Empresas recuperadas: el peronismo bonaerense busca extender la protección laboral, tarifaria y judicial

Fuerza Patria buscará este lunes darle volumen legislativo a uno de los sectores más golpeados por la crisis productiva: las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. En el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, desde las 10, el diputado provincial Juan Martín Malpeli, la senadora María Rosa Martínez y otros legisladores del peronismo recibirán a referentes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y del asociativismo laboral para avanzar en una Ley de Emergencia dirigida al sector.

La jornada se realizará bajo las consignas “Defendemos el Trabajo” y “Recuperamos Empresas”, y tiene un objetivo político y parlamentario concreto: ordenar un plan de acción común frente al deterioro de la producción y el empleo, en un escenario marcado por cierres de firmas, pérdida de puestos registrados y caída de la actividad. El formato previsto será una sesión continua de debate y exposición de tres horas, con legisladores, especialistas, referentes cooperativos y representantes del Ejecutivo provincial.

El encuentro será encabezado por Malpeli, dirigente del massismo dentro de Fuerza Patria, y por Martínez, que preside la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense. También participarán integrantes de empresas recuperadas, la doctora Gisela Bustos y funcionarios del Gobierno provincial, con eje en herramientas legales para sostener puestos de trabajo y dar previsibilidad financiera y operativa a las cooperativas.

“Frente a la destrucción del trabajo y el ataque a la producción nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ser el escudo y el motor de la recuperación. No podemos permitir que se caiga una sola persiana más; cada empresa recuperada es una trinchera de dignidad familiar y eficiencia productiva”, destacó Malpeli.

Qué propone la emergencia y por qué vuelve al debate

El proyecto impulsado por Malpeli propone extender la emergencia para empresas recuperadas por tres años a partir de la sanción de la norma, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo bonaerense si persisten las condiciones que motivaron la medida. Además, declara de “interés provincial” el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores como continuidad de firmas en crisis o quiebra.

La iniciativa contempla a cooperativas de trabajo constituidas o en proceso de constitución que hayan quedado en manos de sus trabajadores tras situaciones de quiebra, cierre, vaciamiento, abandono o disolución de la empresa original.

Para quedar alcanzadas por la emergencia, deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cartera que conduce Augusto Costa.

El articulado prevé la suspensión inmediata de acciones judiciales, trámites o diligencias orientadas a ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas. También suspende cortes de servicios públicos provinciales de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales.

En lugar de avanzar con interrupciones de prestación, los proveedores deberían ofrecer planes de pago para cancelar deudas generadas durante la vigencia de la emergencia, bajo pautas del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA) y de la Autoridad del Agua (ADA).

Además, los legisladores buscarán discutir una reforma integral a la Ley General de Expropiaciones N° 5.708 y el diseño de nuevas políticas públicas enfocadas en sostener la competitividad del sector. La intención es que los protagonistas del asociativismo productivo y los bloques del oficialismo unifiquen la agenda que luego intentarán llevar al recinto.

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Una discusión laboral con respaldo político

La movida parlamentaria tiene un antecedente inmediato. En abril de 2024, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 15.485, que declaró la emergencia económica de las empresas recuperadas por 18 meses. A fines del año pasado, el gobernador Axel Kicillof firmó en Avellaneda, distrito que concentra 17 fábricas operativas gestionadas por trabajadores, el decreto que prorrogó el beneficio por un año más.

Según datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), la Provincia cuenta con 155 empresas recuperadas que reúnen a más de 4.100 trabajadores. El 67% se ubica en municipios del conurbano bonaerense y el resto se distribuye en distritos del interior como Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata y Bragado.

Malpeli, en los fundamentos de la iniciativa, planteó que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de empresas recuperadas del país por su histórico desarrollo industrial. También sostuvo que el territorio bonaerense cobija cerca de 200 unidades productivas recuperadas, con unos 5.000 puestos de trabajo genuino, cooperativo y registrado.

La discusión encuentra a María Rosa Martínez al frente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado. Al asumir ese rol, la legisladora de Fuerza Patria advirtió en diálogo con la prensa sobre el deterioro del mercado laboral y afirmó: “Alrededor de 32 pymes cierran todos los días y hay alrededor de 25.000 que ya han cerrado sus puertas. Hay una crisis del trabajo”.

Martínez anticipó que la comisión buscará convocar a sindicatos, empresarios pyme, grandes compañías y cooperativas. En esa línea, señaló que el cuerpo tiene “el desafío de escuchar a los trabajadores, al Estado provincial, a los empresarios pyme y grandes y a las cooperativas”.

En los fundamentos del proyecto, Malpeli defendió que la emergencia apunta a sostener una política de protección para unidades productivas gestionadas por sus trabajadores. “La presente declaración de emergencia pretende mantener visibilizada la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas”, sostuvo.