Los libertarios presionan por el IPS mientras Milei sigue sin saldar la deuda previsional con la Provincia
La discusión por el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense volvió a instalarse en la Legislatura, esta vez por una iniciativa de La Libertad Avanza que apunta al funcionamiento interno del organismo y a las demoras en trámites jubilatorios y pensiones.
La senadora provincial Analía Balaudo presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle el estado de los expedientes, los mecanismos de gestión y la situación de los Centros de Atención Previsional (CAP), en medio de reclamos de trabajadores que esperan acceder a sus beneficios previsionales.
El planteo libertario llega en un momento especialmente sensible para el sistema previsional bonaerense. Mientras la oposición exige datos sobre los plazos de resolución y la atención del organismo, la Provincia mantiene abierta una disputa judicial con el gobierno de Javier Milei por los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debe girar al IPS.
Según la presentación bonaerense, la deuda supera los $2,3 billones, en concepto de anticipos impagos, actualizaciones pendientes y diferencias acumuladas de ejercicios anteriores.
Balaudo pidió información sobre la cantidad de jubilaciones y pensiones en curso, discriminadas por tipo de beneficio, fechas de inicio y estado de tramitación. También solicitó precisiones sobre jubilaciones docentes, tiempos estimados de resolución, vacantes existentes, altas mensuales, reclamos administrativos, pedidos de pronto despacho, reajustes, acciones judiciales, amparos por mora y eventuales astreintes ordenadas contra el organismo entre 2022 y 2026.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora sostuvo que el IPS alcanza a trabajadores de los distintos poderes del Estado provincial y municipal, además del personal docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Provincia. Sobre ese universo, advirtió que existen demoras que, según su planteo, generan incertidumbre y perjuicios económicos para personas que ya completaron su vida laboral.
Los reclamos por trámites y el trasfondo del financiamiento
La iniciativa de La Libertad Avanza describe un escenario de plazos inciertos, expedientes que podrían extenderse hasta 24 meses o más, resoluciones erróneas y casos en los que las respuestas llegarían demasiado tarde. Balaudo también mencionó la presencia de autoconvocados que se manifiestan periódicamente en la sede del IPS, en La Plata, para reclamar información sobre trámites iniciados en distintos puntos de la provincia.
La senadora señaló que se trata de “personas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que deben acercarse hasta ese lugar para poder tener novedades de sus trámites iniciados, no encontrando respuestas en los Centros de Atención Previsional de sus distritos, a pesar de las presentaciones administrativas, pedidos de pronto despacho, amparos y diversas presentaciones judiciales”.
El pedido de informes abre un frente de control legislativo sobre la gestión previsional, pero también se cruza con una pulseada mayor. El 10 de junio, Kicillof participó de una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para intentar acercar posiciones con Nación por la deuda de ANSES con el IPS. El encuentro terminó sin acuerdo y el gobernador anunció que la Provincia avanzaría con una medida cautelar.
“Vinieron a decir que todavía falta, que se necesitaba más trabajo técnico. Conclusión: seguimos con el problema de que no nos transfieren. Decidimos avanzar por la vía cautelar, terminamos esta parte de la conciliación”, afirmó Kicillof al término de la audiencia.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del IPS, Marina Moretti; y el jefe de Gabinete de Economía, Facundo Bocco Proietti. Por Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria Nacional de Provincias, Valeria Sánchez.
La caja previsional, entre la Legislatura y la Corte
La Provincia reclama compensaciones que el Estado nacional debe transferir a las jurisdicciones que conservaron sus cajas previsionales y no las traspasaron a la órbita nacional durante la década de 1990. Al iniciar el expediente, en febrero de 2024, el monto rondaba los $681 mil millones. Con el paso del tiempo y la actualización de partidas, la cifra superó los $2,3 billones.
Kicillof cuestionó que Buenos Aires no haya recibido una propuesta, a diferencia de otras provincias que conservaron sus cajas y lograron convenios con la Casa Rosada. “Las trece provincias que no transferimos la caja tenemos el mismo problema. Entonces en algunas ya están pagando, pero en la provincia de Buenos Aires resolvieron no hacer ninguna propuesta”, sostuvo.
Según la Provincia, la última transferencia nacional se produjo en diciembre de 2023. Desde entonces, los haberes del IPS se siguen abonando con recursos bonaerenses, lo que agrega presión a las cuentas provinciales. Moretti ya había sintetizado la discusión con una frase directa: “la deuda es con los jubilados”.
En una entrevista reciente, el abogado previsional Ariel Samana leyó el conflicto en términos más amplios y afirmó que el objetivo del gobierno de Milei sería “ahogar financieramente” a la Provincia para empujar una armonización de la caja previsional bonaerense con el sistema nacional.
Según su análisis, el reclamo no responde a una decisión discrecional del gobernador, sino al cumplimiento de compromisos legales de financiamiento. “Ojo: no es un capricho de la Provincia, no es un capricho de Axel Kicillof. Está pidiendo que se cumpla con el acuerdo, nada más”, sostuvo Samana.