"No puede caer una persiana más": la ofensiva bonaerense frente al modelo de desguace mileísta
Mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza su programa de desregulación económica y ajuste sobre distintos sectores productivos, el peronismo bonaerense decidió volver a colocar en el centro de la agenda legislativa a uno de los actores más golpeados por la crisis: las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo. El objetivo es claro: impulsar una nueva Ley de Emergencia que otorgue previsibilidad financiera y jurídica a cientos de unidades productivas gestionadas por sus trabajadores y evitar que continúen los cierres en un contexto de caída del consumo, retracción de la actividad industrial y dificultades para sostener el empleo.
Ese fue el eje del encuentro que encabezó el diputado provincial Juan Martín Malpeli en el Auditorio del edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. De la jornada participaron referentes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y de distintas cooperativas de trabajo, quienes describieron el complejo escenario que atraviesa el sector y reclamaron respuestas legislativas de fondo.
Durante la actividad, Malpeli confirmó que presentó un proyecto para declarar la Emergencia de las Empresas Recuperadas en la provincia de Buenos Aires, con el propósito de establecer un marco de estabilidad económica y operativa para las cooperativas surgidas de procesos de recuperación de fábricas en crisis.
La iniciativa propone extender la emergencia por un período de tres años desde la sanción de la ley, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo bonaerense si persisten las condiciones que dieron origen a la medida. Además, declara de interés provincial los procesos mediante los cuales los trabajadores continúan la actividad de empresas quebradas, abandonadas, vaciadas o cerradas.
"Frente a la destrucción del trabajo y el ataque a la producción nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ser el escudo y el motor de la recuperación", sostuvo Malpeli. En ese sentido agregó: "No hay que permitir que caiga una sola persiana más, porque cada empresa recuperada es una trinchera de dignidad familiar y eficiencia productiva".
El proyecto también contempla la suspensión de desalojos sobre empresas recuperadas, la interrupción de cortes de servicios públicos provinciales y la posibilidad de acceder a planes especiales para regularizar deudas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción.
Las cooperativas describieron un escenario cada vez más complejo
Más allá de la discusión parlamentaria, el encuentro estuvo marcado por los testimonios de trabajadores que coincidieron en un diagnóstico: la combinación entre caída del mercado interno, incremento de costos y dificultades para acceder al financiamiento está poniendo en riesgo la continuidad de numerosas experiencias autogestivas.
Miguel Saavedra, de la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Cañuelas, recordó que la empresa fue recuperada en 2004 y aseguró que el sector necesita un respaldo político sostenido. "Hoy el sector privado no cree en las empresas recuperadas. Nosotros demostramos que podemos gestionar, producir y sostener puestos de trabajo. Lo que falta es decisión política para acompañar el desarrollo", afirmó.
Desde la Cooperativa Unión Gráfica de San Martín, sus representantes explicaron que además de la crisis económica enfrentan un proceso judicial de desalojo que amenaza la continuidad de la planta. "Somos 19 socios y vivimos una situación muy grave. La caída del consumo y la falta de producción hacen que cada día sea una incertidumbre sobre si podremos seguir trabajando", expresaron.
El respaldo político del peronismo bonaerense
La discusión excede la situación puntual de las cooperativas. Dentro de Fuerza Patria entienden que las empresas recuperadas representan uno de los sectores donde con mayor claridad se manifiestan las consecuencias del actual contexto económico y buscan convertir esa problemática en una bandera política frente al Gobierno nacional.
María Rosa Martínez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, sostuvo que el deterioro del empleo y el cierre de pequeñas y medianas empresas requieren respuestas urgentes desde la Legislatura.
La senadora ya había advertido públicamente que miles de pymes dejaron de funcionar durante el último tiempo y planteó la necesidad de construir políticas públicas junto a trabajadores, cooperativas, empresarios y el Estado provincial.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de empresas recuperadas del país, producto de su fuerte desarrollo industrial. Según datos oficiales del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, funcionan más de 150 unidades productivas bajo gestión de sus trabajadores, que sostienen miles de puestos de empleo directo.
En ese contexto, el peronismo bonaerense intenta consolidar una agenda propia alrededor de la defensa de la producción y el empleo, diferenciándose del rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei. La apuesta legislativa busca convertir a las empresas recuperadas en uno de los principales símbolos de esa disputa, con una ley que pretende ofrecer herramientas concretas para sostener fábricas abiertas en un escenario donde cada cierre representa también la pérdida de una fuente de trabajo.