Banquinas en disputa: el reclamo que enfrenta recaudación municipal, seguridad vial y daño ambiental

La discusión por el uso de las banquinas en rutas bonaerenses sumó un nuevo capítulo en la Legislatura. Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales (UDUV) y vecino de Laguna Alsina, en el partido de Guaminí, presentó un documento ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para rechazar el proyecto que propone modificar la Ley 10.342 y habilitar a los municipios a arrendar esos espacios con fines de explotación agrícola.

El escrito, dirigido al presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, no se limita a cuestionar la reforma en debate. También pide avanzar con la derogación definitiva de la normativa vigente, a la que Zavaleta considera “lesiva, ineficaz y anacrónica”. El planteo aparece en medio de una discusión más amplia por la caja municipal, la caída de recursos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para las comunas.

Actualmente, la Ley 10.342 permite arrendar franjas linderas a rutas provinciales, pero excluye expresamente a las banquinas. Además, establece que lo recaudado no queda bajo libre disponibilidad de los municipios: el 60% va al Consejo Escolar, el 20% a Bomberos y el 20% a caminos rurales. Ese esquema es uno de los puntos que distintos intendentes y legisladores buscan revisar.

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Seguridad vial y ambiente

El eje central del reclamo de Zavaleta pasa por la seguridad en las rutas. En su presentación, sostiene que las banquinas no deben ser tratadas como superficie vacante ni como tierra disponible para recaudar, sino como parte de la infraestructura vial.

“La banquina no es una franja de tierra vacante ni un lote ocioso; es un componente de seguridad activa diseñado para salvar vidas”, señala el documento.

Según el planteo, esos márgenes funcionan como vía de escape ante maniobras de emergencia, desperfectos mecánicos, reventones de neumáticos o despistes involuntarios. Su ocupación con cultivos o maquinaria podría, de acuerdo con el escrito, reducir los márgenes de reacción de los conductores y elevar el riesgo de siniestros.

El segundo argumento apunta al impacto ambiental. Zavaleta advierte que las banquinas representan corredores biológicos dentro de una llanura pampeana atravesada por el avance del monocultivo.

En esa línea, plantea que habilitar el laboreo agrícola en esos espacios podría afectar la biodiversidad, interrumpir el flujo genético de especies nativas, alterar cadenas tróficas y afectar insectos polinizadores, aves y microorganismos del suelo.

También remarca el riesgo hídrico. El documento sostiene que las banquinas y cunetas forman parte del sistema natural de escurrimiento pluvial de las rutas, por lo que su modificación podría favorecer erosión, obstrucción de drenajes, anegamientos sobre la calzada y mayor peligro de hidroplaneo.

El trasfondo municipal

El debate no aparece en el vacío. La caída de la recaudación y el deterioro de las cuentas locales empujaron a varios intendentes a reclamar más autonomía sobre fondos y nuevas herramientas para sostener servicios, salarios, proveedores y obras.

En ese marco, una iniciativa del peronismo busca incluir las banquinas entre los espacios susceptibles de permisos de uso, con autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense y un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales.

Los fundamentos legislativos hablan de “recursos productivos” desaprovechados y de una fuente de recaudación que hoy los municipios no pueden utilizar. La propuesta plantea que los ingresos permitan financiar infraestructura comunitaria, redes viales internas y políticas locales de seguridad.

Otro proyecto, presentado por el diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, propone reformular el régimen de arrendamiento de tierras adyacentes a rutas provinciales.

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Su iniciativa apunta a que los recursos ingresen directamente a una cuenta municipal, con destino definido por ordenanza y la obligación de aplicar al menos un tercio al mantenimiento de caminos o banquinas.

Plata chica, costos altos

Para Zavaleta, el argumento económico no alcanza. En su escrito sostiene que el arrendamiento de banquinas generaría ingresos reducidos frente a los costos que podrían derivarse de accidentes, demandas por responsabilidad civil y reparaciones por daños en infraestructura vial o sistemas de drenaje.

En ese escenario, Zavaleta pidió a los diputados que archiven el proyecto y prioricen “la defensa de la vida humana, la protección real del ecosistema pampeano y la racionalidad económica”.