La Justicia bonaerense acumula vacantes, disputas políticas y reclamos de transparencia
La Justicia bonaerense atraviesa un momento de fuerte exposición política. La discusión ya no pasa sólo por los expedientes que esperan resolución, sino también por los lugares vacíos en organismos sensibles, las negociaciones demoradas y los planteos internos sobre cómo se eligen jueces, fiscales y defensores oficiales.
El primer foco está puesto en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de avanzar en la conformación de ternas para cubrir cargos judiciales. Entre titulares y suplentes, hay nueve vacantes que deben ser completadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa acefalía llevó al cuerpo a suspender su próxima sesión hasta que se resuelva la integración.
La negociación quedó atravesada por la interna del peronismo bonaerense. En el Senado provincial, al bloque de Fuerza Patria le corresponderían cuatro lugares —dos titulares y dos suplentes—, pero la cuenta se complicó porque ser abogado es condición excluyente.
Los senadores Sergio Berni, Fernando Coronel y Marcelo Feliú cumplen ese requisito. Para cubrir el espacio restante, el gobernador Axel Kicillof impulsaba al diputado provincial Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia de Almirante Brown, como representante del Poder Legislativo.
El movimiento todavía no terminó de cerrarse. Según trascendió en ámbitos de la Magistratura, el nombramiento de Cascallares quedó frenado en medio de las diferencias internas del oficialismo, que también tuvieron ruido en el Senado con el cruce entre Berni y la vicegobernadora Verónica Magario. La oposición tampoco terminó de resolver su propia silla pendiente: La Libertad Avanza propuso a la senadora María Luz Bambaci como titular, pero resta definir un suplente del sector no peronista.
Corte fría y nombres en espera
Por el Poder Ejecutivo, hoy ocupan lugares en el Consejo el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, como titular, e Inti Pérez Aznar, subsecretario de Justicia y dirigente vinculado al intendente platense Julio Alak, como suplente. Quedan tres sillas titulares y tres suplencias sin designar.
En ese tablero, Kicillof se inclinaría por proponer al Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, para una de las vacantes titulares. Pérez Teruel trabaja junto al gobernador y es uno de los funcionarios que intervienen en los reclamos judiciales de la Provincia contra el Gobierno nacional por el recorte de fondos.
También se analiza la renovación de Santiago Révora, subsecretario de Asuntos Municipales, y Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal, ambos ligados a la órbita política del senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro.
La parálisis también alcanza a la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal provincial funciona con apenas tres de sus siete miembros: Sergio Torres, presidente; Daniel Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan, ministra.
En abril, el propio titular de la Corte reclamó al Ejecutivo y al Legislativo que avancen con la cobertura de las vacantes. Sin embargo, en el gobierno provincial no muestran apuro. “No veo gente pidiendo por las vacantes en la Corte”, ironizó un dirigente cercano a Kicillof.
Fiscales y fuero federal
El malestar no termina en la política. La Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, presidida por Walter Martínez Soto, envió una nota a Daniel Soria, titular del Consejo de la Magistratura bonaerense, para reclamar mayores niveles de transparencia en los concursos. El planteo apunta, en particular, a la falta de acceso a los criterios de corrección de exámenes para seleccionar jueces, fiscales y defensores oficiales.
Ese reclamo se suma a un cuadro más amplio de vacantes sin cubrir, discusiones salariales y condiciones laborales dentro del Poder Judicial provincial. En paralelo, el fuero federal con asiento en Buenos Aires también muestra un panorama cargado: al menos 25 cargos vacantes, juzgados sin titular, cámaras incompletas, tribunales orales sostenidos con jueces subrogantes y concursos que pueden demorar entre cinco y siete años.
El último informe de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura nacional señaló que, sobre 1.002 cargos de la Justicia Nacional y Federal, 338 estaban vacantes al 16 de junio. Con otras vacantes en distintas etapas, el total de cargos pendientes llegaba a 363; tras 47 designaciones recientes, quedaban 317 por cubrir.
En la provincia de Buenos Aires, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene vacantes en sus tres salas, San Martín registra dos lugares sin cubrir en la Sala II y la nueva Cámara Federal de Apelaciones de San Justo todavía carece de cuerpo judicial.