Paritaria estatal: el Gobierno bonaerense vuelve a negociar con el desafío de cerrar la brecha salarial
Después de varias semanas sin avances, reclamos gremiales y una creciente expectativa entre los trabajadores estatales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá este jueves a la mesa de negociación salarial. La administración de Axel Kicillof convocó a los sindicatos que representan a los empleados públicos para reanudar las paritarias, en una instancia que será seguida de cerca por miles de trabajadores que esperan una propuesta concreta de aumento.
La primera reunión será con los gremios docentes, prevista para las 14.30 de manera virtual, mientras que una hora más tarde será el turno de los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430. La convocatoria fue confirmada por la delegación bonaerense de UPCN, mientras que ATE también recibió la citación oficial.
La expectativa gira alrededor de un punto central: que, esta vez, el Ejecutivo llegue con una oferta salarial después de que la última ronda de negociaciones terminara sin una propuesta de incremento.
La reapertura de las negociaciones se produce luego de casi tres semanas sin encuentros formales entre las partes. En la última convocatoria, el Gobierno provincial había priorizado otros anuncios, entre ellos la confirmación del pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, una actualización del 30% en las asignaciones familiares y la presentación de un programa de refinanciación de deudas para trabajadores estatales a través del Banco Provincia.
Sin embargo, el tema que los gremios consideran prioritario quedó sin respuesta: la recomposición de los salarios.
Aquella reunión estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quienes explicaron que la Provincia atravesaba un escenario financiero complejo, condicionado por la caída de recursos y la reducción de transferencias nacionales. No obstante, la ausencia de una propuesta salarial concreta dejó abierta una negociación que ahora vuelve a ponerse en marcha.
Los gremios esperan una oferta que recupere poder adquisitivo
Desde los sindicatos vienen sosteniendo que los salarios perdieron capacidad de compra frente al avance de la inflación y que el próximo acuerdo deberá contemplar una verdadera recuperación del ingreso.
En ese sentido, el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín, había señalado tras la última reunión que el objetivo central sigue siendo fortalecer el salario básico para evitar que continúe deteriorándose la estructura salarial de los trabajadores públicos.
En el caso de los docentes, el reclamo tomó aún mayor visibilidad durante las últimas semanas con medidas de fuerza impulsadas por sectores disidentes y movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo bonaerense.
La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, sintetizó la postura del sector con una definición que marcó el tono de la negociación: "Empatarle a la inflación es perder", dejando en claro que los gremios esperan un incremento que supere la evolución reciente de los precios.
Entre las restricciones fiscales y la presión gremial
La negociación vuelve a abrirse en un contexto delicado para ambas partes. Mientras los gremios insisten en recuperar el poder adquisitivo perdido, la administración bonaerense sostiene que enfrenta fuertes limitaciones presupuestarias derivadas de la caída de recursos y del impacto que, según plantea el Ejecutivo, tuvo la reducción de transferencias desde el Gobierno nacional.
En paralelo, la Provincia busca construir un esquema que otorgue mayor previsibilidad a las cuentas públicas. Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de avanzar hacia acuerdos de mayor duración —trimestrales o incluso cuatrimestrales— para evitar negociaciones mensuales en un escenario económico todavía inestable.
No obstante, esa estrategia dependerá de que la oferta salarial logre conformar a los gremios, que vienen advirtiendo sobre el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de numerosos trabajadores estatales para afrontar gastos cotidianos.