Política Por: Pamela Orellana25 de junio de 2026

La crisis de IOMA suma frentes: salud mental, discapacidad y geriátricos golpean la puerta de Giles

La obra social bonaerense enfrenta reclamos simultáneos por pagos demorados, prestaciones trabadas y coberturas sensibles. Psicólogos del Distrito XI paran este viernes, mientras familias y organizaciones advierten por demoras que impactan en afiliados vulnerables.
Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

La crisis del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a abrir varios frentes al mismo tiempo. A los choques con la Agremiación Médica Platense (AMP), se sumaron en las últimas horas una medida de fuerza de psicólogos prestadores, una protesta de la Asociación Civil NUBA por trámites frenados de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad y reclamos de familias por coberturas vinculadas a adultos mayores, hogares e internación domiciliaria.

El escenario golpea de lleno sobre la obra social bonaerense que conduce Homero Giles y vuelve a instalar pedidos de respuestas. En la Legislatura, la oposición ya había intentado empujar un pedido de interpelación al titular de IOMA, aunque no logró tratarlo en el recinto. Mientras tanto, los reclamos se multiplican en áreas sensibles del sistema: salud mental, discapacidad y cuidado de personas mayores.

Psicólogos del Distrito XI paran por 24 horas

Los profesionales de la psicología prestadores de IOMA nucleados en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI realizarán este viernes 26 de junio una suspensión de atención por 24 horas. El distrito comprende Berisso, Brandsen, Castelli, Chascomús, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La Plata, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio.

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La entidad ratificó la medida por el incumplimiento de pagos y sostuvo que “aún se adeudan las prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026”. En ese marco, calificó la situación como “inadmisible” y advirtió que “la persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados de la Provincia”.

Desde el Colegio subrayaron que “la falta de pago en tiempo y forma constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores”, pese a que los profesionales continuaron garantizando la atención. También reclamaron la cancelación inmediata de la deuda y la regularización definitiva de los mecanismos de liquidación y pago.

El planteo no se agota en los honorarios. La entidad expresó preocupación por “la actitud que IOMA ha manifestado frente a los reclamos históricos de los psicólogos prestadores” y sostuvo que la falta de respuestas efectivas generó una reducción progresiva de la cartilla disponible. Según advirtieron, esa situación deja sin cobertura suficiente en salud mental a amplios sectores de trabajadores de la Provincia, entre ellos integrantes de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario.

El Colegio también manifestó su solidaridad con los médicos nucleados en la AMP y cuestionó declaraciones recientes de autoridades de la obra social por considerar que profundizan la confrontación en lugar de abrir canales de resolución.

NUBA reclama por más de 50 jóvenes

El malestar también llegó al colectivo de discapacidad. La Asociación Civil NUBA, que trabaja en la inclusión sociolaboral de jóvenes y adultos con discapacidad, se movilizó frente a la sede de IOMA para pedir que se auditen y aprueben trámites presentados en enero para el Programa de Inclusión Laboral.

Según el reclamo, más de 50 jóvenes con discapacidad afiliados a IOMA no tienen aprobadas sus prestaciones. La organización advirtió que, sin auditoría ni actas de autorización, no puede facturar y queda comprometido el pago de profesionales, alquiler y servicios de la sede.

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En una entrevista reciente, Analía, vocera de la organización, explicó que NUBA lleva “12, 13 años” trabajando con profesionales y que el programa permitió incluir jóvenes en distintas empresas de la ciudad.

“Los profes vienen trabajando desde enero y los chicos desde marzo y no tenemos nada auditado. Si no tenemos auditado no tenemos las actas de autorización, no podemos facturar, nos encontramos en la nada misma”, planteó.

La referente remarcó que no se trata de un centro de rehabilitación ni asistencial, sino de un programa orientado a la autonomía y al empleo.

“Queremos que los jóvenes, cada uno de ellos, como protagonistas de sus vidas, transiten hacia la vida adulta con un proceso de formación que los prepare para el empleo”, sostuvo. También aseguró que desde la entidad enviaron mails, hicieron llamados y mantuvieron conversaciones informales, pero “no tuvimos respuesta de IOMA”.

Protesta de NUBA en IOMA por el Programa de Inclusión Laboral.

Adultos mayores, hogares y amparos

El cuadro se completa con reclamos de familias por geriátricos, hogares e internación domiciliaria. En residencias para adultos mayores, los costos mensuales no bajarían del millón y medio de pesos, una cifra muy por encima de una jubilación o pensión mínima que ronda los 400 mil pesos. Ante atrasos o reintegros insuficientes, algunas familias aseguran que se les pidió hacerse cargo de los pagos o retirar a los adultos mayores.

Desde IOMA se indicó que la cobertura de internación en hogares está prevista para afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que, en esos casos, la prestación es “integral”: alojamiento, alimentación, higiene y prevención terciaria. Para personas mayores sin CUD que necesitan asistencia, la obra social reconoce la figura del “Cuidador Domiciliario”, aunque esa ayuda es excluyente y no se acumula con internación institucional.

La obra social sostuvo que las prestaciones “se vienen abonando con normalidad” y respondió que “siempre los prestadores presionan a las familias. No sólo en este caso sino en otras prestaciones para que reclamen a IOMA”.

A la par, familiares de Graciela Elías, una mujer de 75 años radicada en Suipacha, denunciaron que lleva tres meses sin cobertura de internación domiciliaria pese a su cuadro de salud.

Gloria Iparraguirre, familiar platense de la afiliada, afirmó que necesita enfermero, médicos, cuidador domiciliario, kinesiólogo y nutricionista, y cuestionó la intervención de CAECID en el circuito de auditorías. “En Suipacha hay 43 pacientes en la situación de Graciela”, advirtió, y anticipó: “de no encontrar respuestas en estas horas estaremos iniciando un recurso de amparo”.

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