un capítulo judicial. El Juzgado Federal N°4 de La Plata emplazó al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, para que responda en un plazo no mayor a diez días si avala un crédito de US$270 millones preacordado entre el Banco Mundial y la administración de Axel Kicillof.
El financiamiento está destinado al Programa para el tratamiento y disposición final de residuos de líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada, una obra sanitaria de impacto regional que la Provincia no puede ejecutar sin la garantía del Estado nacional.
La decisión del juez Alberto Recondo hizo lugar a una presentación de la Fiscalía de Estado bonaerense, que representa al gobierno provincial. En el escrito, la Provincia remarcó que el pedido fue elevado en 2024 ante Economía, reiterado por Kicillof en abril y mayo de este año, y que todavía no obtuvo una contestación formal.
“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, planteó la Fiscalía de Estado al reclamar una definición del Palacio de Hacienda.
Un crédito listo y una garantía que no aparece
El reclamo llegó después de la reunión que Milei mantuvo en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. En ese encuentro, del que también participó Caputo, se acordaron avales por US$2.000 millones para la Argentina.
En paralelo, Buenos Aires sigue sin recibir la autorización que necesita para avanzar con la operación ya gestionada ante el organismo internacional.
La obra prevista contempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta y el emisario se realizaría mediante una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.
Según la información oficial, el proyecto alcanzaría a más de un millón de personas de La Plata, Berisso y Ensenada. La Provincia sostiene que no puede afrontar una inversión de esa magnitud sin financiamiento internacional.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, viene denunciando que otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, mientras Buenos Aires quedó afuera. Entre las jurisdicciones mencionadas figuran Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.
Durante una conferencia de prensa reciente, Katopodis fue directo: “Mientras otorgó avales por 1.973 millones de dólares a diez provincias, a la Provincia de Buenos Aires no le dio ninguno”. Y agregó: “Milei y Caputo discriminan a la provincia de Buenos Aires”.
Obras trabadas y reclamo político
El caso del crédito del Banco Mundial no es el único expediente que, según la Provincia, permanece demorado por falta de aval nacional. También aparecen en esa lista el programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que involucra a Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes; la construcción de un acueducto en San Martín; la ampliación del cauce del río Salado; la adecuación del río Areco; y la construcción de la Autovía 6.
En La Plata insisten en que se trata de obras vinculadas al agua potable, el saneamiento, la infraestructura hidráulica y la prevención de inundaciones. Katopodis resumió la posición del gobierno provincial con una frase: “Sabemos que no nos darán el dinero, pero necesitamos los avales para poder ejecutar nosotros las obras”.
La discusión por el financiamiento se da en paralelo a la agenda internacional que Kicillof intenta ampliar. Este martes, el gobernador se reunió con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países del bloque. La agenda incluyó oportunidades de inversión, comercio y cooperación en ciencia y tecnología, educación, cultura y producción.
Según pudo reconstruir este medio, la Provincia también explora mecanismos alternativos con agencias de cooperación que podrían permitir financiamiento sin pasar por Nación, además de recursos puntuales para programas de ciencia, técnica e innovación.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, actualizó esta semana la cuenta que la Provincia le reclama a Nación: deudas directas, obra pública paralizada y programas discontinuados sumarían $17,8 billones; si se agregan recursos dejados de percibir por caída de actividad y recaudación, el monto ascendería a $26,7 billones.
La Provincia también arrastra compromisos financieros propios. Según el Ministerio de Economía bonaerense, Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, con el 79% nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional. Para este año hay servicios totales programados por US$2.545 millones.
Kicillof cuenta con autorización legislativa para tomar deuda por US$3.000 millones este año, aunque la mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.